El problema
para el ayuntamiento de Málaga es que los promotores reclaman cantidades
muy superiores a las que desembolsaron para hacerse con las fincas. Sirva
como ejemplo que los dueños de 18 parcelas dibujadas como zona verde
el plan del 97 demandaron por las mismas casi 300 millones, frente a los
11 millones en las que fueron valoradas por los técnicos municipales.
El último
caso, con sentencia del Supremo del pasado 20 de noviembre, afecta a un
suelo de 6.444 metros cuadrados de zona verde, localizada junto a la sede
del OMAU. La misma sitúa en 5,5 millones de euros el valor a pagar
por la finca, coincidente con el justiprecio asignado por la Comisión
Provincial de Valoraciones. El fallo rebaja a casi la mitad el valor otorgado
en una primera sentencia del TSJA, que fue recurrida por el Ayuntamiento
y por la propia empresa. No obstante, la cuantía sigue elevándose
muy por encima de los 729.870 euros en los que tasó Urbanismo este
suelo.
Sirva como
ejemplo del imposible disfrute de esta zona verde el que dos terceras partes
de su superficie presentan una pendiente del 80%. Algo que motivó
que meses atrás el propio alcalde, Francisco de la Torre, fuese
categórico al habla de este espacio como una zona verde "para ver
no para pisar, para hacer alpinismo". Otro referente de esta situación
fue la expropiación de 21.881 metros cuadrados de zona verde en
el Monte Gibralfaro, junto al colegio El Monte. La misma le costó
a la empresa Parque Málaga 3,6 millones de euros, si bien exigió
al Ayuntamiento el pago de 68 millones. En una primera decisión
judicial, el TSJA rebajó la indemnización a 34,6 millones,
decisión que, tras el recurso municipal al Supremo, fue modificado
de manera significativa. La sentencia firme sitúa el justiprecio
de los suelos en 4,8 millones de euros.
Otro de los
casos en los que el TSJA ha avalado las tesis municipales es la de un suelo
de 4.500 metros situado en la calle Monte de Sancha, por la que la promotora
Capel Sur reclamó 18,2 millones. Sin embargo, en su sentencia, el
TSJA asumió como válido el justiprecio de los técnicos
municipales, que la valoraron en 465.000 euros. En esta misma favorable
cabe mencionar lo sucedido con un terreno en Cañada de los Ingleses
por los que el antiguo responsable de la promotora Aifos llegó a
reclamar 21 millones de euros. Finalmente, el Supremo situó el valor
a pagar en 923.000 euros.
Entre los expedientes
que están aún pendientes de resolución se encuentra
un suelo en la calle San Vicente de Paul, con 8.645 metros cuadrados de
superficie. Por la misma la propiedad demandó 34,2 millones, frente
al millón de la valoración municipal y los 2.342.766 millones
de euros planteados por la Comisión Provincial de Valoraciones.
Tras sendos recursos al TSJA, que elevó la suma a 8,9 millones.
Una decisión recurrida al Supremo, que en una última sentencia
eludió poner números al justriprecio, señalando que
será en el trámite de ejecución de la sentencia cuando
se fije el justiprecio sin ser "inferior al pretendido por el Ayuntamiento
ni superior al reclamado por la expropiada".
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