Para la organización el PGOU de Pedrezuela provocaría un modelo “insostenible ambientalmente, económicamente y socialmente”.

La sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJM ha dado la razón a los ecologistas, que también alegaban que se trataba de una ordenación “inviable económicamente” para los propietarios del suelo urbanizable.

En esta línea, también apuntaban que la memoria “es insuficiente” para garantizar que se cumpla con el principio de que la ocupación del suelo debe ser “eficiente”, y que los usos deben combinarse “de modo funcional”, asegurando que se cumple una función social que asegure “un resultado equilibrado”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pedrezuela aseguraba que la propuesta de vivienda estaba basada en el crecimiento de la población en los últimos años, y defendían que la puesta en marcha del plan generaría 2.700 nuevos empleos.

En cuanto a las acusaciones medioambientales, el Ayuntamiento explicaba, en el escrito que emitió tras la denuncia de los ecologistas, que las fases de elaboración contenían tres alternativas y que los solares ya contaban con los recursos hídricos.

También apuntaban que la memoria contaba con un informe de sostenibilidad económica y un estudio de viabilidad “suficientes en su contenido”.

Contra la sentencia cabe un recurso de casación, que las partes pueden presentar hasta 30 días después de la notificación del fallo.