| El pago de
dichos terrenos se pactó a través de adjudicación
de parcelas edificables de uso residencial en el futuro Sector Ibarra.
El acuerdo contemplaba la posibilidad de hacer dicho pago en metálico
si no se desarrollaba el plan urbanístico del Sector Ibarra en el
plazo de cuatro años. Dicho plazo se amplió a ocho años
en los anexos.
En el capítulo
de recomendaciones, Comptos subraya la necesidad de cumplir dicha normativa;
que el Ayuntamiento controle las operaciones urbanísticas, aunque
se pueda acudir al asesoramiento externo; completar de manera urgente el
desarrollo del plan y reparcelación del sector Ibarra para cumplir
los convenios que estén en plazo para la entrega de aprovechamientos
urbanísticos; y, finalmente, buscar el máximo consenso político
para la planificación y ejecución de las grandes inversiones
municipales.
Los citados
convenios y anexos los firmó la alcaldesa sin autorización
expresa de la Junta de Gobierno Local. La Cámara de Comptos indica
que tampoco constan informes técnicos -jurídicos, urbanísticos
ni económicos- que justifiquen la operación, algo especialmente
relevante en el caso de los anexos.
En opinión
de la Cámara de Comptos, para la formalización de los convenios
la alcaldesa tenía que haber recibido la autorización del
Pleno o de la Junta de Gobierno. Constata también el informe que
el asesoramiento, control y seguimiento de los convenios se dejaron en
manos de asesores externos contratados por el Ayuntamiento, lo que ha dificultado
la actuación de los órganos técnicos municipales.
El precio pactado
en los anexos es de 43,94 euros por metros cuadrado, según un informe
de valoración encargado por el ayuntamiento. Existe, no obstante,
una cláusula de salvaguarda en los convenios según la cual,
si el Ayuntamiento suscribe mejores condiciones con algún propietario,
el resto tendrá derecho a recibir lo mismo. El Ayuntamiento reconoció
el precio de 108 euros por metro cuadrado en una de las parcelas. Lo hizo
basándose en un informe de valoración presentado por el propietario
que el ayuntamiento aceptó sin que conste un análisis del
mismo.
El nuevo plan
urbanístico se paralizó, el proceso de judicializó
y sus consecuencias económicas podrían afectar de manera
grave a la situación financiera del Ayuntamiento de Estella. De
hecho, según los cálculos de la Cámara de Comptos,
si se aplicara el precio de 108 euros por metro cuadrado, el ayuntamiento
podría verse obligado a pagar más de 14 millones a los propietarios.
En el supuesto
de que los convenios se declararan nulos de pleno derecho, los terrenos
revertirían a los antiguos propietarios, que podrían tener
derecho a reclamar la indemnización correspondiente, siempre que
justifiquen los daños y perjuicios causados.
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