Según
informa el Confidencial en relación al Wanda Metropolitano (antigua
Peineta) del Atlético de Madrid, los antiguos propietarios del terreno,
miembros de la familia De la Peña, habían mantenido el derecho
de reversión y así consta en la nota simple en el Registro
de la Propiedad, según documentación en poder de El Confidencial.
El derecho de reversión es el que permite a los expropiados recuperar
su terreno si el suelo no recibe el destino previsto. Es decir, que si
se les expropia para hacer un parque, luego no puede la Administración
recalificarlo y construir allí pisos, porque les habrían
pagado mucho menos de su valor. Denuncian que el convenio con el club no
ha tenido publicidad ni concurrencia y que supone una "ayuda de Estado"
prohibida por la Unión Europea
Para solucionarlo,
el pasado 26 de mayo, la Dirección General de Patrimonio del ayuntamiento
aprobó "la cancelación de la inscripción registral
del posible derecho de reversión". El Atlético necesita tener
el estadio en propiedad, sin cargas, y había que cancelar esa inscripción.
Entre otras cosas, tener el estadio en propiedad y sin cargas le permite
poder hipotecarlo si necesita conseguir financiación. El derecho
de reversión se puede ejercer durante ocho años y el ayuntamiento
interpreta que ese plazo se ha cumplido porque la licencia de actividad
de La Peineta "se otorgó en 1994 y el convenio suscrito con el club
Atlético de Madrid es de 12 de diciembre de 2008".
Poco después,
el pasado 3 de julio, estos dos propietarios presentaron un escrito en
el ayuntamiento en el que negaban que eso fuese así y exigian que
el terreno volviese a sus manos. Aunque La Peineta funcionó como
estadio brevemente en los noventa, lo hizo sin la expropiación formalizada.
Según ellos, el acta de ocupación se suscribió en
septiembre de 2004, cuando el Ayuntamiento de Madrid preparaba los Juegos
olímpicos. Pero desde entonces nunca se terminó el estadio
olímpico. Según estos propietarios, el inicio del cómputo
de los ocho años se produce cuando entra en vigor la instalación,
algo que no ha ocurrido en todos estos años.
En diciembre
de 2008, el ayuntamiento y el Atlético firmaron un primer convenio
para que el club construyese y utilizase el estadio. Pero en el acuerdo
se especificaba que quedaba pendiente de la desafectación de los
terrenos. Es decir, que entonces el terreno seguía siendo público
y por lo tanto cumplía los fines de la expropiación. No es
hasta 2017 cuando pasa a ser propiedad del Atleti.
"Resulta incuestionable
que se ha producido aquí una alteración del uso para el que
fue expropiado el terreno de titularidad de mis representados", expone
en el escrito el abogado que los representa: "En 2004 se expropió
para implantar un uso dotacional público, con destino a la ubicación
de un estadio deportivo de titularidad pública. Ahora, mediante
la modificación puntual del PGOU de 2017, se establece un uso dotacional
privado, para un estadio de fútbol propiedad de un equipo de fútbol,
no de la Administración, al que se añaden otros usos lucrativos".
Los dueños
del terreno señalan que esa transmisión de 2017 contiene
una "posible ilegalidad" por "posible vulneración tanto de las reglas
sobre disposición de bienes públicos, al ignorarse las reglas
de publicidad y concurrencia, como las reglas de derechos de la Unión
Europea por poder constituir una ilegal ayuda de Estado". Y que es entonces,
cuando el estadio pasa a ser privado, cuando aparece una causa de reversión,
según su argumentación. Desde diciembre de 2016, el suelo
está catalogado como uso dotacional privado, infinitamente más
valioso que la calificación que tenía cuando en 2004 les
expropiaron, uso dotacional público. La amenaza de la ayuda ilegal
de Estado que lanza el escrito es relevante, porque el Real Madrid ya ha
tenido que devolver dinero al ayuntamiento por una operación urbanística.
Las dos parcelas
que reclaman suman apenas 6.000 metros cuadrados, y en su día fueron
expropiadas por 990.000 euros cada una, un precio de unos 300 euros el
metro cuadrado. Ahora ese precio se podría multiplicar por 10. En
caso de no conseguir que el terreno vuelva a su propiedad, reclaman la
retasación, otra figura legal en favor de los expropiados que ha
generado enormes quebrantos a la Administración en otras obras públicas.
El potencial del problema es enorme. No por estos dos propietarios, sino
ante la posibilidad de que se sumen otros (podrían intentarlo, aunque
no tienen el derecho de reversión inscrito en el Registro). La superficie
del estadio es de 244.177,99 metros cuadrados, y esta primera reclamación
solo afecta al 2,5% de ese terreno.
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