En el artículo 154 de la LOUA se fija como condición para que un ayuntamiento proceda a la recepción de una urbanización que las obras se encuentren “en buen estado y con arreglo a los proyectos y las prescripciones previstas”.

Y en el PGOU de 2003 se recoge explícitamente que la conservación de la urbanización Torremuelle le corresponde “a su entidad de conservación o comunidad de propietarios, como es en este caso”.

Por todo lo argumentado, desde el Ayuntamiento se plantea a la comunidad de propietarios que se proceda a realizar una inversión en infraestructuras que llevan obsoletas desde hace años como paso previo a la recepción. “Con el estado actual de las infraestructuras de la urbanización, el Ayuntamiento no tiene capacidad para ocuparse de su mantenimiento”, ha apuntado el alcalde.

La urbanización Torremuelle, construida durante la década de los setenta del siglo pasado, es una unidad privada de planeamiento cuyo mantenimiento se rige por los condicionantes de las Entidades Urbanísticas de Conservación, tal y como especifica la LOUA. Este tipo de figuras urbanísticas resulta frecuente en la Costa del Sol, donde al calor del desarrollo urbanístico se construyeron decenas de urbanizaciones privadas que hoy día aún existen, y se mantienen al margen de los servicios prestados por los Ayuntamientos.

Este tipo de urbanizaciones, además, mantiene servicios adicionales, acordados por sus vecinos y comuneros, tales como recogidas de podas, seguridad privada, jardines y piscinas comunitarias, recogida de basuras puerta a puerta, etc…

Hasta el momento, el equipo de gobierno se ha ceñido a los convenios firmados en 2009 y 2011, mediante los cuales el Ayuntamiento se hace cargo de una serie de servicios, tales como el pago de suministro eléctrico y la limpieza de las avenidas principales de la urbanización dos veces al mes. Ni la recogida de podas y escombros de la vía pública, ni el mantenimiento de infraestructuras, zonas verdes o asfaltados de calles que no sean principales, dependen de los servicios municipales en la actualidad.

Representantes municipales han mantenido recientemente un encuentro con más de 30 propietarios de esta urbanización, construida en los años setenta y regida por los condicionantes de las Entidades Urbanísticas de Conservación, para informarles de la decisión del TSJA «con la voluntad de buscar una solución satisfactoria para todos», según explicaron ayer desde el Ayuntamiento. «Queremos mantener abiertas las líneas de diálogo para llegar a un acuerdo consensuado entre todas las partes», afirma el alcalde, Víctor Navas.