Domingo insistía
en la gravedad que supone no culminar los expedientes y dejar que prescriba
la infracción: “Mucho más grave es tener plena consciencia
de que existen infracciones urbanísticas ordenadas su restablecimiento
a la legalidad y que no se prosiga el trámite, que se paralice,
que no se impongan ni multas coercitivas ni se llegue a la demolición
o que se dejen prescribir, se incoe un expediente sancionador y transcurra
el plazo del año que exige la ley (…) y lo deje pasar porque al
año ya no se puede imponer la sanción porque la acción
ha prescrito”.
¿Por
qué no culminar los expedientes? Domingo cree que es una cuestión
electoral.
Según
el periódico la opinión de Málaga, la comisión
de investigación sobre los expedientes de infracción tramitados
por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de la capital malagueña
entre los años 2006 y 2016 ha contado últimamente con la
comparecencia de tres inspectores de obra.
La Gerencia
de Urbanismo ha dejado caducar algo más de mil expedientes urbanísticos
entre los años 2006 y 2011, pese a que todos ellos tenían
reconocida una presunta infracción urbanística, según
la documentación que la Gerencia ha aportado a la comisión
de investigación de los expedientes urbanísticos como material
de trabajo. Se trata de expedientes en los que la Gerencia, pese a constatar
la denuncia de una infracción urbanística, remitida por la
Policía Local, y en algunos casos por la propia Gerencia, decide
dar carpetazo al expediente y cerrarlo sin hacer ninguna tramitación
ni investigar el caso.
Son expedientes
abiertos, según la documentación aportada por Urbanismo,
por la ejecución de obras sin licencia, obras no ajustadas a la
licencia, por incumplimiento de la normativa urbanística, por movimiento
de tierras sin permiso, por construir en zona verde y otro tipo de infracciones
que, sin embargo, no se investigan y se cierran sin más.
En la documentación
aportada por la Gerencia, consistente en tres listados, se puede comprobar
como en el tercero de ellos se reproducen los procedimientos y actuaciones
que se han ido dando en cada expediente, los pasos seguidos, indicando
la fecha exacta en la que se han dado cada uno de ellos. Así, se
puede hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas en cada caso,
como es el informe del técnico, la apertura de un procedimiento
de demolición o la imposición de una sanción.
Por contra,
durante esos años, 2006 a 2011, se comprueba como existen más
de un millar de expedientes donde sólo aparece la fecha de apertura
del mismo e inmediatamente la de «resolución del archivo del
expediente».
Muchos de estos
expedientes se cierran sin más al comprobar que son denuncias erróneas,
ya que se trata de obras ajustadas a la licencia u otras que, según
el glosario utilizado, hay «inexistencia de infracción urbanística».
Pero junto
a estas están las señaladas anteriormente, donde el propio
expediente constata que existe una ilegalidad y, sin embargo, se decide
archivarlo sin ningún trámite ni comprobación que
certifique la denuncia.
Esta situación
se da entre los 2006 y 2011, ya que a partir de 2012 la gran mayoría
de los expedientes están pendientes de resolver.
Así,
en 2006 hay algo más de 100 expedientes que, pese a constar como
infracción, se han archivado sin hacer ni un solo trámite;
este mismo número se repite en los años 2007 y 2008; en cambio
en 2009 este número de expedientes se eleva hasta casi los 400,
mientras que en 2010 está en torno a los 200 y en 2011 supera ligeramente
los 200.
En los primeros
meses de 2015, los responsables de la Gerencia de Urbanismo emprendieron
una cruzada sobre los comercios del Centro Histórico a cuenta de
los rótulos publicitarios que adornan sus fachadas. Un total de
296 expedientes se abrieron entre los meses de abril a junio, contra un
número similar de comercios. Con excepción de la calle Larios,
cuyos comercios quedaron liberados, la cruzada recorrió todas las
calles del Centro: Granada, Nueva, Alameda Principal, Alameda de Colón
Martínez, Strachan, Bolsa...
La mayoría
de las resoluciones dictadas exigían la eliminación de rótulos
o paneles publicitarios alegando que incumplían la normativa urbanística
y daban un día o dos para eliminarlos.
Finalmente,
tras los recursos presentados por los comerciantes, la mayoría ha
mantenido sus rótulos, aunque algunos han tenido que eliminar algún
elemento sobrante.
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