Las sanciones
por actuaciones ilegales, sin título urbanístico que las
ampare, serán económicas y varía su importe. Para
obras e instalaciones ilegales en suelo urbano o urbanizable habrá
multas de entre el 50 y el 70 % del valor de la obra ejecutada si el uso
es permitido, y multas de entre el 75 y el 100 % del valor de la obra si
el uso no es permitido. Para obras e instalaciones en suelo rústico
la sanción económica será de hasta el 300 % del valor
si es un uso prohibido, y de entre el 150 y el 300 % del valor en uso autorizado.
Además, se simplifican las ejecuciones de órdenes de demolición,
que quedan exentas de licencia urbanística previa: se presenta el
proyecto y si el ayuntamiento no dice nada en un plazo de un mes, se inicia
el plazo para ejecutar. Se prevén también multas coercitivas
continuadas: del 10 % del valor de la obra ilegal que se irá repitiendo
cada mes hasta un año de tope, hasta que el infractor lleve a cabo
la demolición y la restitución. El plazo para la ejecución
subsidiaria por parte de la administración se amplía hasta
los 15 años, siguiendo así los criterios jurisprudenciales.
La administración podrá llevar a cabo la ejecución
subsidiaria desde el momento en que expira el plazo dado al infractor.
EL PP ALEGA
EL ANTEPROYECTO DE LEY DE URBANISMO POR LIMITAR EL DERECHO A LA PROPIEDAD
El PP ha presentado
alegaciones al anteproyecto de ley de urbanismo del Govern y lo ha criticado
porque considera que limita el derecho de propiedad, crea inseguridad jurídica,
resta competencia a los ayuntamientos en favor de los consells y da la
espalda a los problemas existentes en ese ámbito.
El PP ha asegurado
en un comunicado que el anteproyecto que está en fase de exposición
pública no es una ley como tal, sino una modificación de
la primera Ley del suelo de la comunidad aprobada la pasada legislatura.
El PP critica
que la norma limite el derecho de propiedad al incrementar los supuestos
de expropiación forzosa, algo que consideran que generará
inseguridad jurídica y aumentará las dificultades para que
los municipios puedan desarrollar y aprobar sus planeamientos urbanísticos
de la manera más rápida y beneficiosa para sus ciudadanos.
El PP ha defendido
la Ley del Suelo aprobada en la pasada legislatura y ha recordado que fue
aprobada con un amplio apoyo parlamentario, ya que el grupo socialista
solo votó en contra de un 25 % del texto y MÉS se opuso a
un 20 % de los 220 artículos y disposiciones del texto.
Aquella ley
fue «un primer paso histórico para regular el suelo, sus diferentes
usos, dar solución a problemas históricos como los falsos
urbanos» y para endurecer las sanciones por indisciplina urbanística,
según el partido de oposición.
La presidenta
de la comisión de Urbanismo el PP balear, Virtudes Marí,
ha pedido una reflexión «sobre la necesidad de tramitar una
nueva ley del suelo, más allá de la necesidad política
del Govern del Pacte de destruir todo lo que aprobó el PP, aunque
la realidad es que asumen gran parte de su contenido».
Según
Marí, «no ha dado tiempo a aplicar algunos aspectos de la
anterior ley y ahora se quiere cambiar, lo que genera una gran inseguridad
jurídica».
Según
el PP, de los 234 artículos y disposiciones del anteproyecto ahora
presentado, un 55 % reproduce la ley aprobada la pasada legislatura, un
7 % tienen cambios de redacción pero no de fondo, se modifica un
20 % del articulado siguiendo la misma estructura y sólo un 18 %
de la norma es nuevo.
Marí
considera que el anteproyecto elaborado por el Govern de izquierdas «no
soluciona los problemas existentes y crea inseguridad jurídica».
Ha criticado que la norma aumenta la dificultad para tramitar el planeamiento
por la complejidad de su redacción y la dificultad de su aprobación;
además ignora y pone bajo vigilancia a los ayuntamientos y a los
funcionarios; dificulta la reordenación del territorio urbano; impide
a los ayuntamientos aprobar y desarrollar su planeamiento de la manera
más rápida y no prevé herramientas para mejorar los
municipios excepto la expropiación.
ANTECEDENTES
5 de abril
de 2017
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
ACLARACIONES
DE LA NUEVA LEY DEL SUELO DE BALEARES
¿Qué
aprendo?
