De forma inmediata,
se va a mejorar el firme de las calles, para facilitar el acceso del servicio
de correos y de las rutas escolares. También se regularizarán
las redes de suministro de luz y de agua, la limpieza de escombros y se
implantarán líneas de autobuses de la EMT.
Además,
habrá un primer plan de choque que comenzará casi de inmediato,
y en el que está previsto que se inviertan 1,5 millones de euros
en construir carreteras adecuadas que permitan la recogida de basura, la
puesta en marcha de un servicio de Correos o rutas escolares; mejorar la
comunicación pro la EMT, y garantizar la red de suministros básicos
-agua y luz-.
La presidenta
regional ha defendido que se ponga en marcha finalmente un acuerdo que
supone «un desafio para todas las instituciones» por la necesidad
de trabajar para que «todas las personas tengan las mismas oportunidades».
Ha destacado el acuerdo unánime alcalzado, «en una legislatura
en la que no es fácil que estemos todos de acuerdo en algo».
El primer objetivo
será desmantelar el foco más conflictivo (situado en Valdemingómez,
en el distrito de Vallecas) antes de que termine la legislatura.
En Coslada
se ofrece una solución urbanística (las viviendas de la Cañada
a su paso por este municipio están integradas en la trama urbana,
lo que convierte al sector 1 en el de “más fácil solución”,
tal y como reconoció el alcalde cosladeño, Ángel Viveros),
en Rivas y en Madrid toca sentarse a valorar, zona por zona y casi
caso por caso, la solución concreta que se dará a los sectores
2, 3, 4 y 5. Ahora, se abordará un estudio que durará un
año, prorrogable a dos, en el que se propondrá soluciones
al tramo más largo y complejo del asentamiento, sujeto a afeccciones
urbanísticas de todo tipo (acústicas, gasoductos, infraestructuras…)
y que hace ‘frontera’ entre Rivas y Madrid. El acuerdo incluye un cambio
de lindes entre ambos municipios para facilitar la solución a la
Cañada. De manera inmediata, la Comunidad ha previsto un plan de
choque, dotado con 1,5 millones de euros para este año 2017, con
el que se abordarán las tareas más urgentes para dignificar
la Cañada: arreglo de viales, servicios de recogida de basuras y
Correos, asfaltado, etcétera.
En cuanto a
los más de 7.000 habitantes del asentamiento se garantizará
el acceso a la vivienda (que no a la propiedad) de aquellos que estuvieran
allí censados en 2011. Para los demás, existe el compromiso
de estudiar medidas para facilitar el derecho a la vivienda. Los realojos
se realizarán por toda la Comunidad de Madrid, según el compromiso
adquirido. Además, habrá medidas en los ámbitos laboral
(se creará una bolsa de empleo con empresas dispuestas a ofrecer
trabajo a los habitantes de la Cañada, además de una oficina
de empleo público en Rivas Vaciamadrid), educativo (para evitar
crear ‘guetos’ y redistribuir al alumnado de forma que se facilite su integración)
y social (acceso a la Renta Mínima de Inserción, etcétera).
Las medidas
integradas en el plan de choque cuentan con una partida presupuestaria
propia de 1,5M€ que ya está empezando a mejorar la vida de
esas más de 7.200 personas que viven en la Cañada Real.
ANTECEDENTES
NOTICIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.
20 de julio
de 2016
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
MADRID
ANTE EL RETO URBANÍSTICO DE LA CAÑADA REAL
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Madrid.
Las administraciones no avanzan y aumentan las urbanizaciones ilegales
en la Cañada Real. De momento no hay ni transformación urbanística
ni integración social. No hay ni expropiaciones ni legalizaciones,
todo está parado. ¿Quién es responsable? La culpa
se reparte entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid,
Coslada y Rivas Vaciamadrid. Se reunieron en septiembre y no han vuelto
a dar señales. Casi un año con un asunto urbanístico
tan grave completamente paralizado. En enero de 2016, el Consejo de Gobierno
de la Comunidad nombró a José Antonio Martínez Páramo
nuevo comisionado regional para la Cañada Real. El objetivo era
impulsar el proyecto, coordinar el trabajo de las administraciones implicadas
y de las mesas de trabajo creadas para tratar los diferentes problemas
que afectan a este asentamiento ilegal. Lo mismo hizo el Ayuntamiento de
Madrid nombrando comisionado para la Cañada Real al educador social
Pedro Navarrete.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
En materia
urbanística, Navarrete aboga por "acabar con la ilegalidad imperante
durante 25 años en este territorio de más de 14 kilómetros
de longitud que comparten Madrid, Rivas y Coslada", algo que necesita del
"acuerdo e implicación de la Comunidad de Madrid".
