Según los cálculos de la Dirección General de Urbanismo están «totalmente obsoletos» en más de 200 municipios. Pese a tratarse de una figura fundamental, algunos no los revisan desde el año 1986, precisamente por lo complejo y largo del procedimiento.

«Son instrumentos que a los ayuntamientos con pocos recursos se les escapan, un proceso que les resulta arduo y en algunas ocasiones imposible», reconoce la directora general de Urbanismo, Eulalia Moreno. Si no cuentan con un plan general actualizado, los municipios tienen que recurrir a la Junta y «tomar todas las cautelas» a la hora de autorizar las actividades económicas y usos del suelo. Una problemática que afecta a cuestiones tan cotidianas como la construcción de naves y granjas agrícolas, aserraderos o queserías. «Si el plan dice que en el suelo no urbanizable no puede haber industria, hay que seguir un procedimiento larguísimo para comprobar si se pueden o no hacer», explica.

Según Moreno, todo el planeamiento de Extremadura debería haberse revisado a raíz de la aprobación de la Ley del Suelo en el año 2001, pero la cuestión se ha ido retrasando, especialmente en los pequeños municipios, debido a numerosos factores. Entre ellos, los enormes plazos de tramitación, que se pueden extender «hasta 7 u 8 años», y lo complejo del procedimiento, que obliga a pedir hasta 32 informes sectoriales diferentes (de carreteras, medio ambiente, patrimonio...), cada uno de ellos a un organismo distinto y con sus propios tiempos de respuesta.

El resultado, asegura la responsable de Urbanismo, es que en algunos casos «incluso cuando se aprueba, el plan llega a estar obsoleto». Para evitar estas situaciones, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha comenzado a trabajar en la Ley de Coordinación Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos y de Ordenación del Territorio de Extremadura, cuyo borrador se ha publicado ya en el portal de transparencia de la Junta.

Esta nueva normativa establece dos novedades fundamentales: por una parte, permite al Ejecutivo regional tomar parte en el procedimiento de revisión de los planes desde el principio para dar a los ayuntamientos apoyo técnico y jurídico; por otra, pretende acortar «drásticamente» los plazos de tramitación, que se reducirían de unos siete a dos años.

A la espera de la nueva norma, la Junta está firmando convenios de colaboración con numerosos ayuntamientos para subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la tramitación del Plan General Municipal. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado esta última semana un total de 10 acuerdos con los municipios de Aldeacentenera, Casas de Millán, Tornavacas, Acebo y Gata en la provincia de Cáceres y Villagonzalo, Cristina, Vegaviana, Oliva de la Frontera y Benquerencia de la Serena en Badajoz.