• Se analiza
en la guía práctica inmoley.com de Urbanismo de Baleares
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
• Los alumnos
deberán remitir a su tutor un análisis sobre las novedades
de la nueva ley del suelo de Baleares.
El conseller
de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha aclarado en el
pleno del Parlament que el anteproyecto de Ley de Urbanismo de Baleares
no fija la parcela mínima en suelo rústico porque es una
competencia de los Consells Inslars. Así lo ha señalado en
respuesta de una pregunta formulada por el diputado de El Pi Proposta Per
Les Illes Balears Josep Melià quien ha mostrado su preocupación
ante una posible modificación de la parcela mínima establecida,
ya que, según ha dicho, este tipo de informaciones "están
provocando un efecto llamada" para los constructores. "Para El Pi es un
tema intocable y fundamental", ha remarcado Melià en referencia
a no tocar la parcela mínima de 14.000 metros cuadrados para construir
en rústico.
Pons ha
insistido en que esta posibilidad no se contempla en el anteproyecto de
Ley de Urbanismo, porque "en esta Comunidad las competencias en materia
de ordenación territorio son de los Consells Insulars".
"Cada Isla
hace su camino a partir de Plan Territorial Insular. No se hace desde una
ley, porque cada Consells lo determina en función de las características
de cada territorio", ha apostillado.
15 de marzo
de 2017
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
DISCIPLINA
URBANÍSTICA EN LA NUEVA LEY DEL SUELO DE BALEARES
¿Qué
aprendo?
• Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del Urbanismo de Baleares.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
• Los alumnos
deberán remitir a su tutor un análisis sobre las novedades
en materia de disciplina urbanística en el nuevo urbanismo balear.
Resumen
de la Jornada sobre Disciplina Urbanística en Suelo Rústico
de les Illes Balears en el marco de la LOUS y su Reglamento. La disciplina
urbanística es la base para vertebrar el urbanismo y preservar el
territorio y el medio ambiente de las Illes Balears. Estas Jornadas han
abierto un debate sobre la razón por la cual teniendo un marco jurídico,
en principio estricto y suficiente, proliferan los casos de indisciplina
urbanística y de incumplimiento de los planeamientos urbanísticos
municipales. Unas Jornadas en las que se ha escuchado la opinión
del Govern Balear, los Consells Insulars y los Ayuntamientos, así
como de expertos en la materia y conocedores de la realidad de nuestras
islas. El COAIB considera fundamental apostar por las actuaciones de reforma
en los edificios existentes, por eso, se pretende orientar los arquitectos
más noveles frente un posible encargo profesional en que tendrá
que asumir un delicado análisis sobre la situación urbanística
del mismo, a los efectos de asegurar la viabilidad del encargo con la suficiente
garantía jurídica, básicamente, aprender a distinguir
entre las situaciones legales de fuera de ordenación y de inadecuación
con el planeamiento vigente, a los efectos de determinar la viabilidad
urbanística de las posibles actuaciones.
La decana
del Colegio de Arquitectos de Baleares apuesta por la sensibilización
en el respeto al entorno en la Jornada organizada para debatir sobre Disciplina
Urbanística en Suelo Rústico
La decana
del Col•legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), Marta
Vall•Llossera, ha apostado hoy por la prevención, la educación
en valores, y la sensibilización de una actitud de respeto hacia
el paisaje y el entorno como ejes de la disciplina urbanística.
Con estas
palabras, la decana ha inaugurado, en la sede colegial, la "Jornada sobre
Disciplina Urbanística en Suelo Rústico de les Illes Balears
en el marco de la LOUS y su Reglamento" con la asistencia de 200 personas,
incluidos los arquitectos de las Demarcaciones de Menorca e Eivissa que
siguen las ponencias por retransmisión.
La jornada
de debate está organizada por el COAIB y la Agrupación Balear
de Técnicos Urbanistas (ABTU) con la colaboración de los
Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, la Dirección
General de Ordenación del Territorio del Govern y la Federación
de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB).
“La disciplina
urbanística comienza antes de la inspección y sanción,
en la prevención. Es importante asegurar el cumplimiento de la Ley
para mantener su función disuasoria porque están en juego
nuestro territorio, nuestro paisaje y medio ambiente, además de
nuestra identidad y cultura”, ha asegurado Vall•Llossera.
La decana
también ha destacado la importancia de concienciar a todos los agentes
implicados (promotores, constructores, profesionales, funcionarios y políticos)
para encontrar una solución a la problemática, apelando a
la responsabilidad y comportamiento ético de todos.
