ANTECEDENTES
15 de diciembre
de 2016
NOTICIA
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LENGUAJE
POLÍTICO EN LA REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del agente urbanizador y
en la guía del urbanismo de la Comunidad Valenciana. Los alumnos
deberán remitir a los tutores de los indicados cursos un análisis
de los casos en los que el agente urbanizador puede instar la reclasificación
de suelo. Las declaraciones de la Consellera de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, María José Salvador,
al referirse a la reforma de la Ley del suelo de la Comunidad Valenciana
y que suprimirá la potestad de solicitar la reclasificación
de suelo que hasta ahora tenían los agentes urbanizadores (que se
mantienen) han sido interpretadas con carácter político y
no técnico. La razón es que fue precisamente la Ley 5/2014
la que devolvió a los Ayuntamientos toda la iniciativa a la hora
de planificar el territorio y de la que había sido privada por leyes
anteriores de diferente signo político. Durante años había
recaído casi al cien por cien en la iniciativa privada tras la creación
de la polémica figura del agente urbanizador, un promotor privado
con capacidad para diseñar planes y plantear recalificaciones de
suelo sin contar con los propietarios, ni con el propio ayuntamiento, que,
en ocasiones, se encontraba con el Plan de Actuación Integrada (PAI)
en la notaría. Esta situación en la que se cambió
en el 2014 a raíz de las denuncias ante el Tribunal de Luxemburgo
y las reclamaciones del Parlamento europeo. Con esta ley 5/2014 no hubiera
sido posible el macroplan de Rabasa. Hay que dejar claro que la adjudicación
de los PAIs y su desarrollo corresponde al Ayuntamiento en Pleno, no únicamente
al alcalde. El agente urbanizador se limita a presentar una oferta económica
a una alternativa técnica. Desde la reforma de la ley estatal de
2007, se complicó la recalificación del suelo o la gestión
de los PAIs únicamente con aprobación municipal, sin la justificación
adecuada o sin las infraestructuras necesarias. Debe quedar claro que no
son los propietarios (o una mayoría) los que están capacitados
para decidir si se desarrolla un PAI o no, es la administración
la que decide. Por eso, cuando hace un año se decretó la
moratoria de un año a la aprobación de planes urbanísticos
que impliquen recalificación de suelo no urbanizable o urbanizable
programado en los 500 metros de franja costera entre Vinaroz y Pilar de
la Horadada, lo que se está limitando es la facultad municipal.
En otras palabras, que la anunciada reforma de la ley del suelo de la Comunidad
Valencia se limita a impedir que el agente urbanizador pueda promover la
reclasificación de suelo no urbanizable a suelo urbanizable. Parece
una declaración muy teórica porque al mantenerse la figura
del agente urbanizador, su interés siempre será la reclasificación
del suelo. El tiempo dirá, de momento la política se impone
sobre el urbanismo técnico.
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prácticas
La Consellera
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio,
María José Salvador, ha anunciado que la reforma de la Ley
del suelo de la Comunidad Valenciana suprimirá la potestad de solicitar
la reclasificación de suelo que hasta ahora tenían los agentes
urbanizadores. La figura del agente urbanizador se mantiene.
Por ello,
ha avanzado que la modificación de la Lotup contemplará la
eliminación de la posibilidad de que el agente urbanizador pueda
promover la reclasificación de suelo no urbanizable a suelo urbanizable
con el objetivo de reforzar la gestión directa que compete a las
administraciones locales que es la que "tiene la voluntad de servicio público".
La decisión
se adopta tras una reunión de la consellera con Espai Territori,
un círculo de una cincuentena de expertos que ha estado durante
meses debatiendo sobre el nuevo modelo urbanístico valenciano y
trabajando en las modificaciones que el Consell va a aplicar en la norma.
Por otro
lado, la modificación de la norma urbanística también
recoge dos fórmulas para buscar "una solución" a los conocidos
como 'PAIs fantasmas'.
