Isolux Corsán ha solicitado preconcurso de acreedores para contar con cuatro meses más para negociar con los bancos una inyección de capital de unos 400 millones que garantice la viabilidad de la compañía y, en último término, evitar el concurso. La compañía de construcción e ingeniería tiene operaciones en 35 países y emplea en la actualidad a 5.236 trabajadores.

"El Consejo de Administración de Isolux Corsán ha acordado por unanimidad …acogerse al artículo 5 bis de la Ley Concursal, con el fin de disponer de tiempo para concretar una inyección de fondos que permita la consolidación de la reactivación de las actividades empresariales", anunció la empresa en un comunicado. Tomó la decisión después de que no llegara a buen puerto la negociación que mantiene desde finales de 2016 con sus tres principales bancos acreedores y accionistas: Santander, Bankia y CaixaBank. La empresa necesita de forma inmediata unos 40 millones. Y los bancos, en especial Santander, eran reticentes a seguir dando crédito a la compañía.

Isolux aseguró en su comunicado que solicitar el amparo de la Ley Concursal "no afectará al mantenimiento de su actividad ni a la capacidad de ejecución de los proyectos iniciados en los últimos meses". De hecho va a seguir negociando con un nuevo pool de bancos formado por Caixa y Bankia (6,8% de la deuda) más sabadell (4,6%), Popular (1%), Nativos (1,2%), Société Générale (2%) y Deustche. ING, que no está en el pool, tiene un 3%.

Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el Santander se ha negado a mantener la financiación en Isolux porque tiene dudas sobre el futuro de la compañía. La entidad presidida por Ana Botín mantiene 90 millones de deuda con la compañía, pero rechaza colocar más dinero para cubrir los gastos corrientes de la empresa.

Isolux ha solicitado casi 400 millones para atender su circulante, y de forma inmediata necesita unos 40 millones para nóminas y otros gastos, y el Santander no quiere poner más dinero hasta que no exista un plan de futuro que haga viable la empresa, según fuentes del mercado. Además, considera que debería asumir más riesgo quien ya estaba en ella antes de su reestructuración, en este caso CaixaBank, que llegó a controlar el 28% y ahora tiene el 10,6%, herencia de las cajas que formaron parte de Banca Cívica.

Con la entrada en preconcurso, la empresa se asegura de que tendrá cuatro meses para ultimar un acuerdo con la banca que garantice su viabilidad sin que un acreedor pueda instar su concurso. El plazo de los cuatro meses comenzará una vez que el correspondiente Juzgado de lo Mercantil admita la solicitud de preconcurso.

La empresa ya anunció a mediados de semana que tenía que retrasar hasta el viernes la presentación de sus cuentas porque eran Complejas. Este viernes acordó retrasarlo de nuevo dada la "importancia" que la negociación sobre la nueva financiación tiene sobre los resultados.

En julio de 2016, Isolux, acordó con sus acreedores un plan para su reestructuración por valor de más de 2.000 millones que posteriormente fue homologado por un juez con el objetivo de hacerlo extensible a todos aquellos que no se adhirieron voluntariamente. "El equipo de gestión de Isolux Corsán lleva negociando esta inyección con sus principales financiadores y accionistas desde finales del año pasado. En diciembre se ejecutó la primera conversión de deuda en capital fruto del acuerdo de reestructuración aprobado en julio y homologado por la autoridad judicial en octubre. Como consecuencia de estas operaciones, el accionariado de la compañía quedó compuesto por bancos y bonistas en un 94,67%, mientras que los anteriores accionistas de control diluyeron su participación hasta el 5,43%", recordó la empresa.

Isolux tiene a la venta todas sus concesiones con el fin de centrarse en los negocios de ingeniería y construcción, desarrollados por Isolux EPC, donde prevé dar entrada a un socio industrial. El plan supuso además una reestructuración de la empresa, tanto en plantilla como en dirección y organización, y el lanzamiento de un programa de desinversiones de activos no estratégicos para lograr recursos con los que pagar parte de su deuda, el denominado "tramo b", de unos 750 millones. Tras vender un parque eólico en Argentina y la filial de plantas fotovoltaicas T-Solar, trabaja para desprenderse del resto de activos.