LEY DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS DE EXTREMADURA.

Esta ley supondrá una notable simplificación de los trámites y la burocracia en la tramitación de planes generales, revisiones y sus modificaciones de carácter estructural, tramitación de modificación y revisión de los planes territoriales.

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, señala la necesidad de legislar ante la situación que se había  generado en los últimos años de desarrollo exponencial de una compleja trama de intervención administrativa donde cada vez más agentes y organismos reclaman ser actores en los procesos de ordenación urbanística y territorial en aras a garantizar la sostenibilidad del modelo de desarrollo y para dotar de seguridad jurídica a  los proyectos.

Esta ley, según la consejera, nace del fruto del consenso y la participación de numerosas entidades del sector e impondrá racionalidad y eficiencia en la simplificación administrativa, "la transparencia" y el "apoyo" a las autoridades locales y a los ayuntamientos en la elaboración de los planes generales municipales y los planes territoriales.

“No tiene ningún parangón similar en ninguna comunidad autónoma que medio ambiente y urbanismo estén juntos con unos plazos", ha asegurado la consejera, quien ha destacado la pues en marcha del “silencio positivo”, es decir, que si no ha llegado el informe en el tiempo pertinente, se considera que es positivo y sigue el procedimiento

García ha detallado que se trata de una ley que pretende establecer el marco normativo que permita coordinar e integrar la emisión de los informes sectoriales en los procedimientos para la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial cuando su aprobación definitiva corresponda a los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, propio de la Junta de Extremadura.

De esta manera se pondrá en marcha un procedimiento de coordinación intersectorial, para auxiliar a las administraciones promotoras de planeamientos urbanístico y territorial en la obtención y tramitación de los informes sectoriales y se pondrá en marcha una Comisión de Coordinación Intersectorial, como órgano colegiado que permita el diálogo y la confrontación de los distintos intereses sectoriales.

La Ley de Coordinación Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos y de Ordenación del Territorio de Extremadura busca la simplificación y agilización de la tramitación de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial, cuya resolución corresponda a los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio de la Junta de Extremadura. Se busca un marco normativo que permita armonizar el alcance multisectorial de estos procedimientos, de manera que se pueda conseguir la emisión de informes de forma coordinada, desde una visión intersectorial; un órgano intersectorial, de coordinación y simplificación urbanística y territorial, en el que de forma conjunta puedan estudiarse y analizarse, desde las perspectivas de las distintas problemáticas y competencias sectoriales, las observaciones o consideraciones que deban tenerse en cuenta para su integración coherente en el planeamiento correspondiente, así como para agilizar la tramitación administrativa de éste; y un marco jurídico sectorial reordenado en su dimensión temporal, para crear un plazo único e integrado, de tres meses, en el que se produzca el debate, la reflexión y las manifestaciones sectoriales, para dotar de seguridad jurídica y mayores certezas la tramitación de los instrumentos urbanísticos y territoriales. Para ello se hace imprescindible modificar distintas leyes autonómicas sectoriales que preceptúan la emisión de los referidos informes, de manera que se unifique el momento de su solicitud, el plazo para su emisión y, en su caso, los efectos derivados del transcurso de dicho plazo.

La Junta de Extremadura va a ayudar a los ayuntamientos a tramitar los planes generales que regulan los usos y actividades del suelo. Estos planes se configuran como una herramienta «de gran alcance estratégico» en la implantación de las actividades económicas y empresariales y, por ende, en la creación de empleo. 

Según los cálculos de la Dirección General de Urbanismo están «totalmente obsoletos» en más de 200 municipios. Pese a tratarse de una figura fundamental, algunos no los revisan desde el año 1986, precisamente por lo complejo y largo del procedimiento.

«Son instrumentos que a los ayuntamientos con pocos recursos se les escapan, un proceso que les resulta arduo y en algunas ocasiones imposible», reconoce la directora general de Urbanismo, Eulalia Moreno. Si no cuentan con un plan general actualizado, los municipios tienen que recurrir a la Junta y «tomar todas las cautelas» a la hora de autorizar las actividades económicas y usos del suelo. Una problemática que afecta a cuestiones tan cotidianas como la construcción de naves y granjas agrícolas, aserraderos o queserías. «Si el plan dice que en el suelo no urbanizable no puede haber industria, hay que seguir un procedimiento larguísimo para comprobar si se pueden o no hacer», explica.

Según Moreno, todo el planeamiento de Extremadura debería haberse revisado a raíz de la aprobación de la Ley del Suelo en el año 2001, pero la cuestión se ha ido retrasando, especialmente en los pequeños municipios, debido a numerosos factores. Entre ellos, los enormes plazos de tramitación, que se pueden extender «hasta 7 u 8 años», y lo complejo del procedimiento, que obliga a pedir hasta 32 informes sectoriales diferentes (de carreteras, medio ambiente, patrimonio...), cada uno de ellos a un organismo distinto y con sus propios tiempos de respuesta.

El resultado, asegura la responsable de Urbanismo, es que en algunos casos «incluso cuando se aprueba, el plan llega a estar obsoleto». Para evitar estas situaciones, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha comenzado a trabajar en la Ley de Coordinación Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos y de Ordenación del Territorio de Extremadura.

Esta nueva normativa establece dos novedades fundamentales: por una parte, permite al Ejecutivo regional tomar parte en el procedimiento de revisión de los planes desde el principio para dar a los ayuntamientos apoyo técnico y jurídico; por otra, pretende acortar «drásticamente» los plazos de tramitación, que se reducirían de unos siete a dos años.

A la espera de la nueva norma, la Junta está firmando convenios de colaboración con numerosos ayuntamientos para subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la tramitación del Plan General Municipal. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado acuerdos con los municipios de Aldeacentenera, Casas de Millán, Tornavacas, Acebo y Gata en la provincia de Cáceres y Villagonzalo, Cristina, Vegaviana, Oliva de la Frontera y Benquerencia de la Serena en Badajoz.