Por una
parte para aquellos que en estos momentos están paralizados o en
suspensión pero tienen posibilidad de desarrollarse en el futuro,
la consellera ha indicado que se ha planteado que "se reduzcan las unidades
de ejecución" y se dé un plazo de diez años para desarrollarlos.
Sin embargo,
para los PAIs que tienen un carácter "más antieconómico
y no encajan en el modelo de ordenación del territorio del nuevo
Consell" se ha propuesta su reparcelación inversa para "reducir
las cargas fiscales y urbanas a los propietarios", ha explicado Salvador.
"Con estas
modificaciones damos un paso valiente frente al inmovilismo del antiguo
gobierno que miró hacia otro lado y es el responsable de esta situación
y damos una solución y seguridad jurídica con tal de abordar,
diseñar y resolver las problemáticas del urbanismo", ha indicado
la titular de Obras Públicas.
Por otro
lado y cuestionada sobre si su departamento ha intentado simplificar la
burocracia administrativa en las tramitaciones, Salvador ha lamentado que
se trata de una cuestión "difícil" porque atañe a
diferentes administraciones.
No obstante,
ha señalado que su departamento ha hecho "un esfuerzo" por "agilizar
y facilitar las tramitaciones", pero ha admitido que es "muy difícil"
atajar esta situación porque "los tiempos de la administración
están muy lejos de ser razonables para la ciudadanía".
ANTECEDENTES
18 de febrero de 2016
NOTICIA
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REUNIÓN
DE "ESPAI TERRITORI" PARA LA REFORMA DE LA LEY DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE (LOTUP)
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad
Valenciana. Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. "Espai
Territori" está formado por la consellera de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, María José Salvador,
por el secretario autonómico de la Conselleria, Vicent Boira y el
director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
Lluís Ferrando. Ana García Salomé, técnica
de Evaluación de Impacto Ambiental; Amparo Baixauli, Abogada Urbanista;
Blanca Blanquer, abogada; Eugenio Burriel, Catedrático de Goegrafía;
Emilia Casar, doctora en Derecho Administrativo; Carles Dolç, arquitecto
urbanista; Vicente Dualde, arquitecto; Vicente García Nebot, abogado;
José Hilario Garrido, presidente de los Arquitectos Urbanistas;
Consuelo Leal, arquitecta del ayuntamiento de Castellón, Vicente
Llombart, doctor en Ciencias Económicas; Carmen Melo, del departamento
de Geografía de la Universitat de València; José Luis
Miralles, profesor de Urbanismo de la Universitat Politécnica, Arancha
Muñoz, arquitecta; Joan Olmos, profesor de Urbanismo de la UPV;Gabino
Ponce, profesor de Geografía Humana de la UA, Joan Romero, catedrático
de Geografía Humana y Vicent Torres, doctor en Economía.
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prácticas
El Consell
ha iniciado los trámites para modificar la actual Ley de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) y se ha marcado seis meses
de plazo para presentar una propuesta. Así lo ha anunciado esta
mañana la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, María José Salvador al finalizar la primera
reunión constitutiva del grupo "Espai Territori: experts per un
nou urbanisme" en la que han participado más de una veintena de
profesionales procedentes del mundo académico, institucional así
como de diversas áreas multidisciplinares.
El objetivo
de este nuevo círculo de expertos, creado por la conselleria, es
crear un foro de participación y diálogo capaz de estudiar
y analizar el urbanismo vigente, fijar directrices y criterios y realizar
propuestas necesarias para las modificaciones normativas que se realizarán,
como la próxima reforma de la LOTUP.
Para la
consellera esta primera reunión ha servido para iniciar un proceso
de modificaciones legislativas, ya que, es necesario adaptarse al "nuevo
ciclo, a la nueva hoja de ruta del territorio y urbanismo que ha de ser
de protección de territorio, de un urbanismo sostenible y para las
personas".
