Así,
apunta que no cabe aprobar por silencio "instrumento alguno de planeamiento
que contenga determinaciones manifiestamente contrarias a la normativa
urbanística o la legislación sectorial o cuyo procedimiento
de elaboración y aprobación no haya cumplido" adecuadamente.
En este caso,
continúa la sentencia, "se ha producido una diferente zonificación
o alteración del uso de los espacios libres públicos existentes,
hipótesis que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
de la Ley reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León,
"requiere consulta preceptiva de este órgano consultivo", consulta
que, y esto no es discutible, no ha tenido lugar".
El texto señala
como "posible" que "el sistema local de equipamientos públicos resulte
de imposible encaje en la transformación urbana". Como se explica
en la misma sentencia, "por decirlo de forma sencilla, si existe una zona
verde no puede eliminarse para incrementar ya la edificabilidad comercial
y dejar sin embargo para más adelante la determinación de
dónde va a reponerse aquélla, con el incremento proporcional
derivado del aumento del volumen edificable".
En la sentencia
se constata que el proyecto de ampliación de la edificabilidad comercial
implicaba la eliminación de zonas verdes, sin que existiera un informe
del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Susana Ordóñez,
presidenta de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, dijo en
la SER que "el ultimo chalaneo urbanístico del Gobierno municipal
del PP, su despedida, contraria a los intereses públicos generales
y contrarios a la legalidad urbanística, no ha sido admitida por
la Justicia. Lamentamos la posición e implicación de la Consejería
de Fomento y la Dirección General de Urbanismo en esta y otras muchas
actuaciones urbanísticas y medioambientales que sistemáticamente
tumban los Tribunales, sin que nadie asuma responsabilidad alguna"
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