| El desarrollo
urbanístico del Paseo de la Dirección, en el distrito madrileño
de Tetuán, que levantó polémica por las modificaciones
llevadas a cabo en la concesión municipal a Dragados, filial de
ACS, estuvo rodeado de irregularidades. Así lo atestigua una auditoría
que pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento de
Madrid modificó hasta dos veces el convenio con el propósito
de que la empresa concesionaria obtuviera resultados positivos con la operación
y, además, que se obviaron determinados preceptos legales como la
obligación de someter a consulta pública las modificaciones.
No obstante,
las irregularidades que se señalan en la auditoría, que además
cuenta con el informe jurídico de Jaime Doreste, letrado del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid, se refieren al periodo en el que el consistorio
de la capital estaba gobernado por el Partido Popular (PP), bajo los respectivos
mandatos de Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella. En concreto, el
documento apunta que ya el plan parcial original, que data de 2006, incumplía
una serie de obligaciones contempladas en la Ley del Suelo de Madrid en
lo referido a las dotaciones para zonas verdes, deportivas y equipamientos,
así como en cesiones de redes locales.
Sin embargo,
el aspecto más grave está relacionado con la primera modificación
del convenio, que suponía cambiar la contraprestación que
recibiría la concesionaria por llevar a cabo el proceso de urbanización
de la zona. Según Vozpópuli en virtud de dicha modificación
Dragados pasaba a recibir suelo mayoritariamente para levantar vivienda
protegida, mientras que el convenio original contemplaba el pago en suelo
para vivienda libre.
La auditoría
detalla que la modificación vino dada porque el precio de esta última
había caído más de un 20% debido a los efectos de
la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria (había pasado
en la zona de 4.193 euros por metro cuadrado a 3.283). Sin embargo, el
precio de la vivienda libre había sido revisado claramente al alza
(de 1.134 a 1.493 euros por metro cuadrado para la vivienda de precio básico
y de 1.430 a 1.866 euros por metro cuadrado para la de precio limitado).
"Es evidente
que el origen de dichos cambios está íntimamente ligado a
la evolución del mercado inmobiliario, y que su objetivo principal
era revisar las condiciones de origen de una operación que había
dejado de ser rentable para el concesionario", apunta la auditoría,
que va más allá y estima que la modificación posibilitaba
que el resultado de la concesión pasara a ser de una pérdida
de 17,10 millones de euros a un beneficio de 39,46 millones.
El objetivo
principal de los cambios, según la auditoría, era "revisar
las condiciones de origen de una operación que había dejado
de ser rentable para el concesionario"
En su día,
Dragados detuvo las obras al comprobar que los números de la concesión
no salían. Durante los dos años que duró su negociación
con el ayuntamiento, entre 2009 y 2011, los trabajos de no avanzaron, con
el consiguiente perjuicio para los vecinos y el incumplimiento de los plazos
establecidos en el convenio, por los que Dragados nunca fue sancionada.
Mientras, la
segunda modificación se llevó a cabo por iniciativa privada,
lo que era contrario a los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Madrid
con Dragados y la Comunidad de Madrid, en los que consta que la modificación
de los planeamientos era una cuestión exclusiva del Ayuntamiento.
Además,
el informe jurídico que acompaña la auditoría señala
que las modificaciones del convenio original que se llevaron a cabo afectan
a un elemento fundamental de la concesión como es el precio por
lo que "vienen sometidas a los principios de igualdad, transparencia y
publicidad que rigen para los Convenios Urbanísticos". Es decir,
que debieron someterse a consulta pública y sólo aprobarse
una vez estudiadas y dadas respuesta a las posibles alegaciones.
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