| Esta ley,
según la consejera, nace del fruto del consenso y la participación
de numerosas entidades del sector e impondrá racionalidad y eficiencia
en la simplificación administrativa, "la transparencia" y el "apoyo"
a las autoridades locales y a los ayuntamientos en la elaboración
de los planes generales municipales y los planes territoriales.
“No tiene ningún
parangón similar en ninguna comunidad autónoma que medio
ambiente y urbanismo estén juntos con unos plazos", ha asegurado
la consejera, quien ha destacado la pues en marcha del “silencio positivo”,
es decir, que si no ha llegado el informe en el tiempo pertinente, se considera
que es positivo y sigue el procedimiento
García
ha detallado que se trata de una ley que pretende establecer el marco normativo
que permita coordinar e integrar la emisión de los informes sectoriales
en los procedimientos para la aprobación de los instrumentos de
ordenación urbanística y territorial cuando su aprobación
definitiva corresponda a los órganos urbanísticos y de ordenación
del territorio, propio de la Junta de Extremadura.
De esta manera
se pondrá en marcha un procedimiento de coordinación intersectorial,
para auxiliar a las administraciones promotoras de planeamientos urbanístico
y territorial en la obtención y tramitación de los informes
sectoriales y se pondrá en marcha una Comisión de Coordinación
Intersectorial, como órgano colegiado que permita el diálogo
y la confrontación de los distintos intereses sectoriales.
ANTECEDENTES
La Ley de Coordinación
Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos
y de Ordenación del Territorio de Extremadura busca la simplificación
y agilización de la tramitación de los procedimientos de
aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística
y territorial, cuya resolución corresponda a los órganos
urbanísticos y de ordenación del territorio de la Junta de
Extremadura. Se busca un marco normativo que permita armonizar el alcance
multisectorial de estos procedimientos, de manera que se pueda conseguir
la emisión de informes de forma coordinada, desde una visión
intersectorial; un órgano intersectorial, de coordinación
y simplificación urbanística y territorial, en el que de
forma conjunta puedan estudiarse y analizarse, desde las perspectivas de
las distintas problemáticas y competencias sectoriales, las observaciones
o consideraciones que deban tenerse en cuenta para su integración
coherente en el planeamiento correspondiente, así como para agilizar
la tramitación administrativa de éste; y un marco jurídico
sectorial reordenado en su dimensión temporal, para crear un plazo
único e integrado, de tres meses, en el que se produzca el debate,
la reflexión y las manifestaciones sectoriales, para dotar de seguridad
jurídica y mayores certezas la tramitación de los instrumentos
urbanísticos y territoriales. Para ello se hace imprescindible modificar
distintas leyes autonómicas sectoriales que preceptúan la
emisión de los referidos informes, de manera que se unifique el
momento de su solicitud, el plazo para su emisión y, en su caso,
los efectos derivados del transcurso de dicho plazo.
La Junta de
Extremadura va a ayudar a los ayuntamientos a tramitar los planes generales
que regulan los usos y actividades del suelo. Estos planes se configuran
como una herramienta «de gran alcance estratégico» en
la implantación de las actividades económicas y empresariales
y, por ende, en la creación de empleo.
Según
los cálculos de la Dirección General de Urbanismo están
«totalmente obsoletos» en más de 200 municipios. Pese
a tratarse de una figura fundamental, algunos no los revisan desde el año
1986, precisamente por lo complejo y largo del procedimiento.
«Son
instrumentos que a los ayuntamientos con pocos recursos se les escapan,
un proceso que les resulta arduo y en algunas ocasiones imposible»,
reconoce la directora general de Urbanismo, Eulalia Moreno. Si no cuentan
con un plan general actualizado, los municipios tienen que recurrir a la
Junta y «tomar todas las cautelas» a la hora de autorizar las
actividades económicas y usos del suelo. Una problemática
que afecta a cuestiones tan cotidianas como la construcción de naves
y granjas agrícolas, aserraderos o queserías. «Si el
plan dice que en el suelo no urbanizable no puede haber industria, hay
que seguir un procedimiento larguísimo para comprobar si se pueden
o no hacer», explica.
Según
Moreno, todo el planeamiento de Extremadura debería haberse revisado
a raíz de la aprobación de la Ley del Suelo en el año
2001, pero la cuestión se ha ido retrasando, especialmente en los
pequeños municipios, debido a numerosos factores. Entre ellos, los
enormes plazos de tramitación, que se pueden extender «hasta
7 u 8 años», y lo complejo del procedimiento, que obliga a
pedir hasta 32 informes sectoriales diferentes (de carreteras, medio ambiente,
patrimonio...), cada uno de ellos a un organismo distinto y con sus propios
tiempos de respuesta.
El resultado,
asegura la responsable de Urbanismo, es que en algunos casos «incluso
cuando se aprueba, el plan llega a estar obsoleto». Para evitar estas
situaciones, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio ha comenzado a trabajar en la Ley de Coordinación
Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos
y de Ordenación del Territorio de Extremadura.
Esta nueva
normativa establece dos novedades fundamentales: por una parte, permite
al Ejecutivo regional tomar parte en el procedimiento de revisión
de los planes desde el principio para dar a los ayuntamientos apoyo técnico
y jurídico; por otra, pretende acortar «drásticamente»
los plazos de tramitación, que se reducirían de unos siete
a dos años.
A la espera
de la nueva norma, la Junta está firmando convenios de colaboración
con numerosos ayuntamientos para subvencionar la asistencia técnica
y colaborar en la tramitación del Plan General Municipal. El Diario
Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado acuerdos con los municipios de
Aldeacentenera, Casas de Millán, Tornavacas, Acebo y Gata en la
provincia de Cáceres y Villagonzalo, Cristina, Vegaviana, Oliva
de la Frontera y Benquerencia de la Serena en Badajoz.
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