El Consejo de Ministros ha aprobado un convenio de gestión directa para que el Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública SEITTSA, pueda hacerse cargo de las autopistas de peaje en quiebra una vez que el juez establezca su reversión al Estado. En la actualidad hay ocho concesiones de autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores.

El convenio de gestión directa atribuye a SEITTSA la explotación de todas las infraestructuras que están incluidas en los ocho contratos de concesión que se van a liquidar, así como la preparación de la licitación de los nuevos contratos para la gestión de estas vías.

Por un lado, SEITTSA va a explotar, conservar y mantener las infraestructuras desde que los juzgados aprueben los planes de liquidación de estas concesiones. Además, va a elaborar todos los estudios, informes y pliegos que sean necesarios para el proceso de licitación de el/los nuevos contratos de gestión de servicio público.

SEITTSA estará obligada por el convenio a explotar, conservar y mantener las autopistas con las mismas exigencias que tiene hoy los contratos de concesión.

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

La Ley de Contratos del Sector Público prevé que, cuando una concesión de obra pública inicia la fase de liquidación en un concurso de acreedores, existe la obligación legal de resolver el contrato de concesión y, por lo tanto, la infraestructura revierte a la administración concedente.

Por tanto, no se puede hablar de un rescate de las autopistas de peaje en quiebra, porque no hay una acción de Gobierno dirigida a rescatar una concesión en vigor. Lo que existe es un procedimiento judicial que lleva a la liquidación de la concesión y a la reversión del activo a la Administración.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN (RPA).

La RPA es el importe que el Estado debe abonar a los actuales concesionarios de las autopistas por la inversión que realizaron en su construcción. Se desconoce aún a cuánto ascenderá ese coste: el Gobierno estimó que unos 2.100 millones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) consideró que será de 2.200 millones, el Tribunal de Cuentas lo cifró en 3.500 millones de euros y la patronal de grandes constructoras Seopan estimó que será de 5.500 millones de euros.

A la RPA, el Estado deberá sumar los 550 millones de euros por los préstamos participativos que se dieron para construir estas vías y que ahora, tras la liquidación, serán incobrables, señala Efe. Fuentes de Fomento aseguran que el balance final será sensiblemente inferior a las cifras que se manejan.

Las nuevas concesiones volverán a tener la garantía de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, pero ya recortada por una nueva regulación de 2015 aplicable a concesiones. En caso de liquidación, la devolución se calculará por el valor de mercado de la concesión y no de la inversión. Además, el derecho derivado de la resolución de una concesión que es la RPA, no podrá pignorarse si no es en garantía de deudas que guarden relación con la propia concesión y con permiso de la Administración.

AUTOPISTAS EN QUIEBRA

Las nueve autopistas son las cuatro radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.

Hay cuatro autopistas, según Fomento, -la R-2, la R-3, la R-5 y la AP-41 (Madrid-Toledo)- que aún están en fase de convenio de acreedores dentro del proceso concursal, mientras que el resto han entrado en fase de liquidación, si bien su plan no ha sido aún aprobado por el juez,

Las previsiones son de que la reversión de todas o la gran mayoría se produzca dentro del primer cuatrimestre de 2018, que se liciten en el segundo y que se pueda resolver la licitación en el tercero, de forma que puedan estar adjudicadas a finales de año.

El calendario que maneja Seittsa para este proceso, que colea desde el arranque de la pasada legislatura, señala el primer cuatrimestre de 2018 para la recepción de estas autopistas quebradas.

Pero el momento de la integración de estos activos en una empresa nacional de autopistas, creada bajo el paraguas de Seittsa, no depende tanto del Gobierno como de la Justicia. Cinco de las concesiones cuentan ya con un auto de liquidación firmado, tras lo que el juez debe dar el visto bueno al plan de liquidación y activar la consecuente reversión a la Administración. Fomento dice estar colaborando con la administración concursal para acelerar los pasos.

Hay otras tres, la R-2, AP-41, y la citada Accesos de Madrid (R-3 y R-5), que siguen en la fase de convenio de acreedores y cuya reversión a Fomento podría retrasarse.

LA REACCIONES DE LOS FONDOS COMPRADORES DE LA DEUDA

Los fondos han subrayado que la entrada en liquidación de las autopistas supone la resolución automática de las concesiones y la obligación de determinar la RPA en seis meses. Según los fondos, el pago de la RPA se tiene que realizar dentro de los tres meses siguientes a su determinación, es decir, como máximo nueve meses después de la entrada en liquidación. Por ejemplo, en el caso de la AP-36 (autopista Ocaña-La Roda), ya se debería haber calculado y pagado la RPA, "cosa que no ha ocurrido", apuntan.

Los fondos han considerado que una resolución "proactiva y justa" por parte del Gobierno, que evite litigios, es "fundamental para la percepción internacional sobre la seguridad jurídica de España y el riesgo de pago de la Administración" y, por lo tanto, para la financiación del nuevo plan de inversiones del Estado en carreteras.

Por ello, advierten de que todos los retrasos por parte del Gobierno, "además de dañar su credibilidad en los mercados financieros (necesario para el nuevo plan de infraestructuras) devengan intereses de mora sobre la RPA, por tanto es importante que el Ejecutivo se apresure para evitar encarecer el coste final al ciudadano". Los acreedores, han asegurado las mismas fuentes, siguen abiertos a una solución negociada que ayude a evitar más retrasos y a minimizar los costes para el Estado.

SEITTSA

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre es una sociedad mercantil estatal creada al amparo del artículo 166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y por Acuerdo del Consejo de Ministros del 29 de julio de 2005 y fue constituida el 30 de noviembre de 2005.

La forma jurídica de la Seitt es de sociedad anónima, con la particularidad de ser el Estado el propietario de la totalidad de sus acciones. Esto supone que su Junta General de Accionistas está representada por la Dirección General de Patrimonio del Estado y que su Consejo de Administración está formado por personal y altos cargos de la Administración General del Estado, siendo su Presidente el Secretario General de Infraestructuras.

SEITT es la empresa que aporta la experiencia en contratos de Colaboración Público – Privada dentro del Ministerio de Fomento. También presta asesoría a otras administraciones regionales en materia de concesiones de infraestructuras de diversos sectores (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc.).

Entre las actividades que realiza SEITT en esta área destacan las siguientes:
 

• Soporte en la definición de modelos de negocio de concesiones de infraestructuras.
• Estudio de la tarificación de infraestructuras viarias (sistemas de cobro, desarrollo de políticas tarifarias para gestión de demanda, etc.).
• Apoyo en la definición de la normativa jurídica necesaria para el desarrollo del sector de concesiones del país.
• Redacción de los pliegos para la licitación de concursos de concesiones.
• Análisis de viabilidad y estructuración financiera de concesiones.
• Ayuda a la internacionalización de empresas españolas del sector de infraestructuras en contratos de colaboración público – privada.
• Asesoramiento a administraciones de otros países en el desarrollo de infraestructuras concesionadas.