El organismo
empresarial, que engloba a 103 asociaciones empresariales y representa
a más de 40.000 pymes y autónomos de la provincia de Málaga,
ha solicitado a la delegación provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la tramitación
simplificada de la evaluación ambiental del plan especial del puerto
en el Dique de Levante. En sus alegaciones, la CEM defiende la compatibilidad
de la imprescindible protección del medio ambiente con la promoción
de un desarrollo económico sostenible, como se consagra en el artículo
1 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental.
La organización
hace constar en las alegaciones que la Ley de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) otorga a la Gerencia
Municipal de Urbanismo, órgano competente para tramitar la modificación
urbanística del plan especial del puerto, la potestad de decidir
qué tramitación corresponde. En este sentido, el informe
técnico remitido por la Gerencia Municipal de Urbanismo, y firmado
por funcionarios públicos (arquitecto municipal, jefe de servicio
y jefa de departamento), afirma que legalmente procede el trámite
ambiental con una evaluación ambiental estratégica simplificada.
Con estas alegaciones,
la CEM apuesta por el desarrollo de Málaga desde la óptica
ambiental, social, económica, turística y laboral de la ciudad,
siempre con la finalidad de garantizar el crecimiento y la posición
competitiva respecto a otros territorios del entorno, y todo ello enmarcado
en las máximas garantías de seguridad jurídica, sostenibilidad
y bienestar social.
CLAVES
El proyecto
supone una torre de 35 plantas y 135 metros de altura con una superficie
total de 43.595 metros cuadrados que albergarán las 352 suites de
gran lujo del hotel, un área comercial y un auditorio para convenciones
y congresos. Además se estudia la posibilidad de completarlo con
un casino para los clientes, aunque este aspecto no ha sido contemplado
en los estudios de viabilidad económica.
Estas instalaciones
supondrán una inversión total de unos 115 millones de euros
y la creación de 1.280 puestos de trabajo, entre directos, indirectos
e inducidos, durante la fase de construcción a los que se sumarán
entre 350 y 400 durante el primer año de la fase operativa del hotel.
El proyecto,
realizado por el colectivo Estudio Seguí bajo la dirección
del arquitecto José Seguí, resultó ganador de un concurso
de libre concurrencia que puso en marcha la Autoridad Portuaria de Málaga
para la concesión administrativa del suelo del puerto. No obstante,
el uso hotelero en los recintos portuarios requiere un complejo trámite
administrativo que tiene que ser aprobado por todas las administraciones:
local, autonómica y nacional, por lo que finalmente será
el Consejo de Ministro el encargado de dar la aprobación definitiva.
El proceso
actualmente está en el trámite autonómico del estudio
medioambiental antes de proceder a su traslado a la Gerencia Municipal
de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y la Dirección General
de Puertos del Estado.
Los promotores
del proyecto estiman que para finales de 2018 podrían estar finalizados
los trámites necesarios para obtener todas las licencias y que el
hotel de gran lujo podría ser una realidad entre 2020 y 2021.
La elevada
altura de este rascacielos y su ubicación en el dique de levante
del Puerto de Málaga son los aspectos que más polémica
han suscitado entre colectivos sociales y partidos políticos. El
proyecto, que cuenta con seguidores y detractores, ha recibido el respaldo
de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos)
que no solo lo ve "viable", sino que además destaca ventajas como
el impacto económico y el posicionamiento que dará a la ciudad.
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