Esta vía, que también permitirá simplificar las tramitaciones urbanísticas para determinados ámbitos siempre que haya una justificación para hacerlo, reactivaría la construcción y con ello la creación de empleo al sector que más acusó la crisis dado que la gran mayoría de los trabajadores "no tienen otras alternativas de empleo", señaló Garrido.

"Aunque esta medida podría ser considerada un parche, es mejor que nada ya que una vez descartada la llamada 'solución Parejo', la situación podría ser muy dañina y paralizarnos cuatro años más, en lo que respecta a Vigo", aseveró por su parte el presidente del Círculo de Empresarios, Juan Güell, que cree que la normativa permitirá cubrir el periodo hasta la aprobación del nuevo Plan General.

"Lo deseable es que ayude a desbloquear sobre todo ámbitos industriales, de manera que no se frene el desarrollo de Vigo y de esos otros municipios afectados por una situación similar", indicó Güell.

La garantía jurídica que aporta la reforma es "una magnífica noticia" para el presidente de la Confederación de Empresarios, Jorge Cebreiros, que recordó que desde la CEP "siempre reivindicamos la constitución de un marco jurídico claro para las empresas" que animará la construcción, algo que no solo redundará en beneficios para los promotores. "El sector inmobiliario no puede estar cuatro años más parado. Hay que crear empleo y esta norma también es positiva para ciudadanos que tenían una licencia para construir una vivienda, un proyecto vital que se paró con la anulación del PGOM", manifestó Cebreiros, que se congratuló por el acuerdo alcanzado entre populares y socialistas. "El interés general tiene que prevalecer por encima de todo, las peleas políticas no conducen a nada positivo", concluyó. "Permitirá continuar con planeamientos que se estaban desarrollándose, en una determinada fase de aprobación, antes de la anulación del plan", explicó el presidente de la sede viguesa del Colegio de Arquitectos, Antonio Davila,que remarcó que el Plan de 1993 "está superado por la realidad".

Según el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e ingenieros, Pelayo Eyo. "En crear empleo y aportar seguridad jurídica al sector estamos de acuerdo todos los profesionales y también aquellos ciudadanos que compraron un solar y que se quedaron sin poder hacer nada. Las medidas para reactivar la construcción, y sobre todo cuando proceden de un consenso, siempre son acertadas", afirmó.