Para corregir esta situación, el Anteproyecto propone la solución que han aportado expertos jurídicos en la materia y que argumentan que los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos tienen un doble contenido de distinta naturaleza jurídica: por un lado, están las disposiciones de carácter general y, por otro, los actos administrativos. La diferencia permite que, si se produce la nulidad de las normas, se puedan salvar los actos, e incluso que se aplique la nulidad parcial y otros mecanismos de conservación de actos.

La norma incorpora, además, otras medidas de carácter procesal, que introducen algunas modificaciones puntuales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas.

EFECTOS

Los municipios dejarán de sufrir la nulidad total de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) y otros instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos, cuando incurran, en alguno de sus apartados, en un defecto formal o material, tal y como sucede en la actualidad por la consideración de la moderna jurisprudencial de que se trata de normas reglamentarias o de carácter general afectadas por las nulidades en cascada.

Así, se establece en el texto del anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística, elaborado junto con el Ministerio de Justicia y presentado ayer por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el seno de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo.

TRAMITACIÓN

La norma inicia ahora un plazo de análisis por los partidos políticos, comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias (Femp), de tres semanas para hacer llegar a Fomento sus observaciones., antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros y remitido al Parlamento.

En la actualidad estos casos conllevan la nulidad total del plan, sin posibilidad alguna de reiniciar el proceso a pesar de que la elaboración de un plan de este tipo es muy compleja y se tardan años en elaborarlos. Las nulidades generales sancionadas por los tribunales en los últimos años afectan a numerosas ciudades de todas las comunidades autónomas.

Otra consecuencia derivada de las anulaciones de los PGOU es que obliga a que el desarrollo urbanístico de una ciudad se tenga que regir por planes anteriores que normalmente están desfasados y que no se ajustan a la realidad del municipio.

Con la futura Ley, los tribunales deberán distinguir entre supuestos de nulidad y de anulabilidad. Estos últimos serán aquellos en los que sea posible la convalidación y la retroacción de actuaciones para la subsanación del vicio determinante de la anulación, vicios que, por otro lado, puede que formen parte del propio plan, pero que a veces se sitúan en otro municipio y en actuaciones de otras Administraciones.

Así, se distingue entre disposiciones de carácter general y actos administrativos. Esta diferencia permite que, si se produce la nulidad de las normas, se puedan salvar los actos, e incluso que se aplique la nulidad parcial y otros mecanismos de conservación de actos.

OTRAS MEDIDAS PROCESALES

La norma incorpora, además, otras medidas de carácter procesal, que introducen algunas modificaciones puntuales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionada y reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística, fundamentalmente de dos tipos: las relacionadas con la verdadera naturaleza de los instrumentos de ordenación y de los efectos que tiene su anulación, y las de carácter procesal, que introducen algunas modificaciones puntuales a la Ley de jurisdicción contencioso-administrativa, precisamente para evitar esas consecuencias anulatorias generalizadas.