| En cualquier
caso, ha manifestado que para hacer frente a la proliferación de
las viviendas turísticas, el Ayuntamiento promoverá una ordenanza
específica de "nuevo cuño" y acometerá una modificación
del PGOU de 2006, para que el mismo "reconozca de alguna manera los usos
turísticos" de las viviendas al tratarse de una actividad económica
y rija una diferencia respecto a los inmuebles puramente residenciales.
Así,
ha apostado por que las exigencias de la citada regulación distingan
entre las diferentes zonas de la ciudad, es decir una "zonificación"
de las medidas, avisando eso sí de que España está
sujeta a la "unidad de mercado y libertad de competencia", extremo que
dificulta las "limitaciones" y obliga a apostar por una regulación
como tal.
Y mientras
se acomete esta nueva regulación, incluyendo "consultas previas
a la ciudadanía", por ejemplo a las asociaciones de vecinos, administradores
de fincas u hoteleros, el Ayuntamiento prevé abrir un "buzón
telemático de sugerencias" para recoger las incidencias o problemas
que los ciudadanos quieran trasladar respecto a este asunto.
En el caso
de Sevilla, la mayor localización de estos negocios se localiza
en la zona norte del centro y en algunos puntos de Triana. En concreto,
según un informe de 2017, la ciudad cuenta con 1.495 viviendas registradas
para su uso turístico, frente a 9.179 pisos con el mismo fin pero
«no registrados» formalmente en el inventario de la Junta de
Andalucía. Es más, la mayoría de la oferta existente
en Sevilla reside en particulares, siendo éstos el 76 por ciento
(4.327) de los anuncios localizados, frente al 24 por ciento publicitados
por empresas (1.344). Con esta situación sobre la mesa, Urbanismo
ha venido adoptando distintas medidas en los últimos tres años.
Desde multas –alguna millonaria– hasta mociones plenarias propuestas por
los diversos grupos políticos, pasando por la posibilidad de establecer
incluso zonas saturadas de pisos turísticos o el estudio acciones
aplicadas en otras localidades para valorar su posible adopción,
como recordó ayer el delegado.
Ahora, el gobierno
local inicia el camino para modificar el PGOU pues esta norma urbanística,
que es la hoja de ruta del desarrollo de la ciudad, data de 2006, año
en el que aún la legislación no recogía este fenómeno
«que se ha ido incrementando exponencialmente en los últimos
siete años». Por ello, el Ayuntamiento se plantea ahora la
necesidad de hacer una modificación puntual para incluir esta nueva
«referencia», ya que el concepto de apartamento turístico
no está recogido y actualmente se asemeja al uso residencial, «cuando
realmente es una actividad económica y turística».
«Es necesario desgajarlo y darle una calificación distinta
aunque haya temas de habitabilidad comunes», explicó Muñoz.
Una vez realizado
el cambio se desarrollará una nueva ordenanza que regule la apertura
de estos alojamientos. Aquí el delegado fue claro y descartó,
aunque su voluntad sería la contraria, la posibilidad de establecer
esas zonas saturadas pues España está sujeta a la «unidad
de mercado y libertad de competencia» que promueve la Unión
Europea, extremo que dificulta la implantación de posibles «limitaciones»
y obliga a apostar por una regulación como tal. En cualquier caso,
la norma tendrá en cuenta una zonificación de la ciudad y
la cantidad de alojamientos de este tipo que existen para imponer distintas
tasas, «no costará lo mismo abrir un alojamiento turístico
en Sevilla Este que en la calle Castelar», y establecerá unos
criterios y procedimientos comunes para «hacer convivir los usos
residenciales y turísticos».
Para la elaboración
de esta ordenanza «de nuevo cuño» el gobierno local
quiere contar «con el mayor consenso posible» por lo que, además
de hacer una encuesta abierta –que se colgará en la web municipal
de participación en los próximos días–, se tendrá
en cuenta las propuestas de las asociaciones de vecinos afectadas, las
plataformas que combaten el fenómeno, administradores de fincas,
hoteleros y la asociación de viviendas turísticas. Ambas
medidas, estimó Muñoz, estarán en marcha antes de
que finalice el mandato –mayo de 2019–.
Mientras se
acomete esta regulación, el Ayuntamiento prevé abrir un «buzón
telemático de sugerencias» para recoger las incidencias o
problemas que los ciudadanos quieran trasladar.
Finalmente,
el delegado lamentó que sean los organismos locales quienes deban
asumir la responsabilidad de controlar la proliferación de estos
apartamentos en sus ciudades ante la «inacción» por
parte de los gobiernos europeos, nacionales y autonómicos. Además,
recordó que el Ayuntamiento solo tiene capacidad de sancionar a
aquellos pisos que incumplen normativas urbanísticas y que es la
Junta de Andalucía, con quien existe una «colaboración
fluida», la encargada de inspeccionar y localizar los alojamientos
ilegales.
|
