| El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), mediante sentencia de 8 de marzo
de 2017, ha anulado varias licencias de primera ocupación (necesaria
para habitar las viviendas) concedidas por el Ayuntamiento de Madrid, en
2014, cuando gobernaba el Partido Popular. En concreto son las licencias
de las fincas situadas en la avenida Secundino Zuazo nº 86 a 92 y
en la calle Josefina Aldecoa nº 25, dentro del ámbito denominado
APE 16.11 Ciudad Aeroportuaria. Parque de Valdebebas, al norte de la ciudad.
El Tribunal
concluye que las licencias no se ajustan a derecho porque el ámbito
en el que se integran las viviendas, la APE 16.11, no está urbanizado
en su totalidad. Es decir carece de los servicios básicos como calles,
aceras, alumbrado, abastecimiento de agua, alcantarillado, etc.
La Federación
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y Ecologistas en Acción
consideran que el fallo judicial está cargado de razón porque
la exigencia de que esté finalizada toda la urbanización
es lógica, pues de lo contrario los nuevos barrios se harían
a retazos incompletos con la consecuente carencia de servicios e inseguridad
para sus habitantes.
La vigente
Ley 9/2001 del Suelo, permite que los ámbitos denominados unidades
de ejecución se edifiquen y urbanicen simultáneamente y por
etapas. Es decir que a medida que se construyen las calles se pueda ir
edificando, pero no permite que se autorice la ocupación y utilización,
en tanto no se finalice la urbanización del ámbito completo,
no sólo de la etapa correspondiente. En los casos anulados por el
TSJM, los promotores conocían esta limitación, de hecho fue
un compromiso que adquirieron y firmaron con el Ayuntamiento de Madrid
antes de empezar las obras. Esos promotores y la corporación madrileña
de 2014 incumplieron manifiestamente la Ley del Suelo cuando concedieron
las licencias de primera ocupación.
Ahora, la modificación
de la Ley del Suelo propuesta por el Partido Popular y apoyada por Ciudadanos
permite ocupar y utilizar esos retazos de barrios sin que esté finalizada
la urbanización de todo el ámbito. Se está legislando,
otra vez, para resolver cuestiones que afectan a particulares muy concretos,
contraviniendo el principio jurídico de legislar para establecer
normas generales, no para responder a casos excepcionales y singulares.
Esta modificación
se produce paralelamente a la tramitación del proyecto de Ley de
Urbanismo y Suelo, una polémica norma que sólo cuenta con
el apoyo de los Grupos Popular y Ciudadanos. Está previsto que la
nueva Ley sea aprobada antes del verano. Por ello, si la nueva Ley del
Suelo, pactada con Ciudadanos ya incorpora los cambios que se introducen
en la modificación propuesta, sólo cabe concluir que la pretensión
es acelerar un cambio normativo para puentear un fallo judicial y legalizar
unas licencias de primera ocupación concedidas irregularmente.
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