El delegado
de Cooperación en el Palacio de los Guzmanes, Alfonso Arias, señaló
que el 41% de los municipios de la provincia se rigen por las normas de
1991 y deben adaptarse «a la nueva realidad económica y social,
que compagina la agricultura y la ganadería con nuevas actividades
como, por ejemplo, el turismo rural o las energías renovables».
También incidió en que la nueva normativa debe «integrar
las necesidades y exigencias medioambientales y aspectos como la protección
del patrimonio».
Los 87 municipios
de la provincia beneficiados suman el 7% de la población leonesa,
pero representan al 32% del territorio. Según el director general
de Vivienda de la Junta, se trata de términos municipales de la
zona sur y de la montaña. Marinero apuntó que León
presenta una situación mejor que el resto de la Comunidad autónoma,
donde la media de los municipios que no tienen actualizadas las normas
alcanza el 56%, lo que afecta al 8% de la población.
La redacción
de las normas se realizarán en cuatro fases: una memoria informativa
—que llevará seis meses de trabajo—, el documento de aprobación
inicial —que tendrá un plazo de entrega de 12 meses— la aprobación
definitiva —con un plazo igual al anterior, que empezará a contar
una vez finalice el periodo de información pública— y el
documento final —fase computada en tres meses—, que, sin embargo, habrá
de esperar el informe favorable del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo
y Ordenación del Territorio.
DECLARACIONES
DEL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA JUNTA,
ÁNGEL MARINERO.
«Los
87 municipios de la provincia que actualizarán las normas urbanísticas
acogen al 7% de la población pero representan al 32% del territorio,
principalmente, en la zona sur y en la montaña», explicó
Marinero a los periodistas. Sin embargo, remarcó que la provincia
de León «está mejor que la media de la comunidad»,
donde el 56% de los municipios no tienen actualizadas las normas, lo que
afecta al 8% de la población.
«Queremos
que ese 41% de los ayuntamientos que tienen todavía las normas de
1991 las adapten a la nueva realidad económica y social, donde hay
que compaginar actividades como la agricultura o la ganadería con
nuevas actividades, como el turismo rural o las energías renovables»,
señaló Marinero.
Por su parte,
el diputado de Cooperación señaló que «también
tenemos que ser capaces de integrar las necesidades y exigencias medioambientales
y aspectos como la protección del patrimonio».
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