“Queremos
insistir una vez más en la necesidad de consenso. Hace falta una
ley territorial y urbanística consensuada y estable con unos contenidos
básicos y comunes sin prejuicio de las particularidades de cada
isla” ha dicho.
El COAIB,
según ha explicado la decana, también cree que para actuar
de manera preventiva se deben mejorar los procedimientos administrativos
y la actuación de la administración. En este sentido, el
Colegio de Arquitectos ha propuesto el acceso telemático de toda
información urbanística y la recomendación de elaborar
textos refundidos del planeamiento para garantizar la máxima transparencia.
Por su
parte, la presidenta de ABTU, Blanca Capellá, ha señalado
que con esta jornada “hemos pretendido conocer si las leyes que tenemos
en disciplina urbanística son suficientes o no para proteger nuestro
territorio, qué deficiencias encontramos ahora en las leyes aplicables,
si tienen que ser subsanadas o no y cuáles son los problemas que
nos encontramos a la hora de tramitar un expediente de infracción
urbanística”.
El director
general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Luis Corral,
ha insistido en la necesidad de “alejar al responsable de la disciplina
urbanística del infractor para garantizar el cumplimiento de la
ley”.
En este
mismo sentido se ha pronunciado Miquel Santandreu, de Servicios Jurídicos
de la FELIB, al constatar “las dificultades de los políticos municipales
en ámbitos locales pequeños a la hora de actuar contra el
infractor dado los lazos de amistad o familiares que existen en muchos
casos”.
Bartomeu
Tugores, director de la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell
de Mallorca, ha manifestado que “la disciplina urbanística debe
estar dirigida por una administración dispuesta a llegar hasta el
final bien con multas coercitivas o con demoliciones”.
Por su
parte, el secretario del Ajuntament de Ferreries, Miguel Angel Cardona,
ha comentado que "está muy bien la regularización pero lo
que se necesita es voluntad política con el cumplimiento de la ley".
ANTEPROYECTO
DE LA NUEVA LEY DEL SUELO DE BALEARES
Destaca
el anteproyecto de la nueva ley de urbanismo que sancionará y exigirá
responsabilidad a los cargos públicos que permitan de forma continuada
indisciplina urbanística -por ejemplo, si dejan caducar expedientes,
dejan de sancionar una infracción, de ejecutar una demolición
o no aplican una sentencia- y que también dejará sin efecto
la amnistía a viviendas ilegales en suelo rústico.
Además,
el anteproyecto introduce medidas de lucha contra la especulación
-por ejemplo, con medidas correctoras que impidan plusvalías exageradas-,
dará más competencias a las agencias de disciplina urbanística
de los Consells Insulars, prohíbe los convenios de planeamientos
urbanísticos -alegando que son fuente de conflicto y han dado lugar
a indemnizaciones importantes- y crea una junta de expropiación
autonómica.
El anteproyecto,
en el que han participado más de 60 profesionales de distintos ámbitos
durante ocho meses de trabajo, ahora iniciará la exposición
pública y negociación con los grupos parlamentarios.
SUELO RÚSTICO
La ley
incorpora tanto el régimen urbanístico de suelo rústico
como aspectos de planeamiento y gestión relativos al mismo, sin
incorporar los aspectos de detalle reglamentarios incluidos en la legislación
urbanística sectorial.
Una importante
novedad es que se elimina la posibilidad de asentamientos en medio rural
como vía de reclasificación de las urbanizaciones ilegales
y también deja sin efecto cualquier amnistía de las viviendas
ilegales en este tipo de suelo.
Además,
se da competencias a los Consells Insulars y a sus oficinas de disciplina
para actuar en suelos especialmente protegidos (ANEI, ARIP, APT costeras).
LUCHAR
CONTRA LA ESPECULACIÓN
El anteproyecto
prevé como medidas para luchar contra la especulación que
las plusvalías generadas por cambios de clasificación, calificación
o rentabilidad de usos que resulten superiores a un "beneficio razonable"
deberán repercutir en la administración.
Por otra
parte, se prohíben los convenios de planeamiento urbanístico,
ya que según el conseller "han sido fuente de conflictos" y "muchas
veces han derivado en indemnizaciones copiosas" para los ayuntamientos.
Como novedad,
se crea una junta de expropiación autonómica, integrada por
profesionales.
DISCIPLINA
URBANÍSTICA
Se fijan
dos procesos de disciplina urbanística: el sancionador y el de restablecimiento
de la legalidad -y de la realidad física alterada.