"No es
algo imposible, el poblado del Salobral, uno de los más grandes
de Europa con más de 500 chabolas, fue desmantelado gracias al trabajo
conjunto de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. En Cañada tenemos
que dar una solución para las cerca de 400 chabolas y miles de infraviviendas.
Estas no pueden seguir ahí", argumenta.
Pedro Navarrete
explica que la idea de la figura del comisionado surge de un viaje que
hizo a Sevilla a propuesta de Agustín Rodríguez, párroco
de la única iglesia que hay en Cañada, la de Santo Domingo
de la Calzada. Su plan era conocer la realidad de un barrio como Las 3.000
Viviendas, en el que las tres administraciones habían designado
para solucionar los problemas del barrio a un interlocutor.
"Ese modelo
es el que hemos exportado a Madrid. Mi papel pasa por mediar con los vecinos
y con el resto de actores clave de las administraciones implicadas para
acabar con 25 años de ilegalidad y abandono de un poblado como Cañada,
con más de 14 kilómetros de longitud", detalla. Su interlocutor
en la Comunidad es José Antonio Martínez Páramo.
Este educador
social insiste en que el principal escollo es el urbanístico: "Todas
las administraciones tienen como reto ponerse de acuerdo para dar legalidad
y sacar de la situación de abandono a un asentamiento en el que
conviven más de treinta nacionalidades. Esto debe ser compatible
con el respeto a las leyes urbanísticas".
ANTECEDENTES
2 de febrero
de 2015
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
OPERACIÓN
CAÑADA: MODIFICACIONES PUNTUALES DE LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN
URBANA (PGOU) DE MADRID, COSLADA Y RIVAS.
Convertir
conocimiento en valor añadido: Guía práctica
inmoley.com del director de suelo y guía del urbanismo de Madrid.
La mesa de Urbanismo del consorcio urbanístico, integrado por la
Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid
dejará en manos de los técnicos las modificaciones puntuales
de su planteamiento urbanístico. Forman parte de esta mesa
la Comunidad y los Ayuntamientos por los que discurre la Cañada
Coslada (1,4 kilómetros), Rivas (tres kilómetros) y, en su
mayor parte (casi 13 kilómetros, con una anchura de entre 40 y 80
metros), por los distritos madrileños de Vicálvaro y Villa
de Vallecas).
Herramienta
práctica > Guías prácticas
El objetivo
esencial en estas materias es la de ordenar urbanísticamente y socialmente
la zona, consolidando el mayor número de residentes y viviendas,
conforme a la legislación y con pleno respeto a la potestad urbanística
municipal. A tal fin, se creará una entidad u órgano que
integre a todas las Administraciones implicadas, con todas las competencias
necesarias para acometer la actuación en su conjunto desde el proyecto
de
urbanización
hasta el realojo de las familias que no puedan quedarse en la zona.
En el denominado
sector 6, dada su complejidad, la proximidad a Valdemingómez y al
parque Regional, y debido a la necesidad de actuar primero socialmente,
llevará un proceso diferenciado y más prolongado en el tiempo,
destinándose estos suelos a aquellos usos que sean viables conforme
a las condiciones y situación de los terrenos. Se van a mantener
la mayoría de viviendas y locales que hay en la actualidad, pero
como ya he explicado en otras ocasiones, no se van a mantener las infraviviendas
existentes, ni las viviendas vinculadas al narcotráfico, ni tampoco
los locales comerciales e industriales, que no cumplan las mínimas
condiciones de seguridad y no puedan adecuarse a la normativa correspondiente.
La Comunidad
de Madrid se compromete a "una solución urbanística a la
Cañada Real en el menor plazo posible", y elegirá en las
próximas semanas "un equipo redactor" que se encargará de
las modificaciones puntuales de los Planes Generales de Ordenación
Urbana (PGOU) de Madrid, Coslada y Rivas.
Esta mesa,
que volverá a reunirse dentro de un mes, pretende dar "una respuesta
definitiva a la gestión del suelo y la ordenación urbanística"
de esta antigua vía pecuaria, ha dicho el consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, Borja Sarasola, tras presidir la reunión.
La reunión
de hoy ha sido "una primera toma de contacto" para trazar las líneas
por las que debe discurrir la configuración urbanística,
la gestión del suelo y la regularización de las viviendas,
explica la Consejería en una nota, en la que detalla que la Cañada
Real Galiana "carece de ordenación urbanística en cada uno
de los planes municipales".
Con la
creación de un equipo para abordar y redactar los cambios en los
PGOU, se pretende que "lo que está de hecho, se haga de derecho,
y los vecinos puedan tener finalmente el título de propiedad de
sus viviendas en un entorno, en un barrio completamente ordenado", según
Sarasola.
Además
de la redacción del planeamiento urbanístico, se va a trabajar
en paralelo y de manera conjunta en la conclusión de los censos,
como paso previo que culminará con "la venta a los propietarios
ya de un terreno ordenado y una realidad urbanística aprobada".
