Para la adopción del acuerdo es suficiente la mayoría simple de votos salvo que los estatutos exigieran otra mayoría.

El acuerdo de disolución (o en su caso la resolución judicial o administrativa) debe ser elevado a escritura pública e inscribirse en el registro de sociedades cooperativas y publicarse en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Una vez disuelta la cooperativa se abre el período de liquidación.

Los liquidadores se elegirán por la Asamblea General de entre los socios, en votación secreta y por mayoría de votos.

Su número tiene que ser impar y actuarán de forma colegiada adoptando los acuerdos por mayoría.

Su nombramiento surtirá efecto en el momento de su aceptación y deberá inscribirse en el registro de sociedades cooperativas.

Designados los liquidadores el Consejo Rector debe suscribir el inventario y el balance de la cooperativa.

Durante el período de liquidación se mantendrán las convocatorias y reuniones de la Asamblea General, convocadas por los liquidadores quienes las presidirán y darán cuenta de la marcha de la liquidación.