Se trata de
extrapolar al suelo urbano conceptos habituales en la gestión del
urbanizable. Como ya sucede en los Planes de Actuación Integrada
(PAI), el propietario cederá a la Administración local el
suelo calificado como dotacional a cambio de los derechos de aprovechamiento
urbanístico -la utilidad de un suelo a efectos de su edificabilidad-
en parcelas próximas que sí sean edificables.
«La idea
general es costear las dotaciones con las plusvalías que genera
el propio urbanismo para que el dinero público se reinvierta en
lo que realmente importa, zonas verdes, colegios... no en hacerse con suelo»,
explica el arquitecto. Esta herramienta resulta decisiva para hacer económicamente
viables todas las actuaciones previstas en el Plan Especial, del que por
ahora sólo se han esbozado las líneas básicas.
No en vano,
el futuro Plan Especial aspira a incrementar un 23% los equipamientos de
los barrios afectados, lo que conllevaría un ingente gasto para
las arcas municipales únicamente en expropiaciones.
El escenario
se repite en el caso del Plan de General de Valencia, que centrará
el crecimiento a corto y medio plazo en el desarrollo de parcelas en la
ciudad consolidada. En este caso, también se prevé recurrir
a la fórmula de la compensación o de la equidistribución
para mejorar los equipamientos sin recurrir a la expropiación.
La revisión
de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup)
tratará de sacar más partido a esta fórmula, a la
que no se ha recurrido pese a las evidentes ventajas para los ayuntamientos.
En la reforma normativa se han incluido modificaciones que facilita y agilizan
estas tramitaciones, indica Roger.
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