El procedimiento
sancionador recoge sanciones económicas por actuaciones ilegales:
por obras e instalaciones ilegales en suelo urbano o urbanizable, multas
entre el 50% y el 100% del valor de la obra, dependiendo de si el uso es
permitido o no, y en suelo rústico, entre el 150% y el 300% del
valor si es uso autorizado y 300% si es un uso prohibido.
En el proceso
de restablecimiento y ejecución de demoliciones, se fijan responsabilidades
para las autoridades y cargos públicos que con conocimiento de causa
y teniendo posibilidad de impedirlo, permitan la indisciplina urbanística.
Además,
en las construcciones ilegales ya prescritas no se podrá autorizar
ninguna actuación, ni tan siquiera de mantenimiento.
Se simplifican
las ejecuciones de órdenes de demolición, que quedan exentas
de licencia urbanística previa (se presenta el proyecto y si el
ayuntamiento no responde en un plazo de un mes se inicia el plazo para
ejecutar) y se prevén multas coercitivas continuadas del 10% del
valor de la obra ilegal que se van repitiendo cada mes (hasta un año).
Finalmente,
el plazo para la ejecución subsidiaria por parte de la administración
se amplia a 15 años.
TRAMITACIÓN
MÁS ÁGIL
El planeamiento
urbanístico tradicional se divide en dos figuras: el plan general,
que regula los aspectos más estructurales -aunque limitando su contenido
a la escala macro, infraestructuras y dotaciones generales y usos globales-
y una nueva figura, el plan de ordenación detallado, con las determinaciones
de ordenación de carácter más flexible -forma urbana,
tipologías o usos detallados, por ejemplo.
Asimismo,
los municipios superiores a 10.000 habitantes podrán aprobar estos
planes de ordenación. El plazo de aprobación de los planes
generales -marcarán únicamente líneas estructurales-
no debe ser superior a tres años y el Consell informará en
el momento de la aprobación inicial. Se prevé una transición
de un modelo al otro.
SOSTENIBILIDAD
URBANÍSTICA
El anteproyecto
plantea la reutilización del suelo urbano para evitar nuevo consumo
de territorio, a través de medidas edificatorias como la rehabilitación,
medidas de puesta en el mercado de suelo urbano vacante, ante las demandas
de nuevo suelo, y medidas de renovación y regeneración de
tejido urbano.
Además,
todas las actuaciones urbanísticas deberán supeditarse a
un control económico: una memoria de viabilidad en el caso de particulares
y un informe de sostenibilidad económica para administraciones como
garantía de que una actuación determinada no lastrará
el futuro de las cuentas de las haciendas locales.
PROGRAMA
DE LAS JORNADAS
Mañana
De 9.00
a 9.15, Inauguración a cargo de Ilma. Sra. Dña. Marta Vall-llossera
Ferrán, decana del Col•legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears
y de Sra. Dña. Blanca Capellá Gimeno, presidenta de la Agrupación
Balear de Técnicos Urbanistas.
De 9.15
a 11.00, Visión general de la situación actual en la Administración
Pública en sus niveles autonómico, insular y municipal.
Ponentes,
- Ilmo.
Sr. D. Luis Corral Juan, director general de Ordenación del Territorio
del Govern
de les
Illes Balears.
- Sr. Bartomeu
Tugores Truyol, director gerente de l'Agència de Disciplina Urbanística
del
Consell
de Mallorca.
- Ilmo.
Sr. David López Martí, director Insular de Territori. Consell
Insular d’Eivissa.
- Consell
Insular de Formentera. Confirmada participación. Pendiente ponente.
- Sr. D.
Miguel Ángel Cardona Doyle, abogado y Secretario del Ayuntamiento
de Ferreries.
- Sr. Miquel
Santandreu Bestard. Servicios jurídicos FELIB.
De 11.00
a 11.45, Infracciones y sanciones urbanísticas, clases, personas
responsables y prescripción, a cargo de Sr. D. Josep Melià
Ques, Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Sant Llorenç des
Cardassar y Abogado Urbanista.
De 11.45
a 12.15, Pausa-café
De 12.15
a 13.00, Régimen competencial. El procedimiento de ejecución
subsidiaria de las órdenes de restablecimiento de la realidad física
alterada a cargo de Sr. D. Matias Morey Ripoll, jefe de Servicio de la
Agencia de Defensa del Territorio del Consell de Mallorca.