En este
sentido, Salvador ha informado que se han creado dos grupos de trabajo.
El primero denominado "Modelo Territorial y de Paisaje" que tendría
vigencia a lo largo de toda la legislatura y el segundo, denominado "Modificación
Normativa", que tendría vigencia hasta la aprobación de las
modificaciones necesarias.
Respecto
a la comisión de trabajo sobre territorio y paisaje que tendría
vigencia a lo largo de toda la legislatura, Salvador ha recordado que la
conselleria ha empezado a tomar decisiones urgentes en materia de urbanismo
y territorio, entre ellas ha mencionado el carácter vinculante al
que se ha dotado a la estrategia territorial valenciana. De igual manera,
se ha aprobado el PATRICOVA, se ha iniciado la tramitación del Plan
del Litoral y en breve se presentará el plan y la ley de l'Horta,
al tiempo que se abordará la redacción de los planes metropolitanos.
Para la
consellera, la Generalitat está cumpliendo dentro de sus competencias
en materia de planeamiento supramunicipal. "Es la mejor manera de limitar
los crecimientos del territorio para pasar de un urbanismo depredador a
un modelo urbanístico del territorio protector, por lo que necesitamos
ese marco jurídico que acompañe esa premisa".
Por otro
lado, Salvador ha informado que los expertos convocados esta mañana
han manifestado su interés por la necesidad de la reforma de la
legislación vigente, pero también "tenemos que trabajar y
resolver los problemas inmediatos" de un urbanismo que ha calificado de
"dinámico y una realidad territorial cambiante".
Entre los
problemas inmediatos que se han abordado esta mañana ha mencionado
los núcleos diseminados, las ATEs, los denominados PAIS fantasmas,
los problemas en las marjalería, etc, "cuestiones que están
sobre la mesa y que tenemos que abordar".
ACTUACIONES
DEL CONSELL
La Generalitat
ha instado a los ayuntamientos a informar de los incumplimientos en que
incurran los agentes urbanizadores de planes urbanísticos ya aprobados.
El objetivo
es que los municipios detecten las posibles vulneraciones legales de las
empresas promotoras a la hora de ejecutar un proyecto -un plan parcial
por ejemplo-.
La Conselleria
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio,
a través de la Dirección General de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, ha sido la encargada de remitir la carta
a los ayuntamientos.
En la carta,
se informa a los ayuntamientos las opciones legales que tienen para resolver
los planes parciales y «la aplicación de los efectos que sobre
el urbanizador recaen en caso de incumplimiento». En este sentido,
se resalta que en virtud de la Ley Urbanística Valenciana (LUV)
«la demora injustificada durante la realización y acabado
de las obras será objeto de análogas penalizaciones previstas
en la legislación general de contratación administrativa».
Además, se insiste en que también la actual Ley de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) «establece que la resolución
del contrato entre la Administración y el urbanizador, por causa
de haber sido declarado culpable este último, dará lugar
a las consecuencias previstas en la legislación sobre contratos
de las administraciones públicas, y en particular, a la prohibición
de contratar con la Administración».
La conselleria
explica en su carta que la legislación urbanística da un
amplio respaldo legal para denunciar los incumplimientos de los urbanizadores
de planes parciales, hasta el punto de que se anima a los ayuntamientos
a realizar «los trámites necesarios para que se inscriba en
el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas la prohibición
de contratar de los urbanizadores que hayan incumplido sus obligaciones
en los programas».
Siempre
que haya causa de resolución, esa denuncia justificaría al
ayuntamiento a instar la paralización de un PAI ya aprobado (Programa
de Actuación Integrada), e incluso clasificar el suelo de esa actuación
como no urbanizable, paralizando de este modo la promoción inmobiliaria.
