| Otro aspecto
relevante de la nueva ley es que da una responsabilidad a las plataformas
comercializadoras, obligando a pedir el número de registro para
publicar el anuncio, lo que hará que los consumidores tengan la
seguridad de que ese anuncio es legal y cumple todos los requisitos para
destinarse a alquiler turístico.
NOVEDADES
Destaca la
autorización, a petición del Ayuntamiento de Palma y de Més,
para que se pueda alquilar la vivienda habitual durante un máximo
de 60 días. El objetivo en ese caso es permitir la auténtica
economía colaborativa, es decir, que quien de verdad necesite alquilar
su piso unos meses para sacar adelante la hipoteca podrá hacerlo,
siempre que demuestre que lo que comercializa es su residencia habitual
y que en la zona en que vive está permitido el alquiler turístico
(para eso, hará falta esperar ese año de moratoria que hoy
se declara).
Para limitar
la especulación turística por parte de grupos que están
acaparando viviendas por la vía muchas veces de desalojar inquilinos
y explotar el inmueble con el turismo, la nueva ley sólo permitirá
comercializar a turistas un máximo de tres inmuebles por propietario.
COMUNIDADES
DE VECINOS
Las comunidades
de vecinos también tendrán algo que decir sobre el uso de
las fincas. De este modo, una vez que los consells y ayuntamientos definan
durante el próximo año donde se puede alquilar a turistas,
solo se podrá hacer alquiler turístico si la comunidad de
vecinos permite por mayoría (no por unanimidad) que en la finca
se exploten los pisos con viajeros
INSPECCIONES
Tras la entrada
en vigor de la nueva norma también se incrementan los medios y recursos
para luchar contra la oferta ilegal. No sólo aumentando el número
de inspectores, sino elevando las multas por irregularidades a los particulares
-que podrán llegar a 40.000 euros- y a las plataformas de difusión
turística -que se enfrentarán a sanciones de hasta 400.000-.
De hecho, portales como AirBnB y Homeaway tendrán la obligación
de publicar el número de registro de la Conselleria para garantizar
que publicitan un alquiler legal. También se limita a un máximo
de tres viviendas por propietario las dedicadas al alquiler turístico.
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