El decreto, que fue aprobado por el Consell de Govern el pasado 19 de enero, ha contado con 32 votos a favor, ninguno en contra y 23 abstenciones. Asimismo, el pleno ha rechazado la petición de tramitar el decreto como proyecto de ley, como había pedido el PI, con cinco votos a favor, 29 en contra y 21 abstenciones. En la sesión por primera vez una diputada --Sílvia Tur, de GxF-- ha ejercido el voto telemático.

El conseller Pons ha expuesto que en los últimos años se ha acelerado "el deterioro de algunas infraestructuras" y que la demanda "cada vez es mayor", con equipamientos "sobreocupados".

En esta línea, ha apuntado que los nuevos requerimientos tecnológicos y ratios que se ha marcado el Govern les impulsan "a crecer en calidad y calidad".

Pons ha señalado que el decreto "sólo en los proyectos de interés autonómico puede avanzar la tramitación alrededor de dos años en algunos casos". Así, sin el decreto ley, "Caimari se quedaría una legislatura más sin construir la nueva escuela".

Algunos de los proyectos que ya se han aprobado son la nueva residencia de personas mayores de Mahón y el centro terapéutico de menores en Marratxí, entre otros que ha citado el conseller.

Pons también ha recordado que el decreto sólo es válido para equipamientos como escuelas y centros de formación, salud y hospitales y centros de servicios sociales. En este sentido, ha defendido que tiene una finalidad "claramente social" y "refuerza el Estado de bienestar". "Lo necesitamos si queremos seguir dando pasos para ofrecer a la ciudadanía mejores servicios", ha dicho.

Entre otras intervenciones de los grupos parlamentarios, el diputado de Podemos Aitor Morràs se ha referido a diferentes casos de corrupción vinculados a grandes obras públicas, como el caso Palma Arena o el caso Ópera.

"Aquí en las Islas se metía la mano en la caja a lo grande", ha ironizado Morràs, que ha acusado al PP de haber "robado por encima de las capacidades de estas Islas", que hoy "padecen su delincuencia".

Asimismo, el diputado del PI Josep Melià ha pedido al Govern que tramite el decreto como un proyecto de ley, a pesar de que su grupo haya votado a favor, porque a su juicio el texto contiene "aspectos que necesitan mejoras técnicas".

Además, Melià ha reprochado al Govern que el decreto "llega tarde" y que tendrían que haberlo tramitado a principios de la legislatura "si tenían previsto hacer todos estos equipamientos".

Desde el PSIB, el diputado Damià Borràs ha negado que el decreto pueda suponer "urbanismo a la carta", como sugería este lunes el PP, y que no favorece "a nadie más que a quienes hacen cola" esperando para recibir un servicio público.

En cuanto a los partidos que no han apoyado la norma, la diputada del PP Antònia Perelló ha advertido que el decreto busca "obviar la planificación" y "cargarse un principio básico del urbanismo".

Asimismo, el PP cree que el Govern recurre a este decreto por motivos "electoralistas", para poder "vender proyectos" de cara a las elecciones de 2019.

Paralelamente, Cs ha propuesto al Govern que convoque un comité de técnicos con el objetivo de reducir "la burocracia desproporcionada que sufre el ciudadano de a pie cuando presenta un proyecto" y elabore un nuevo marco de procedimientos administrativos "ágiles".

En esta línea, la diputada Olga Ballester ha señalado que la "lentitud" a la que se hace referencia en el texto para justificar el decreto "es la que llevan sufriendo los ciudadanos" durante años, por lo que el Govern es "víctima de su propia regulación". "Ven que las infraestructuras no se han realizado y falta un año para las elecciones", ha apostillado.

Además, la diputada ha mostrado su "sorpresa" ante la "lista de infraestructuras" mencionadas por el Govern porque algunas "las llevan inaugurando" desde hace tiempo.

Por todo ello, el PP y Cs se han abstenido en la votación.