ANTECEDENTES
12 de febrero
de 2016
NOTICIA
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PREOCUPACIÓN
POR EL URBANISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad
Valenciana. El sector inmobiliario de la Comunidad Valenciana está
muy preocupado por la sucesiva publicación de noticias de anulación
de PAIs, como el de Benamar en Chiva, el PAI de Manises o el PAI de Guadassuar)
a las que se suman las paralizaciones de tramitación del PAI de
Oliva y el PAI de Tavernes de la Valldigna. El temor es que la Comunidad
Valenciana quiere desclasificar los suelos que se quedaron por desarrollar
por los promotores cuando estalló la burbuja inmobiliaria. La nueva
consellera de Territorio, María José Salvador, ya ha remitido
escritos a los municipios para que estudien «en el ejercicio de su
autonomía», las modificaciones de planeamiento que permitan
disminuir el suelo urbanizable, ajustándolo a las necesidades reales
de crecimiento y a los criterios ambientales que actualmente marcan las
directivas europeas». Son muchos los planes urbanísticos de
la Comunidad Valenciana que están amenazados. Los ayuntamientos
ya han recibido cantidades anticipadas a cuenta en estos PAIs y ahora alegan
que no tienen caja para asumir sus obligaciones de urbanización.
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prácticas
Recientemente,
el pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ratificó los acuerdos
adoptados en las Comisiones Territoriales de Urbanismo de Castellón
y Valencia que suponen la paralización de más de 7,667 millones
de metros cuadrados y casi 25.000 viviendas que no llegaron a desarrollarse
al iniciarse la crisis.
PAI DE
MANISES
Entre los
proyectos afectados se encuentra el sector «Gran Manises»,
en el que participaba el empresario alicantino Enrique Ortiz asociado a
lnstituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), ahora EIGE (Entidad de Infraestructuras
de la Generalitat)
La Comisión
Territorial de Urbanismo de Valencia acordó denegar la aprobación
del expediente de homologación y plan parcial del Sector Gran Manises,
que preveía el desarrollo de una amplia franja de terreno declarado
actualmente como suelo «no urbanizable» que habría pasado
a «urbanizable» de uso global residencial.
La superficie
de suelo edificable ascendía a 1.403.520 metros cuadrados de los
que 1.007.257 serían residenciales, distribuidos en torres de 12
alturas que hubieran supuesto la construcción de 9.000 viviendas.
El resto, hasta 67.150 m2, tendrían uso terciario.
La empresa
planeaba el desarrollo de una extensa área de suelo que en la actualidad
se encuentra clasificado como "no urbanizable", y pasar a clasificarlo
como suelo "urbanizable" de uso global residencial.
La Comisión
de Urbanismo ha basado su informe desfavorable por un lado en el informe
negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar
y por otro, en que no se adecúa al modelo territorial sostenible
de la Generalitat, en cuanto a que la implantación de esta actuación
incrementaría la superficie del suelo urbanizable del municipio,
contradiciendo la normativa territorial y urbanística donde se promueve
una proporcionada ocupación del suelo.
Tampoco
ha quedado justificada la viabilidad económica del plan, ya que
el documento ha ido asumiendo cargas sobrevenidas como consecuencia de
los distintos informes sectoriales recabados.
Para el
director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
Lluís Ferrando, estos proyectos no cabían en la "nueva política
de racionalización del uso del suelo y no se ajustaban a las necesidades
reales y de protección del medio ambiente". La operación
era "absolutamente desproporcionada y estaba mal dimensionada y planificada".
PLAN PARCIAL
DEL SECTOR BENAMAR EN CHIVA
El Consell
ha confirmado el acuerdo para denegar la aprobación del Plan Parcial
del sector Benamar en Chiva, proyectado sobre 2.241.491 metros cuadrados
clasificados como suelo no urbanizable común que pasaba a residencial
de baja densidad para construir 2.916 viviendas.
