Los infractores tienen un plazo para iniciar la demolición y si no lo cumplen, deben empezar a abonar las multas coercitivas. Estas multas consisten en pagar mensualmente, hasta un máximo de 12 mensualidades, el 10% del valor de la edificabilidad ilegal. Una vez pasado este año y habiendo pagado un 120 %, la Agencia de Disciplina Urbanística ejecuta la demolición y el infractor también lo tiene que pagar.

Este sistema, previsto en la Ley del suelo de Baleares, promueve las demoliciones voluntarias y, de este modo, el territorio vuelve a su estado inicial con mayor antelación. 2016 ha sido el primer año en que la Agencia ha puesto en marcha las multas coercitivas. Ha impuesto 69, que han supuesto una cantidad de 300.497 euros.

PARALIZACIÓN DE OBRAS ILEGALES

Durante el 2016 se han iniciado 160 expedientes sancionadores o de demolición. Esta cifra es superior a la suma de los expedientes iniciados entre 2012 y 2015. En el mismo periodo, se han impuesto 56 sanciones, por un total de 1,7 millones de euros. Hay que remarcar que la mayoría de los 160 procedimientos iniciados se resolverán este año; por lo tanto, la previsión es que estas cantidades aumenten considerablemente dentro de este ejercicio. Por un lado, teniendo en cuenta el protocolo de actuación de la Agencia, se han puesto en marcha 66 órdenes de paralización inmediata de obras ilegales que se estaban construyendo. Un número muy superior a las ocho dictadas durante en 2014 y 2015.

En cuanto a las inspecciones, se han realizado 569, más del doble de las que se hicieron durante el 2015 (265).