Según
la resolución de Medio Ambiente, solamente entrarán en el
ámbito de aplicación de la modificación las viviendas
clandestinas e ilegales ya existentes en las zonas susceptibles de regularización
identificadas en PGM, con objeto de permitir la posibilidad de regularización
de las mismas.
Estará
prohibida la construcción de nuevas viviendas unifamiliares aisladas
en dichas zonas, especialmente en el suelo no urbanizable de protección
natural paisajística.
Del mismo modo,
se eliminará la cota altimétrica 420 que aparece en el PGM
como altura a partir de la cual no es posible regularizar parcelas, y también
la cota 500 como el límite para las viviendas unifamiliares aisladas.
El alcalde
de Plasencia, Fernando Pizarro, ha señalado que la resolución
de Medio Ambiente "es el primer paso" para poder proceder a una "hipotética
regularización de las viviendas ilegales construidas en la zona
de la Sierra de Santa Bárbara".
En rueda de
prensa, el primer edil ha pedido prudencia, ya que se trata de un procedimiento
"bastante complicado" y ha trasladado que la posición del Gobierno
local "es intentar dar solución a los problemas, no poner trabas
y, sobre todo, no crear nuevos".
Ha adelantado
que este miércoles se celebrará una nueva reunión
con los técnicos municipales "para conocer en profundidad todo lo
que tiene que ver con la resolución" y el procedimiento que el Ayuntamiento
placentino tiene que seguir a partir de ahora.
Por su parte,
el edil de Urbanismo, José Antonio Hernández, ha apuntado
que es intención del Gobierno municipal acometer la modificación
del PGM sin recurrir a la reclasificación del suelo, de tal forma
que lo que se haría sería cambiar las ordenanzas y normativas
que incluye el PGM.
La portavoz
de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha sido preguntada por este paso
administrativo en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en Mérida.
Ha explicado que el Ejecutivo extremeño "lo que hace hoy es autorizar
al ayuntamiento para modificar el Plan General", tramitar esta "solicitud
y permiso", pero ahora es a éste "a quien le compete decir qué
cambios conlleva", y ha añadido que esto forma parte de "una relación
normalizada entre instituciones".
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