| Además,
otro de los aspectos destacados del proyecto de ley, según ha anunciado
la consejera, es que establece el silencio administrativo positivo, lo
que supone que el procedimiento no se detendrá en caso de que alguno
de los informes no llegue en el plazo previsto.
García
Bernal ha destacado la importancia del proyecto de ley porque, ha dicho,
“detrás de los planes municipales hay actividad económica
con la implantación de industrias en suelo no urbanizable y en polígonos
industriales”.
La reforma
permite al Ejecutivo regional tomar parte en el procedimiento de revisión
de los planes generales desde el principio para dar a los ayuntamientos
apoyo técnico y jurídico; por otra, pretende acortar «drásticamente»
los plazos de tramitación, que se reducirían de unos siete
a dos años.
Para todo ello
se plantea la creación de una Comisión de Coordinación
Intersectorial y la «armonización» de cinco leyes autonómicas
con el fin de crear «un marco ordenado y unificado de plazos»:
Suelo y Ordenación Territorial, Carreteras, Patrimonio Histórico
y Cultural, Agraria y de Protección Ambiental. De esta forma, detalló
García Bernal, los más de 30 informes sectoriales que son
necesarios para modificar un plan general podrían estar listos en
solo cuatro meses.
La consejera
destacó la importancia de este proyecto de ley, pues según
recordó «detrás de los planes municipales hay actividad
económica con la implantación de industrias en suelo no urbanizable
y en polígonos industriales».
Según
los cálculos del Ejecutivo extremeño, unos 200 municipios
de la región cuentan con un plan general «totalmente obsoleto»
y tienen que revisarlo. Pese a tratarse de una figura fundamental, algunos
no los modifican desde el año 1986, precisamente por lo complejo
y largo del procedimiento actual.
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