La Comisión
ha considerado que se trataba de un modelo de crecimiento urbano extensivo,
de baja densidad, disperso y que no cumple con los criterios de utilización
del territorio de la Ley de Ordenación del Territorio.
En este
caso, se proponía en un suelo de 2.243.491 m2, la creación
de 2.916 viviendas y usos terciarios que implicarían 9.269 habitantes.
PLAN PARCIAL
DE MEJORA DEL SECTOR NORD DEL ALTER
En la provincia
de Valencia se ha paralizado el Plan Parcial de Mejora del Sector Nord
del Alter, con 176.610 metros cuadrados y el sector PPI-3, donde se proyectaban
67.150 hectáreas de suelo industrial.
PLAN PARCIAL
DE LA FONTETA DEL TORRUT
En Llaurí
ha sido denegado el desarrollo del Plan Parcial de la Fonteta del Torrut,
donde el nuevo suelo urbano ascendía a 562.164 metros cuadrados.
OLIVA
En Oliva
el sector afectado es el de la Finca Pleva, con 353.994 metros de suelos
no urbanizable sobre los que se proyectaban un uso residencial de baja
densidad.
La Comisión
ha denegado la aprobación de la homologación de "Finca Pleva"
en Oliva que proponía un nuevo sector de suelo urbanizable de uso
residencial, con una superficie de 353.994 m2 sobre un suelo que se encuentra
en la Zona de Amortiguación de Impactos del PORN del Marjal Pego-Oliva
y también afectada por el perímetro de 500 metros de la zona
húmeda considerada como un Espacio Natural Protegido.
TAVERNES
En Tavernes
de la Valldigna se han archivado también dos proyectos de viviendas
protegidas.
CASTELLÓN
En Castellón
se deniegan o archivan cinco planes parciales que hubieran supuesto la
reclasificación a urbano de 3.020.856 metros cuadrados con una previsión
inicial de 6.868 viviendas.
El Ayuntamiento
de Castellón ha decretado una nueva prórroga de dos años
de la ejecución del PAI 66 UE-R, que ya fue aplazado durante el
mismo periodo en el 2013, tal y como consta en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOP). Dicha actuación, de reparcelación
y construcción de pisos, afecta a la avenida Doctor Clará,
las calles Lucena y Felipe II y Gran Vía Tárrega Monteblanco,
donde las actuaciones seguirán paradas a petición del agente
urbanizador.
CULLERA
En Cullera,
la Generalitat no ha anulado el PAI llamado Manhattan, porque ya se había
completado toda la tramitación antes de las elecciones, pero el
alcalde de la localidad, Jordi Mayor, no ve posibilidades de ejecutarlo.
Sostiene que el coste de la urbanización, alrededor de 100 millones
de euros, recae sobre una empresa pública y supera con creces cualquier
esfuerzo que pueda hacer el ayuntamiento. «Este tipo de urbanizaciones
no son rentables. Tenemos que repensar qué se hace porque los criterios
bajo los que se proyectó están desfasados», mantiene.
El plan,
uno de los mayores proyectos urbanísticos de la Comunidad, contempla
la construcción de una treintena de torres de 25 alturas además
de dos hoteles de 40 plantas. En total, casi 5.000 viviendas nuevas para
un mercado absolutamente colapsado. El siguiente paso para materializar
el proyecto es la aprobación de la reparcelación pero el
nuevo primer edil no parece dispuesto a seguir con la línea trazada
por la anterior corporación. Es más, anuncia que no existe
voluntad de continuar con la macrourbanización pese a contar con
el visto bueno de la Conselleria desde 2010.
ANULACIÓN
DEL PAI EN LLÍRIA
La Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló el Programa
de Actuación Integrada (PAI) de Coto de Català de Llíria
que preveía la construcción de más de 2.000 viviendas,
un hotel y un campo de golf por la falta de recursos hídricos y
porque el trazado afecta a una vía pecuaria que atraviesa esté
paraje.