De 13.00
a 13.45, Valoraciones de infracciones urbanísticas, a cargo de Sr.
D. Gregorio de
Vicente
Cuadrado, arquitecto.
Tarde
De 16.30
a 17.15, El procedimiento de restablecimiento de la legalidad y de la realidad
física alterada, suspensión de obras y usos, licencias de
legalización y demolición, multas coercitivas y prescripción,
a cargo de Sr. D. Bartomeu Tugores Truyol, director gerente de la Agencia
de
Defensa
del Territorio del Consell de Mallorca.
De 17.15
a 19.00 h, Mesa redonda con todos los intervinientes. Turno de preguntas
del público y debate sobre las ponencias tratadas. Moderadora, Sra.
Dña. Blanca Capellá Gimeno.
ANTECEDENTES
11 de enero
de 2016
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
LA REFORMA
DE LA LEY DEL SUELO DE BALEARES
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Baleares.
El Govern aprobará en una reunión extraordinaria la modificación
parcial de al menos tres leyes aprobadas por el PP la pasada legislatura
y que afectaban al territorio, la agricultura y el turismo. Son la Ley
del Suelo, la Ley Agraria y la Ley Turística. Una de las principales
modificaciones es la supresión de los artículos de la Ley
del Suelo que permitían la legalización de miles de viviendas
que existen en el suelo rústico de las Islas, más de 15.000
sólo en Mallorca. La edificación masiva de viviendas en suelo
rústico se inició en la década de los 80 y experimentó
un repunte a finales de los 90 cuando se anunció que la parcela
mínima para construir pasaría de 7.000 a 14.000 metros cuadrados.
Estas viviendas son ilegalizables, lo que impide que el propietario pueda
reformarlas, hipotecarlas, venderlas o incluso hacer obras obligatorias
como la instalación de una fosa séptica. La Administración
nunca ha tenido una solución para la mayoría de estas viviendas
puesto que una vez transcurridos 8 años sin que hayan sido denunciadas
ya no se puede ordenar su derribo. La única salida la ofrecía
la Ley del Suelo al contemplar un proceso de legalización mediante
el abono de todas las licencias que se dejaron de pagar así como
de una sanción. Ahora, esta posibilidad desaparecerá con
la nueva normativa que están perfilando el PSIB, Més y Podemos
y las miles de viviendas ilegales permanecerán tal y como están,
sin posibilidad de legalizarse ni de derribarse.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Se consideraba
suelo urbanizado aquel terreno que tuviera al menos algún servicio,
como conducción de aguas o de electricidad. Ahora esta posibilidad
desaparece y las urbanizaciones que no tengan todos los servicios quedan
como ilegales.
Las parcelaciones
ilegales lo tendrán más complicado para legalizarse. Bauzá
permitía la legalización de núcleos rurales, sin especificar
que debían tratarse de núcleos tradicionales y legales. Ahora
se recupera este matiz.
El Govern
prevé quitar las excepciones que permiten urbanizar construcciones
agrarias en suelo rústico aunque la parcela no llegue a los 14.000
metros cuadrados.
En Eivissa
dejarán de poder construirse viviendas unifamiliares en las Áreas
Naturales de Especial Interés en parcelas superiores a 50.000 metros.
Las ANEI serán inedificables como en Mallorca y en Menorca.
TURISMO
Y HOTELES
Respecto
a los hoteles, a falta de un acuerdo definitivo, la idea es modificar la
ley y prohibir la ampliación de hoteles en dos alturas. Se permitirán
ampliaciones en horizontal de forma restrictiva. La altura sólo
podrá aumentarse si se hacen reformas para instalar ascensores o
para adaptar medidas de eficiencia energética.
La Ley
de Turismo permite reconvertir hoteles en edificios de viviendas. En las
zonas turísticas esta posibilidad ya no existirá. En otras
zonas, dependerá de lo que digan las normas urbanísticas
del municipio.
La nueva
normativa que prepara el Govern establece que las nuevas edificaciones
turísticas en suelo rústico sólo podrán hacerse
mediante una declaración de interés general. Este requisito
había sido eliminado en parte por la Ley Turística al permitir
edificaciones consideradas singulares por su valor arquitectónico
o turístico. Igualmente, las ampliaciones de establecimientos turísticos
ubicados en suelo protegido requerirán de un informe de evaluación
de impacto ambiental.
Se suprimen
las disposiciones que abrían la puerta a la posibilidad de crear
campos de golf o de polo en suelo rústico.
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