La Comunidad
de Madrid trabajará de manera coordinada y activa con los vecinos
y con los ayuntamientos, escuchando sus solicitudes y necesidades, con
el objetivo de que la solución urbanística alcanzada "sea
participada y acordada por todos".
Además,
se hará "una propuesta de planeamiento conjunta para los tres términos
municipales", de forma que la solución final "esté cohesionada
y dé coherencia a todo el trazado", añade el comunicado de
la Consejería.
Como paso
previo, y de forma paralela también al trabajo del equipo redactor
del planeamiento urbanístico, los Ayuntamientos habrán de
concluir sus censos para poder regularizar las viviendas que cumplan con
los requisitos establecidos.
La mesa
de Urbanismo seguirá en paralelo a los trabajos ya iniciados en
la Mesa Social para atender a las necesidades educativas, sociales y sanitarias
de los vecinos de la Cañada, y dar así "una respuesta integral
a una cuestión que viene heredada de décadas anteriores".
Entre los
participantes reunidos figuran asociaciones vecinales, entidades sociales,
responsables del Instituto para el Realojo y la Integración Social
(IRIS) y de las consejerías de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Asuntos Sociales y Presidencia e Interior, así como
los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas.
El objetivo
pasa por "la consolidación del mayor número de residentes
y viviendas donde resulte compatible el uso residencial, y de manera que
resulte lo más homogénea posible conforme establece la Ley
del Suelo y con pleno respeto a la potestad urbanística municipal",
según la consejería.
En los
14,4 kilómetros de longitud de la Cañada Real viven 7.725
vecinos en seis sectores de distinta tipología, desde viviendas
consolidadas hasta infraviviendas.E
ANTECEDENTES
20 de enero
de 2015
LA MESA
DE URBANISMO DE LA CAÑADA REAL UNA OPORTUNIDAD PARA DIRECTORES DE
SUELO
Convertir
conocimiento en valor añadido: Guía práctica
inmoley.com del director de suelo y guía del urbanismo de Madrid.
La mesa de Urbanismo en la que la Comunidad y los Ayuntamientos por los
que discurre la Cañada debe acordar cómo se va a urbanizar
la zona, va a iniciar sus reuniones. El objetivo esencial será consolidar
el mayor número de residentes y de viviendas, en aras de la normalización
urbanística y social. Se creará un consorcio entre la Comunidad
y los municipios para el desarrollo urbanístico, con un modelo preferentemente
residencial de viviendas unifamiliares que no superen las dos plantas.
La Comunidad parece decantarse porque el coste de urbanización recaiga
principalmente en los Ayuntamientos que se resarcirán mediante la
venta de suelo sobrante. La Cañada Real tiene un millón de
metros cuadrados de superficie, y los que no estén ocupados por
asentamientos irregulares se venderían a promotores a un precio
superior al fijado para los vecinos.
Herramienta
práctica > Guías prácticas
Sólo
los habitantes censados en 2011/12 tendrán derecho a comprar sus
viviendas. El resto genera una oportunidad de suelo para la promoción
inmobiliaria.
La Cañada
ocupa 107 hectáreas. Sobre suelo de Coslada hay censadas 927 personas,
la inmensa mayoría en viviendas consolidadas. En Rivas hay 1.132
personas (un 60% magrebíes, el resto españoles). En Madrid
hay 5.666 personas; la mitad ocupa viviendas deterioradas que habría
que derribar. Además, la mayor parte del tramo (el sector 6) no
es suelo urbanizable por la cercanía del vertedero de Valdemingómez.
Madrid estimó que unas 4.500 personas deberían marcharse,
y que un 40% debería hacerlo sin derecho a realojo. Se tendrían
que marchar. O ser expulsados.
Dada su
complejidad, y debido a la necesidad de actuar primero socialmente, llevará
un proceso diferenciado y más prolongado. Una vez concluya, el suelo
albergará “un parque tecnológico, empresarial e industrial”.
Los realojos
correrán a cargo del consorcio, que también deberá
encargarse de urbanizar la zona. Todo ello, con los ingresos obtenidos
de la venta del suelo. Madrid ya ha avanzado que, en su tramo, la urbanización
costaría 250 millones, y los realojos otros 100.
La única
posibilidad para cuadrar las cuentas sin necesidad de dinero público
sería la venta a precio de mercado de las parcelas deshabitadas
o que no puedan ser compradas en el futuro por sus actuales ocupantes
La Comunidad
parece decantarse porque el coste de urbanización recaiga principalmente
en los Ayuntamientos que se resarcirán mediante la venta de suelo
sobrante. La Cañada Real tiene un millón de metros cuadrados
de superficie, y los que no estén ocupados por asentamientos irregulares
se venderían a promotores a un precio superior al fijado para los
vecinos.
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