El TSJCV
anuló el PAI tras estimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Agrupación de Interés Urbanístico
Paraje Tos Pelat y el Centre de Agricultura Experimental (CAE). El tribunal
falla contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo
de Valencia del 2 de junio de 2005 que aprobó el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) en lo que se refiere al Sector 28 «Coto
de Català», el trazado de la vía pecuaria que lo atraviesa
y la Declaración de Impacto Ambiental.
Además,
la Generalitat no aportó un informe de la Confederación Hidrográfica
del Júcar al no verlo necesario. La Sala del TSJCV afirma que sigue
la interpretación del Tribunal Supremo en esta materia y recuerda
que en una sentencia de 25 de octubre de 2011 se distingue «entre
suficiencia y disponibilidad de recursos hídricos. Se trata de conceptos
que se ubican en dos planos distintos: la suficiencia hace referencia a
la existencia de recursos hídricos bastantes, en tanto que la disponibilidad
se concreta en la posibilidad de aplicar los recursos hídricos existentes
a la actuación urbanística en cuestión, lo cual requiere
del correspondiente título administrativo concesional. Por tanto,
la disponibilidad es un concepto que se ubica en un plano de valoración
cronológicamente posterior al de la suficiencia, de tal manera que
la existencia de recursos hídricos es condición necesaria
para pueda disponerse sobre dichos recursos, pero no es condición
suficiente, en tanto que la disponibilidad requiere de un título
concesional para la utilización del recurso».
Pero además,
la sentencia de 2011 concluye que el informe de la Confederación
Hidrográfica para nuevos desarrollos urbanísticos»
es preceptivo, en cuanto que de necesaria obtención; y es además
vinculante en cuanto afecta al ámbito competencial de la Confederación
Hidrográfica. Dicho informe no puede sustituirse por el de 'entidades
colaboradoras' que no tienen la posición institucional ni la competencia
técnica, la objetividad, los conocimientos y la visión panorámica
de los intereses implicados que tienen las Confederaciones».
ANTECEDENTES
11 de febrero
de 2016
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LA POSIBLE
INDEMNIZACIÓN A NOZAR POR EL PAI DE PORXINOS EN VALENCIA
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad
Valenciana. Recordamos que el Tribunal Supremo anulaó el plan
al detectar que en la tramitación del mismo plan no se acreditaba
el acceso de agua en la zona, la ausencia de un informe de impacto ambiental
y, por último, la adjudicación irregular a Litoral del Este
porque en el proceso no existió ni publicidad ni concurrencia. Anteriormente,
el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana lo declaró
nulo en base a que el juzgado de lo contencioso número 2 de Valencia
estimó parcialmente el recurso de tres propietarios de terrenos
en Riba-roja, afectados por el plan urbanístico aprobado para la
instalación de la que iba a ser la Ciudad Deportiva del Valencia
CF. Este recurso era posterior al que estimó el TSJ anulando el
PAI por falta de agua en base a un informe de la Confederación Hidrográfica
del Júcar. Ante esta situación, el pleno del Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria (Valencia) ha aprobado la devolución
a la empresa Litoral del Este de los 3,5 millones de euros que depositó
en su día esta mercantil al ayuntamiento para la ejecución
del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos para la construcción
de la futura ciudad deportiva del Valencia, un campo de golf y la construcción
de 2.440 viviendas.
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prácticas
El actual
ayuntamiento está anallizando el proceso administrativo desde su
inicio en el año 2005 con la firma del convenio urbanístico.
Entre las medidas adoptadas en la comisión de investigación
destaca la solicitud al Registro de la Propiedad de Benaguasil sobre todo
el movimiento de compra y venta de terrenos en Porxinos y en los alrededores
entre los años 2004 y 2005 --fecha de tramitación y aprobación
del PAI-- con la finalidad de depurar posibles delitos por información
privilegiada o de tráfico de influencias, entre otros.
