El II Plan
de Edificación Forzosa se aprobó después de notificar
a los propietarios afectados su inclusión y la posibilidad de presentar
alegaciones contra la decisión municipal. Fue el caso de tres de
ellos que registraron escritos contra la obligación de culminar
el derecho de construcción en las parcelas. Los informes de los
técnicos municipales aconsejaron desestimarlos, como así
hizo el gobierno.
Además,
los titulares de otras tres fincas presentaron escritos aclarando datos
sobre la propiedad, que se incorporaron a los respectivos expedientes.
Los propietarios
incluidos recibirán una notificación. Desde que se confirme
la entrega, dispondrán de un año para presentar un proyecto
para solicitar la licencia de construcción. Aquellas viviendas que
se encuentren en un estado deteriorado dispondrán de un año
para cumplir con su deber de conservación.
En el primer
Plan de Edificación Forzosa se incluyeron 34 parcelas, de los que
se logró la edificación en veinticuatro. La iniciativa fue
suficiente para activar los procesos de construcción y el gobierno
confía que, en esta ocasión, suceda algo parecido. No obstante,
el II Plan se enfrenta a fincas complejas por su pequeño tamaño,
donde apenas se cubrirán costes. Uno de los casos más evidentes
es el número 48 de la plaza de El Carbayedo, una pequeña
construcción, pero cuyo deterioro lastra la zona.
El II Plan
de Edificación Forzosa contempla la posibilidad de expropiar las
parcelas incluidas, si bien es la última medida. Para ello, deberá
culminarse el plazo de un año sin que los propietarios presenten
una propuesta de construcción. A partir de ese momento, se abre
la posibilidad de iniciar la expropiación a través de tres
vías. Una primera sería directamente desde el Ayuntamiento;
otra a favor de Rehabilitaciones Urbanas de Avilés (RUASA), como
sociedad urbanística pública para que inicie el proceso de
construcción.
También
cabe la posibilidad de expropiar a favor de un particular que tenga capacidad
de construir en ese suelo. En este caso, los derechos de construcción
se adjudicarán a través de un concurso público en
el que se tendrá en cuenta el precio de venta de las viviendas y
bajos comerciales y el plazo de conclusión de los trabajos. El objetivo
es apoyar a las intervenciones más accesibles a la población
y los plazos más breves.
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