El escrito lo registró la empresa Tecnología Extremeña del Litio, creada por Sacyr y Plymouth Minerals para desarrollar el proyecto de Valdeflores. En el documento se pide al ayuntamiento la modificación del plan de urbanismo y que la ordenación del terreno vuelva a ser la que había antes de la revisión del plan de 1998, de cuya actualización nace el ordenamiento urbanístico en vigor desde 2010. En la norma anterior a la actual los terrenos de la mina de Valdeflores seguían estando en suelos no urbanizables de protección especial, pero en el plan de 1998 --que se empezó a aplicar en 1999- sí eran compatibles, aunque con algunas limitaciones, los usos extractivos con la protección del suelo.

La superficie del proyecto de la mina está actualmente incluida en cuatro tipos de terrenos protegidos. La mayoría está dentro de los suelos no urbanizables de protección Montaña 2 y Masa Forestal. En el plan general de urbanismo se justifica la protección del primero por ser «un complemento paisajístico necesario en las áreas más próximas a la ciudad o de mayor fragilidad», mientras que la preservación del segundo obedece a «su importancia ecológica como soporte fundamental de fauna» y a su morfología que lo hace «fácilmente identificable y de gran valor ambiental».

En el fundamento de la petición se da a entender que se pretende una modificación del plan de urbanismo que haga que la ordenación de los terrenos de la mina vuelva a ser la que había en el plan de 1998, mientras que en la solicitud se plantea que el plan «se adapte a la realidad» de la explotación minera de Valdeflores «cuya existencia es anterior a 1998, fecha de la revisión del plan general municipal vigente».

Según se detalla en la documentación del proyecto, la mina de Valdeflores tuvo actividad desde finales del XIX hasta los años sesenta. En los ochenta, el grupo Tolsa hizo efectiva la opción de compra al anterior propietario de la concesión minera. En 2015, la dirección general de Minas convocó un concurso de registros mineros caducados, citando como francos, entre otros, un conjunto de registros mineros que en su día configuraron el permiso de investigación Cerro Milano, en esta zona está el yacimiento de Valdeflores.

La resolución de dicho concurso de registros mineros dio en abril de 2016 prioridad a la solicitud presentada por Sacyr de permiso de investigación de dos cuadrículas mineras, que se autorizó. La concesión de explotación que se está tramitando está vinculada al citado permiso. Así, en el escrito entregado el martes en el ayuntamiento se precisa que Tecnología Extremeña del Litio es titular de un registro minero cuyo número coincide con el permiso de investigación concedido para las dos cuadrículas mineras, que tienen una superficie de 60 hectáreas; en parte de las mismas estaría la mina a cielo abierto.

Desde la presentación de la documentación hay un mes de plazo para que la delegación provincial, o el órgano que tenga las competencias en este ámbito geográfico, eleve el expediente con su informe a la dirección general de Minas de la Junta de Extremadura, que tiene sesenta días para resolver.

Pero en este caso no solo está el procedimiento de la Ley de Minas y de su reglamento, ya que la actividad extractiva está condicionada por la legislación ambiental de la Junta. Por las características del proyecto, que afecta a un total de 47 cuadrículas mineras, requerirá de una evaluación de impacto ambiental ordinaria en un proceso que se prolongaría varios meses, por lo que no es previsible que la decisión esté resuelta ni a corto ni a medio plazo. «En estos momentos los técnicos están analizando la documentación, se está en una fase muy embrionaria», se explicó ayer desde la consejería, añadiendo que el siguiente paso será «la exposición pública del informe de impacto ambiental y del plan de restauración» del espacio afectado por la mina.

Para cumplimentar la evaluación se necesita la presentación de un informe de sostenibilidad ambiental por parte del promotor (las dos empresas) y que se abra un periodo de consultas a las administraciones y al público interesado. El periodo de información pública tiene que prolongarse durante un plazo de al menos 45 días y además el ayuntamiento podrá incorporar su pronunciamiento expreso acerca de la sostenibilidad del proyecto. Con los informes sectoriales que se presenten, con las alegaciones ciudadanas y con la documentación que se recopile, la dirección general de Medio Ambiente de la Junta presentará la declaración de impacto ambiental de la actuación que se pretende en Valdeflores.