| En cuanto
al número de hipotecas sobre viviendas, en la Región de Murcia
solo se experimentó un 1% de crecimiento (7.520 operaciones), pero
resulta significativo que el 45% de las 13.659 viviendas vendidas en la
Región de Murcia se compraron sin hipoteca (5.139 viviendas en concreto).
En el conjunto de España, por su parte, se contabilizó un
aumento del 15%, gracias a 281.328 operaciones).
La evolución
murciana es particularmente notable respecto a la del conjunto del país
en la venta de viviendas a extranjeros. Mientras que en España aumentaron
el año pasado un 13,2% –por la venta de 53.496 viviendas–, en Murcia
se llegó al 22,7% gracias a la adquisición de 2.233 viviendas
por estos clientes foráneos. Murcia es la cuarta comunidad autónoma
con mayor porcentaje de ventas a extranjeros, el 18,57% de todas las que
realizó en 2016. Sólo le superan en esta cuota Baleares (32,9%),
Canarias (30,49%) y la Comunidad Valenciana (26,66%).
Los compradores
británicos siguen siendo mucho mayor que la del resto. Con 1.064
adquisiciones suponen casi la mitad de las ventas a extranjeros totales
(el 47,8% exactamente). Le siguen las operaciones realizadas por marroquíes
(279) –en este caso, a diferencia de las nacionalidades citadas, no se
trata en general de vivienda turística–, belgas (116), alemanes
(75) y franceses (65).
Por último,
el precio medio del metro cuadrado de vivienda se situó en el primer
trimestre de 2017 en 973,7 euros en la Región de Murcia (la media
nacional alcanzó los 1.525,8 euros). El informe refleja que el precio
de la vivienda regional ya solo se ha depreciado ligeramente, y “tenderá
a subir conforme a la tendencia nacional”, donde en 2016 ya se han experimentado
los primeros aumentos (un 1,85% respecto a 2015).
DECLARACIONES
En rueda de
prensa, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios
de la Región de Murcia (Apirm), José Hernández, ha
hecho un balance positivo de los resultados de 2016 y ha criticado a las
instituciones por el poco impulso que, en su opinión, están
dando al sector inmobiliario.
El balance
de todas estas variables "es positivo", apuntó el presidente de
APIRM. “Estamos creciendo a buen ritmo, y aún tenemos más
margen hasta equipararnos a las cifras nacionales, con las que nos debemos
igualar". El principal escollo en este objetivo, ha apuntado, sigue siendo
"el escaso papel que está jugando la Administración", a la
que ha acusado de "dejadez" a la hora de relanzar la actividad inmobiliaria.
"En muchos ayuntamientos costero no se revisa el Plan General de Ordenación
Urbana desde hace más de 30 años", señaló.
Además,
Hernández criticó que no se hayan tomado "las medidas oportunas
para conseguir la necesidad imperiosa de una administración telemática";
arremetió contra el Plan Especial de Infraestructuras de Murcia,
al que ha culpado "del aumento del precio del suelo en la zona norte del
municipio"; ha vuelto a insistir en "la pasividad de los ayuntamientos
costeros, que está paralizando el desarrollo turístico",
y clamó contra la utilización del urbanismo "para financiar
el gasto corriente de las administraciones, como ocurre con el IBI para
planes parciales aprobados sin urbanizar".
En ese ejercicio,
ha apuntado, la construcción de viviendas en la región creció
casi un 20 por ciento con respecto a 2015 y la venta aumentó cerca
de un 7 por ciento, mientras que las ventas a ciudadanos extranjeros aumentaron
un 23 por ciento y las hipotecas, un 1 por ciento.
Esa "recuperación
sostenible y moderada", ha dicho, se ha producido a pesar del "escaso papel
que está jugando la administración pública", que "no
acompaña" al sector y mantiene una "total pasividad" hacia su reactivación.
Hernández
se ha mostrado especialmente crítico con el Ayuntamiento de Murcia
que, ha dicho, mantiene paralizado el desarrollo del suelo en zonas con
gran demanda como la zona norte del municipio a causa de su Plan Especial
de Infraestructuras.
Ese plan, aprobado
en 2006, es "insostenible", ha dicho, puesto que "frena la puesta a disposición
de suelo" en las áreas de Juan Carlos I, Juan de Borbón,
avenida Príncipe de Asturias, Guadalupe o Santo Ángel, entre
otras.
El plan contempla
que los promotores y propietarios tengan que abonar, además de los
gastos de urbanización como es habitual, los gastos de construcción
de infraestructuras hidráulicas como colectores y tanques de tormenta.
Además,
los "hitos de pago" son estrictos y no permiten "financiación razonable",
lo que supone un incremento en los costes que los propietarios no pueden
asumir.
Al no poder
desarrollar más suelo urbano por ese motivo de altos costes, ha
añadido, se incrementa el precio de las viviendas, por lo que ha
lamentado que el Ayuntamiento de la ciudad no tome "decisiones valientes"
para modificar ese plan especial y permitir nuevas construcciones, ya que
el 95 por ciento de viviendas del área norte están ocupadas,
según Apirm.
El presidente
de la organización ha criticado también la situación
en los municipios costeros, cuyos planes generales de ordenación
tienen más de tres décadas de antigüedad y suponen una
"total paralización" no solo en el ámbito de la vivienda
y las segundas residencias, sino también en la creación de
nuevas plazas hoteleras y del sector turístico.
En su opinión,
en estos municipios "hace falta un planeamiento supramunicipal" en el que
se implique la administración regional para que se pueda dar un
"desarrollo coherente" a lo largo de toda la costa y tanto en el plano
urbano como en el vacacional.
La comunidad
autónoma, ha opinado, debería intervenir y "penalizar" a
los ayuntamientos que no están siendo capaces de desarrollar sus
planes urbanísticos con el fin de dar mayor seguridad jurídica
a los promotores y propietarios.
Hernández
ha señalado que "hay que corregir errores del pasado" y dar más
agilidad también a las tramitaciones medioambientales, ya que, según
ha lamentado, numerosas promociones con todas las licencias aprobadas están
pendientes de esos expedientes medioambientales.
La simplificación
administrativa y la administración telemática son a día
de "una utopía" y están "muy lejos de la realidad",
ha criticado, y ha reivindicado que se implemente la figura de la "declaración
responsable" como ha ocurrido en otros ámbitos para suplir las licencias.
Así,
se evitarían paralizaciones de más de cinco meses que transcurren
mientras se obtienen las licencias para construir, por ejemplo, en zonas
urbanas y ya urbanizadas, un caso en el que se requeriría de un
sistema más ágil para comenzar a construir.
También
ha reivindicado que no se "judicialice el urbanismo de forma generalizada"
y ha propuesto que los pleitos en este ámbito se resuelvan en la
vía contencioso-administrativa en lugar de en la penal, estableciendo
"reglas del juego claras y con garantías", actuando "con rigor y
no por meras suposiciones".
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