No obstante, ha explicado que la consejería valorará, de forma excepcional, las necesidades especiales de municipios que sean peculiares y que precisen una estructura distinta, para lo cuál se estudiarán los informes que se realicen. Hay que destacar que la variación del coeficiente habitante por vivienda deberá estar siempre incluido en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo y no provocar una disminución de la calidad ambiental a causa del crecimiento de las zonas residenciales.

Fiscal ha recordado que, en estos momentos, se está tramitando una nueva modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en la que es posible introducir criterios objetivos y consensuados que permitan una regulación que especifique con claridad qué condiciones y trámites deben darse para que un municipio pueda variar en su Plan de Vivienda y Suelo el coeficiente de 2,4 habitantes por vivienda. Una cifra que se fijó en la Orden de 2008 para el cálculo poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico y ajustada al supuesto número medio de personas que hoy conforman un hogar.

Este coeficiente, que según las previsiones de ocupación de hogares subirá ligeramente a medio plazo, ha servido de guía estos años para que la planificación urbanística adecuara el número de viviendas previstas a la población real. No en vano, el propio Pacto Andaluz por la Vivienda y la Mesa de Concertación Social de Andalucía acordaron que el crecimiento urbanístico se adaptara a la evolución real de la población y al tamaño actual de los hogares andaluces.

En este sentido, Fiscal ha explicado que en el supuesto de que un plan municipal de vivienda y suelo propusiera un aumento de esta ratio, debería justificar con claridad la razón por la que en un municipio se dan condiciones excepcionales que concluyan que el número de habitantes por vivienda es inferior a la media autonómica y nacional.

En el transcurso de su intervención, el consejero ha informado que el Instituto Nacional de Estadísticas baraja que este índice suba al 2,6 para 2023, una cifra muy similar a la que establece la citada orden y que va a permitir que, al menos en este punto, la planificación urbanística se realice con una base y con criterios sólidos a la hora de diseñar una ciudad.

En esta línea, el titular de Medio Ambiente ha dejado claro que la ocupación de los hogares andaluces no podrá ser utilizada con carácter general como argumento para que el mercado de viviendas aumente por encima de las necesidades reales.

APORTACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS. EQUO Andalucía 

La coportavoz de EQUO Andalucía y parlamentaria, Carmen Molina, ha detallado que entre las aportaciones de EQUO a la modificación de la LOUA se encuentra, por ejemplo, la petición de que se establezca en la  ley que la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Urbana Sostenible e Integrada, de rango municipal o supramunicipal, “sea requisito previo a la redacción de un plan de ordenación urbana”, o desarrollar herramientas de evaluación y planificación con criterios de género y generación.

EQUO propone asimismo reglamentar la participación ciudadana en la elaboración y desarrollo del planeamiento urbano,  asegurar la coherencia de los planes urbanísticos con los planes territoriales regionales y subregionales, orientar los planes de vivienda a la activación de la vivienda vacía a precio asequible para la población y a la rehabilitación, con prioridad a la rehabilitación de barrios, o agilizar la desclasificación de suelos urbanizables no desarrollados, entre otras medidas.

“Las aportaciones que hacemos de cara a la modificación de la ley buscan además agilizar la transformación del espacio público de nuestras ciudades para destinar la mayor parte del mismo a los peatones, cualificando estos espacios para que sean accesibles y vivos; implementar medidas para recuperar el modelo de la ciudad mediterránea, compacta y compleja; y recuperar y regular la agricultura urbana y periurbana, mediante la fórmula de los parques agrarios y huertos urbanos”, ha explicado la coportavoz de EQUO Andalucía, que ha participado activamente en la elaboración de estas propuestas junto a otras personas de EQUO como Esteban de Manuel, coportavoz de la formación en Sevilla y arquitecto con una amplia trayectoria en gestión social del hábitat.

Así, las propuestas del partido verde buscan alumbrar “una ley que posibilite un urbanismo sostenible que disminuya nuestra huella de carbono y mitigue los efectos del cambio climático” y que “posibilite un nuevo modelo productivo y de consumo, basado en la economía circular y local”.

El modelo urbanístico de EQUO aspira a “recuperar las ciudades para las personas”, desarrollando redes de movilidad sostenible - particularmente mediante la alianza bicicleta y transporte público-, avanzando hacia la peatonalización con criterios de accesibilidad universal, de género y de generación, acelerando la transición del modelo energético hacia el 100% renovable, y priorizando la rehabilitación de barrios como ámbito idóneo para ensayar procesos de transición a la sostenibilidad.

En este sentido, desde EQUO también se han referido hoy a la nueva edición del Plan de Construcción Sostenible anunciada por el Gobierno andaluz y que contempla una inversión de 75 millones de euros para financiar proyectos de eficiencia energética. “Efectivamente creemos que éste es el camino que debe tomarse, la rehabilitación y los proyectos de rehabilitación en viviendas y edificios deteriorados o ineficientes”, ha señalado Molina.

Para EQUO, el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía debe centrarse y ser aún mayor en este tipo de planes e iniciativas “con los que además de conseguir resultados a largo plazo, creando ciudades más eficientes y sostenibles, se generan empleos verdes”. 

 
ANTECEDENTES 15 de marzo de 2017 
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE ANDALUCÍA
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del Urbanismo de Andalucía.
Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre las precauciones en materia de parcelación urbanística con la reforma de la LOUA.
La Junta ha iniciado el proceso para la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) mediante unas jornadas con las que pretende recabar aportaciones para el nuevo texto. Bases para un nuevo urbanismo en Andalucía es el título de las jornadas en la que intervienen colegios profesionales, ayuntamientos, partidos políticos, representantes de los consumidores, empresarios, sindicatos y todos los agentes relacionados con el urbanismo. El objetivo de estos encuentros es intercambiar experiencias sobre el grado de cumplimiento de esta norma y las líneas maestras que debe seguir su reforma. En definitiva, con esta iniciativa se pretende promover la participación de los principales actores que participan en esta actividad para que expongan las directrices que deben inspirar la nueva ley urbanística de Andalucía. La actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) necesita de una modificación para que se simplifiquen y agilicen los trámites administrativos, y para que se adapte definitivamente a los nuevos tiempos. Desde la Junta de Andalucía se entiende que dada su complejidad, es imprescindible contar con la opinión y participación de todos los actores que intervienen en el urbanismo, de ahí que se abra este proceso participativo.

Entre las causas que han motivado la revisión de la LOUA destacan la crisis económica actual, la necesidad de agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos y de restarles complejidad, así como las numerosas reformas que ha sufrido el texto desde su entrada en vigor en 2002. No en vano, la modificación de esta ley, aprobada por el Parlamento andaluz en julio de 2016, ya incluía dos disposiciones finales relativas a la simplificación y unificación de la normativa urbanística y a su desarrollo reglamentario. 

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se tiene claro que la LOUA necesita una revisión, tanto por los plazos de tramitación actuales, que supone que un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se resuelva en más de ocho años, como por la necesidad de profundizar en el principio de autonomía local, ya hay decisiones urbanísticas que se abordan mejor en el ámbito local.

Asimismo ha incidido en que con la nueva LOUA se aspira a reducir los plazos actuales de tramitación a la mitad, de manera que la elaboración de un PGOU pueda sustanciarse en los cuatro años que comprenden un mandato municipal.

El objetivo a partir de ahora pasa por construir el consenso necesario para iniciar esa revisión, ya que se trata de dotar de un nuevo marco a una actividad como la urbanística que tanta incidencia tiene sobre el territorio, la economía, el empleo, los ayuntamientos y los ciudadanos.