Estos 3,5
millones proceden del aval que depositó la mercantil al ayuntamiento
para la ejecución de un PAI que iba a albergar la futura ciudad
deportiva del Valencia CF, un campo de golf y la construcción de
2.440 viviendas. La devolución del depósito supone el último
paso administrativo después de que, en junio de 2015, el Tribunal
Supremo anulara un PAI en el que concurrían hasta tres ilegalidades:
la falta de agua en la zona para suministrar más de 2.000 hogares,
la ausencia de un informe de impacto ambiental y la adjudicación
irregular a Litoral del Este porque en el proceso no existió ni
publicidad ni concurrencia.
Tras la
anulación del PAI de Porxinos, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
está a la espera de que el Valencia presente una alternativa urbanística
tal y como acordó en su día con el exalcalde Francisco Tarazona
para evitar la devolución de 160 millones a la empresa Nozar por
la venta de los terrenos cuya vigencia estaba supeditada a la recalificación
del suelo como urbanizables.
En principio,
el club de Mestalla había llegado a un acuerdo con el exalcalde
Tarazona para iniciar un nuevo PAI, que debería analizar el equipo
de gobierno que ahora dirige la localidad del Camp de Túria, integrado
PSPV, Compromís y Esquerra Unida.
De no salir
adelante esta nueva acción, el Valencia podría verse obligado
a devolver 160 millones de euros a la empresa Nozar, a quien el club vendió
parte de los terrenos con la condición de que iban a ser recalificados
como suelo urbanizable, pero que tras el fallo del Tribunal Supremo siguen
siendo rústicos.
Mientras
tanto, desde el equipo de gobierno de Riba-roja se muestran «abiertos
a la nueva propuesta que presentará el Valencia de acuerdo a la
legislación vigente sin olvidar que la última palabra para
la tramitación depende de la Generalitat Valenciana».
16 de noviembre
de 2015
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EL BLOQUEO
URBANÍSTICO DE LA MORATORIA DE LA COSTA VALENCIANA
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad
Valenciana. En principio, el suelo que queda afectado con la orden de la
Conselleria se divide en, aproximadamente, 350 hectáreas de suelo
no urbanizable y 250 hectáreas de suelo urbanizable programado o
con el plan caducado. El secretario general de los Asociación de
Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo
Ros, portavoz también de la patronal de la Comunidad Valenciana,
ha advertido del efecto que puede tener la moratoria de un año impuesta
por el Consell al desarrollo de nuevos planes urbanísticos en la
costa, y que en la provincia puede afectar, directamente, a unos siete
millones de metros cuadrados de suelo calificado como no urbanizable o
urbanizable programado. «La medida podría llegar a ser positiva
porque nadie cuestiona que haya que proteger el litoral, pero anuncios
como éste y de la forma como se hacen frenan cualquier tipo de iniciativa
e, incluso, pueden llevarse por delante a empresas que llevan esperando
desde hace diez años la aprobación de sus planes urbanísticos»,
subrayó Jesualdo Ros.
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prácticas
Los promotores
alertan, por otro lado, de que la recuperación económica
que se anuncia en el conjunto de la Comunidad Valenciana va más
lenta en Alicante, donde el peso de la construcción en la economía
es más importante que en el resto de las otras dos provincias, según
Provia. Y eso que entre enero y octubre de este año el Colegio de
Aparejadores ha registrado visados por un total de 3.377 viviendas nuevas
frente a las 2.746 que se visaron durante todo el año 2014 , y estima
a final de año se cierre con una cifra cercana a las 4.000, un 45%.
En este sentido, el presidente del Colegio, Gregorio Alemañ compartió
las impresiones de Jesualdo Ros. Alemañ consideró, en declaraciones
a la cadena Ser, que la medida no es mala pero también puede ser
perjudicial por su efecto sobre la construcción.
