Entre las
causas que han motivado la revisión de la LOUA destacan la crisis
económica actual, la necesidad de agilizar la tramitación
de los procedimientos urbanísticos y de restarles complejidad, así
como las numerosas reformas que ha sufrido el texto desde su entrada en
vigor en 2002. No en vano, la modificación de esta ley, aprobada
por el Parlamento andaluz en julio de 2016, ya incluía dos disposiciones
finales relativas a la simplificación y unificación de la
normativa urbanística y a su desarrollo reglamentario.
Desde la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se tiene claro que
la LOUA necesita una revisión, tanto por los plazos de tramitación
actuales, que supone que un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
se resuelva en más de ocho años, como por la necesidad de
profundizar en el principio de autonomía local, ya hay decisiones
urbanísticas que se abordan mejor en el ámbito local.
Asimismo ha
incidido en que con la nueva LOUA se aspira a reducir los plazos actuales
de tramitación a la mitad, de manera que la elaboración de
un PGOU pueda sustanciarse en los cuatro años que comprenden un
mandato municipal.
El objetivo
a partir de ahora pasa por construir el consenso necesario para iniciar
esa revisión, ya que se trata de dotar de un nuevo marco a una actividad
como la urbanística que tanta incidencia tiene sobre el territorio,
la economía, el empleo, los ayuntamientos y los ciudadanos.
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