| El Tribunal
de Cuentas advirtió de irregularidades en hasta siete de cada diez
contratos inmobiliarios analizados en las diputaciones españolas
durante los años 2014 y 2015. El organismo señaló
que precisamente en un 70% de las operaciones, estas administraciones ni
siquiera negociaron un precio de compra o arrendamiento, y se conformaron
con los que fijaban, según el caso, la tasación o el propietario
del inmueble, práctica que "hubiera resultado conveniente para conseguir
un mejor precio". Por si fuera poco, la mitad de todas las operaciones
analizadas quedaron, a ojos del Tribunal, sin una justificación
adecuada y conforme a ley.
Así,
el informe de fiscalización refleja cómo la Diputación
de Jaén adquirió un chalet por 4,2 millones de euros para
albergar allí un museo artístico. Lo hizo sin adjuntar un
informe de viabilidad económica, y ello pese a que la intervención
de la propia diputación había alertado de que el pago constituía
"una inversión no financieramente sostenible". Tanto es así
que, en abril de 2016, el proyecto fue paralizado. Esa misma entidad, la
Diputación de Jaén, también es señalada por
el Tribunal de Cuentas por la adquisición indebidamente justificada
de otros dos inmuebles por valor conjunto de 2,6 millones de euros.
El informe
del Tribunal también pone el foco en adquisiciones poco idóneas
por parte de las diputaciones de Barcelona y Fuerteventura, que compraron
inmuebles sin negociar el precio. Pagaron lo que fijó la tasación,
práctica que, a ojos del organismo que preside Ramón Álvarez
de Miranda, hubiera resultado necesaria "como requiere el principio de
economía, que ha de regir la actuación del sector público".
Además,
el texto recoge numerosos contratos de arrendamiento indebidamente justificados,
y cita casos en las diputaciones de Valencia y la de Castellón,
entre otras.
Por último,
el informe detecta insuficiencia de personal en la gestión del inmobiliario
en muchas de las administraciones; actualizaciones deficientes de los inventarios;
saldos contables cuestionables; y explicaciones poco detalladas sobre el
uso de numerosos inmuebles. Para abordar estas situaciones, el Tribunal
de Cuentas reclama a las diputaciones un mayor control sobre su patrimonio,
mejoras en la gestión y más transparencia.
Las diputaciones
son las administraciones encargadas de velar por la adecuada prestación
de los servicios públicos básicos en las provincias y son
especialmente relevantes para municipios de tamaño pequeño
que carecen de algunos servicios propios. En ese sentido, llegan a aquellos
lugares a los que las administración local y la autonómica
no acceden y por ende se hacen imprescindibles. Sin embargo, su entramado
es a menudo cuestionado y por no pocos expertos y partidos políticos.
Según
los datos más recientes, el coste de las diputaciones de régimen
común (38 en total) asciende a 6.350 millones de euros. Sus ingresos
se sitúan por encima de los 22.000 millones anuales, y ofrecen empleo
a más de 62.000 personas en toda España. Partidos como el
PP y el PSOE defienden a ultranza el mantenimiento de su estructura y hasta
su refuerzo, mientras que otros como Ciudadanos reclaman un esfuerzo presupuestario
extra y piden ajustes. Tanto es así que, en su momento, los naranjas
llegaron a plantear al Gobierno un recorte de 1.000 millones en su presupuesto.
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