El Gobierno
reconoció preocupación porque se pueda producir una burbuja
de precios en el sector inmobiliario, incluso podría llegar a ser
doble si termina afectando tanto a las compraventas como a las viviendas
en régimen de arrendamiento. De momento, no obstante, solo atisba
señales de riesgo y no que sea ya un hecho.
Aún
así, y a la vista de distintas estadísticas que vienen apuntando
desde hace meses un incremento incesante del coste de alquiler una casa,
el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, está estudiando
medidas que puedan suavizar ese impacto. Evitó adelantarlas, aunque
según fuentes del sector podrían ir más por acompasar
incentivos -se centran en jóvenes y rentas muy bajas- y promover
más vivienda con ese uso que por un intervencionismo puro.
«Es un
ramillete global», dijo el propio De la Serna para, a continuación,
insistir en que «es prematuro avanzar nada». Lo que sí
explicó es que los técnicos de su departamento están
haciendo ya «un barrido general sobre todo el ámbito normativo»
De esta manera no solo se estudiará la evolución de los alquileres
durante los últimos ejercicios sino también otras cuestiones
que tengan que ver con los planes generales de urbanismo -en materia de
vivienda gran parte de las competencias están transferidas a comunidades
autónomas y, sobre todo, ayuntamientos-, el suelo y también
los códigos técnicos de edificación.
Una de las
quejas recurrentes de los promotores inmobiliarios es que con la recuperación
económica se ha producido una escasez de suelo urbanizable, lo que
limita la oferta de vivienda nueva -los visados concedidos para construir
casas han pasado la frontera de los 65.000 anuales, aunque están
lejos de los niveles precrisis-. Sin embargo, tampoco la mayoría
ve interesante dedicar parte de su actividad al arrendamiento, al estimar
que le dará menos beneficios que la venta, y por eso solo las grandes
compañías se diversifican algo.
Según
diferentes portales inmobiliarios, el coste de los alquileres subió
una media del 4% el año pasado, a lo que se añadiría
una revaloración del 6% en la propia vivienda por el aumento de
los precios de compraventa. Esto es, el rendimiento anual de arrendar una
casa se está moviendo ya en los dos dígitos.
El PP logró
la semana pasada, junto a Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, que
el Congreso rechazara contener el encarecimiento de los alquileres con
contratos más largos -de cinco años al menos- o regulando
subidas con el IPC.
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