| Según
informa el diario el País, el promotor inmobiliario Enrique Ortiz
habría ganado más de 42 millones de euros con el amaño
del Plan General de Alicante. Un informe municipal cifra en esa cantidad
las plusvalías del constructor por la recalificación de suelo.
Según
el periódico este es el beneficio que, según el ayuntamiento
de Alicante, se habría embolsado el promotor inmobiliario Enrique
Ortiz con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que los exalcaldes
alicantinos diseñaron supuestamente a su medida. El constructor,
procesado junto a ambos políticos y otras siete personas en esta
rama judicial del caso Brugal, no logró esas plusvalías millonarias
porque el nuevo alcalde desistió de la tramitación del plan
ante la Generalitat en febrero de 2015, tres meses después de que
su antecesora dimitiera al verse acorralada por este caso de presunta corrupción.
En su informe,
presentado ante el juzgado de Instrucción 5 de Alicante, la jefa
del servicio municipal de Gestión Urbanística analiza el
valor de mercado de 31 parcelas catastrales propiedad de Ortiz en cinco
sectores urbanísticos: Lomas del Garbinet, Fondo de Piqueres, Saladar,
Fontcalent y La Condomina. Un suelo que pasó de no urbanizable,
según el PGOU vigente, de 1987, a generar aprovechamientos urbanísticos
después de su recalificación o su adscripción a unidades
destinadas a parques naturales.
Esas 31 parcelas
tenían un valor en el mercado de 8.407.677 euros, según el
precio medio del metro cuadrado de cultivo en el mercado. A principios
de 2011, su nueva catalogación derivada de la revisión del
plan general aprobada por el consistorio, disparó el valor total
del suelo a 50.508.589 euros, una vez descontados los costes del propietario
para convertir los terrenos en solares edificables.
El informe
técnico ha sido elaborado a petición del concejal de Urbanismo,
Miguel Ángel Pavón, y remitido el pasado mes al juzgado por
el ayuntamiento, que ejerce la acusación particular en esta causa.
Sus conclusiones desmienten la versión exculpatoria que siempre
ha esgrimido la exalcaldesa y ex edil de Urbanismo, Sonia Castedo, según
la cual Ortiz no se había visto beneficiado de ninguna manera con
el nuevo PGOU. El juez Tejada atribuye a Castedo, Díaz Alperi, Ortiz
y los otros siete sospechosos la comisión de delitos de tráfico
de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada.
El magistrado sostiene que los políticos y el empresario conformaban
una "trama organizada" al servicio de este último para favorecer
sus intereses en el nuevo diseño urbanístico de la ciudad.
El auto de
procesamiento dictado a principios de año por el instructor está
pendiente aún de ratificación en la Audiencia Provincial
de Alicante, por lo que el juicio no se celebrará, al menos, hasta
el año próximo. Según el magistrado, los exalcaldes
percibieron supuestamente varias dádivas de Ortiz a cambio de sus
favores. Hay indicios que apuntan a que el constructor, que ha confesado
su contribución a la financiación ilegal del PP a través
de la Gürtel, entregó sobornos en metálico a Díaz
Alperi, pagó las hipotecas de sus hijos y le financió un
viaje en jet privado a la isla de Creta. Por su parte, Castedo habría
disfrutado presuntamente de unas vacaciones en Andorra e Ibiza y un coche.
A cambio, los
políticos le facilitaron información secreta sobre el futuro
planeamiento para que maniobrara y comprara terrenos que iban a ser recalificados
o ejercieron su influencia sobre el arquitecto encargado del plan, el también
investigado Jesús Quesada, para adecuar el documento a los intereses
del empresario, según la investigación judicial.
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