Los que
se mostraron completamente a favor fueron los conservacionistas de Ecologistas
en Acción, que apuntaron que la moratoria y el plan ofrecen una
oportunidad de oro para acabar con proyectos como el de Cala Mosca en el
litoral de la Vega Baja.
La reacción
de los promotores se produjo un día después de que la consellera
María José Salvador, firmara la orden por la que el Consell
ha establecido una moratoria de un año a la aprobación de
planes urbanísticos que impliquen recalificación de suelo
no urbanizable o urbanizable programado en los 500 metros de franja costera
entre Vinaroz y Pilar de la Horadada. La medida, que no afecta al suelo
urbano, prevé la protección de 43 millones de metros cuadrados
(4.300 hectáreas) en la Comunidad Valenciana, que no tienen ninguna
protección hasta que se redacte y apruebe el Plan de Acción
Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana
(Pativel), un instrumento jurídico que fijará las medidas
de protección de la franja costera y los proyectos a desarrollar
para mejorar el paisaje litoral. La moratoria afecta a los 60 municipios
de la costa donde viven 2,7 millones de personas entre Alicante, Valencia
y Castellón, con una densidad de población de 850 habitantes
por kilómetro cuadrado.
La moratoria
de un año para aprobar nuevos PAI en la franja litoral de la Comunidad
Valenciana del Consell ha sido recibida con escepticismo y decepción
por parte de los constructores de Castellón. Consideran que la decisión
llega tarde porque el boom urbanístico vivido antes del estallido
de la crisis ya ocupó buen parte de la costa de la provincia y,
en la actualidad, «ni queda mucho donde construir ni hay solvencia
para la mayoría de constructores de la provincia para hacerlo en
estos momentos», explicó el empresario Fermín Renau,
miembro de la patronal en la provincia APECC.
No obstante,
asegura que es una mala noticia para atraer inversores foráneos,
de otras provincias o países, para desarrollar nuevos proyectos
urbanísticos en el litoral de la provincia. «Nosotros tenemos
pocos proyectos en la franja litoral que pudiera desarrollarse y si había
inversores de fuera buscando oportunidades, ya se les ha ahuyentado»,
insistió. Renau insistió en que, «por lo que conozco
la provincia, no sé si en Valencia y Alicante la situación
es igual, aquí hay ahora pocos proyectos en la franja litoral. Lo
que teníamos que hacer ya lo hicimos», afirmó. El empresario
matizó que existen algunas excepciones como Benicàssim donde
se han reactivado algunas promociones que han tenido una buena respuesta
por parte de la demanda pero no son la regla general. «En Benicàssim
apenas se construyó durante los años de la expansión
inmobiliaria y ahora, si se hacen un par de promociones es lógico
que hay una buena respuesta. Mientras en Moncofa proyectábamos mil
viviendas en Benicàssim eran sólo cinco, por poner un ejemplo»,
indicó Renau.Por este motivo, el constructor castellonense considera
que la medida del Consell pasará «sin pena ni gloria»
para la provincia. «Es sólo un año. No hay muchos proyectos
en esa franja litoral que estén pendientes de aprobarse. Ojalá.
Aunque de cara a futuros proyectos es una mala noticia porque aleja a los
inversores», añadió.
Tras casi
ocho años de crisis, el sector de la construcción en Castellón
sobrevive con dificultad con pequeñas obras y reformas. «La
construcción va un poquito mejor de la mano de la reforma, tipo
cocinas, baños y poco más. La promoción, hay poca,
la verdad. Algún autopromotor que pone en marcha una pequeña
obra y poco más», insistió Fermín Renau. El
constructor insistió en que la venta de pisos sigue muy estancada.
«Pequeños pisos se venden, operaciones de menos capital. Pero
queda mucho por vender y seguimos atados de pies y manos a los bancos.
Lo que se vende es a través de la Sareb y has de cumplir unos requisitos
muy estrictos», se lamentó el empresario de Castellón.
