| El ministro
de Fomento ha recordado que decenas de planes territoriales y urbanísticos
han sido anulados por los tribunales en los últimos años,
afectando a ciudades prácticamente de todas las Comunidades Autónomas.
Frente a la inseguridad jurídica que provoca la anulación
de los planes y la imposibilidad de subsanar meros defectos formales e
incluso salvar los actos de aplicación generados por los planes
que se anulan, algunas comunidades autónomas han aprobado medidas
parciales y provisionales con el objetivo de aportar seguridad jurídica
pero que no suponen soluciones globales ni satisfactorias para lograr resolver
un problema que afecta a todo el país.
La anulación
de un plan territorial o urbanístico se declara, en general, sin
matices y sin posibilidad de subsanación de las deficiencias que
la han determinado. Conlleva, además, la nulidad "en cascada" de
su planeamiento de desarrollo e, incluso, de cada uno de sus actos de aplicación,
como los instrumentos de gestión y las licencias de obras.
Según
ha indicado el ministro, frente a la nulidad absoluta y la imposibilidad
de subsanación debería distinguirse entre los supuestos de
nulidad y los de anulabilidad, en los que sería posible la convalidación
y la retroacción de actuaciones para la subsanación del defecto
determinante de la anulación.
Mediante el
uso de sus competencias, el Estado puede dar una respuesta completa y no
provisional a este problema, para lo cual es necesario, ha agregado De
la Serna, una reforma normativa como la que se plantea, que viene demandada
por Comunidades Autónomas y magistrados, y que se ha elaborado con
dictamen favorable de la Comisión de Codificación del Ministerio
de Justicia.
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