| El texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio (TRLA), ha tenido cumplido desarrollo a través de diferentes
instrumentos normativos de rango reglamentario, de entre los que cabe destacar
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobando por
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (RDPH), que desarrolla los títulos
preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas,
que ahora se viene a modificar en diversos de sus preceptos en cuatro áreas
diferenciadas: riesgos de inundación, reservas hidrológicas,
censo de vertidos y caudales ecológicos.
La primera
de esas áreas se refiere a la nueva regulación relativa a
los riesgos de inundación, a cuyo respecto cabe destacarse su estrecha
vinculación con la normativa europea y el proceso de planificación
de la gestión de esos riesgos de inundación que de ella trae
causa.
Según
medios locales, los contratos ya rubricados cuentan, en su práctica
totalidad, con condicionantes suspensivos como la prolongación del
periodo hasta la obtención de la licencia. El espacio a ocupar por
el total de las empresas asciende a alrededor de 15.000 metros cuadrados,
aproximadamente el 25% de la superficie comercial de Alfafar Parc.
Según
varios medios, el ayuntamiento rechaza el planteamiento del Gobierno, al
considerar que el decreto "es demasiado restrictivo con las cuotas de alzada
de los edificios" para prevenir las lluvias atípicas. "La cuota
cero se llega a elevar a los dos metros de altura, lo que supone un elevado
encarecimiento para las empresas y viviendas a construir. No estamos de
acuerdo con este cambio de criterio", explican.
El Ayuntamiento
argumenta que "el Plan de Acción Territorial sobre prevención
de Riesgos de Inundaciones de la Comunidad Valenciana (Patricova) no pone
pegas a la zona al analizar lo ocurrido durante los últimos 100
años, mientras que el decreto del ministerio toma los últimos
500 e incluye el riesgo de los encauzamientos de aguas arriba". "Por ejemplo,
el decreto penaliza a Alfafar por la falta de inversión en el barranco
de Chiva", detalla.
Por contra,
el gobierno municipal niega que el decreto del Gobierno haya paralizado
la tramitación de los expedientes. "El retraso se debe a una sobrecarga
de trabajo en el área de Urbanismo, que en la actualidad se encuentra
resolviendo cuestiones de asfaltado, accesibilidad y planes provinciales
con importantes carencias de personal", afirman.
En la misma
línea, defienden que tras un estudio en profundidad el decreto -realizado
junto a la diputada autonómica del PP Elisa Díaz- el Ayuntamiento
interpreta que buena parte de la zona comercial podría estar exenta
de cumplir la normativa estatal, y que esta podría afectar solo
al 25% del territorio, lejos del 94% que se estimó inicialmente.
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