Para calcular la cuota a pagar no se toma como referencia el valor real de la vivienda, sino el catastral, al que se aplican unos coeficientes que crecen en función del número de años transcurridos desde la anterior transmisión. Y el resultado de esta fórmula siempre es positivo. Lógicamente esto no se sostiene pero como es un impuesto estatal lo tiene que cambiar el gobierno.

La Federación Española de Municipios y Provincias ha solicitado «aclaración sobre la situación actual del impuesto» a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Su presidente, Abel Caballero, ha anunciado además que va a solicitar una reunión con el Gobierno para averiguar cómo piensa modificar el Impuesto. Así se expresaba esta semana Caballero: «Nosotros [los ayuntamientos] obedecemos leyes, no decidimos; seguimos y seguiremos las indicaciones del Legislativo; es el legislador quien tiene que entrar al fondo de esta cuestión. Tienen que ser técnicos, juristas y el Legislativo quienes decidan cómo proceder con las plusvalías». Asimismo, recordaba que la FEMP, a raíz de las sentencias de varios tribunales superiores de justicia que declararon la improcedencia del impuesto, viene reclamando desde hace años al Gobierno que lo reforme.