Las mayoría de las 23 promociones financiadas al 50% por el BEI estarán ubicadas en barrios de la periferia de la ciudad, en especial en los distritos de Sants-Montjuïc, Sant Andreu , Nou Barris y Sant Martí. Serán bloques de alta eficiencia energética y se destinarán a personas mayores y familias con dificultades para acceder al mercado libre de viviendas, que en ambos casos pagarán un alquiler variable en función de su ingresos. Algunas de las promociones están en fase de redacción del proyecto, mientras que otras están ya en fase de concurso o a punto de iniciarlo.

El ayuntamiento ha destacado que la participación del BEI "suplanta la inexistencia de una banca pública a la que recurrir". Ni en Cataluña ni en España, afirma, puesto que ni el Instituto Catalán de Finanzas ni el Instituto de Crédito Oficial otorgan créditos para promover alquiler público. La concesión definitiva del crédito ahora aprobado por el BEI, necesitará el aval político del pleno de junio y la operación podría firmarse antes de las vacaciones de verano.

El Ayuntamiento engloba esta operación en su "nueva política municipal de relación con las entidades financieras que quiere favorecer, desde el liderazgo público, una economía más plural e incorporar nuevas tipologías de entidades financieras en la gestión municipal como cooperativas o entidades de banca ética". El único precedente en España data del año pasado, con un crédito de 40 millones que el BEI otorgó a una sociedad de Navarra para construir viviendas sociales y energéticamente eficientes.

Los criterios del BEI para otorgar subvenciones para hacer vivienda son muy exigentes, asegura el Ayuntamiento. Deben ser proyectos con vocación social (pisos para personas que no tienen acceso al mercado privado, como mayores o familias sin recursos) y construcciones con elevados estándares de calidad ambiental.

El objetivo municipal es tener un parque público de alquiler para personas inscritas en el registro de solicitantes, pero de gestión mercantil. Es una de las medidas del ambicioso —se extiende hasta 2025— Plan por el Derecho a la Vivienda que presentó  el ejecutivo. El plan promete atender las emergencia, garantizar el buen uso de las viviendas, rehabilitación y construir 8.000 pisos de alquiler hasta 2020.  Para toda la década la previsión presupuestaria del plan es de 1.666 millones de euros, un 77% más de media anual que en el plan anterior (2008-2015). El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner considera que el plan tiene en cuenta las necesidades de los distritos y que creará 29.000 empleos.

REQUISITOS

Los 8.096 pisos con los que el Ayuntamiento quiere ampliar el parque asequible en 2020 pasan por los que se construyan gracias a un amplio abanico de fórmulas: el planeamiento en curso; los dotacionales (para colectivos como personas mayores en suelo de equipamientos); construidos por el Patronato Municipal de la Vivienda; en derecho de superficie sobre suelo municipal; por cooperativas de cesión de uso; comprados por el Ayuntamiento mediante el derecho de tanteo y retracto o movilizando pisos que cedan particulares, sean vecinos o grandes propietarios. Incluso prevé construir vivienda social en remontas (sobre edificios ya construidos) o en locales comerciales vacíos. La otra fórmula es la futura empresa, inspirada en las housing asociations, Asociaciones de Vivienda que existen en países como Holanda, Francia, Austria o el Reino Unido.

EL SUELO

En Barcelona, las grandes bolsas de suelo público se concentran en pocas zonas y casi el 80% del potencial de 20.000 pisos protegidos está en los distritos de Sants Montjuïc, Sant Andreu o Sant Martí, que son las áreas donde ya existe más oferta pública. De todas, con diferencia, el mayor paquete está en La Marina, en la Zona Franca, donde están previstos más de 4.500. Por ello el plan prevé crear vivienda en suelo urbano consolidado, la trama construida de la ciudad. Mediante modificaciones del planeamiento el plan municipal prevé convertir en viviendas locales comerciales. “Locales que no sean determinantes para el tejido comercial”, indicó 

El plan quiere redoblar los esfuerzos en los programas ya existentes para captar pisos de pequeños propietarios. Ayudarles si hay que hacer alguna reforma y garantizar el pago de la renta por parte de los inquilinos. Para captar pisos de grandes propietarios (como la Sareb o entidades financieras) se firmarán convenios como los ya firmados.

Los instrumentos que tiene el Ayuntamiento para comprar pisos y destinarlos al alquiler público es ejercer el derecho de tanteo y retracto (compra preferente) o a entidades financieras a través de convenios, además del mercado privado. Más allá de la construcción, compra y captación de pisos para incrementar el parque de alquiler, el Plan por el Derecho a la Vivienda también contempla medidas en materia de rehabilitación valoradas en 150 millones de euros.

EVITAR USOS ILEGALES DE LA VIVIENDA

La vivienda debe cumplir su función social, de modo que el plan insiste en garantizar esta función y evitar usos anómalos, como viviendas mal conservadas, desocupadas o sobreocupadas. Este capítulo prevé sanciones, como las que ya se han interpuesto a bancos que tienen pisos vacíos.