| En el área
de Urbanismo admitieron lo premioso de los trámites y dieron algunas
razones para explicarlo. «La concesión de licencias no es
rápida. La implantación de la administración electrónica
está suponiendo, en general, algunas disfunciones», alegó
la concejal del Área de Desarrollo Sostenible, María José
Soler. Sin embargo, negó que haya inseguridad jurídica en
el proceso y subrayó que la tardanza es, en parte, para garantizarla.
«La seguridad jurídica es absoluta», destacó.
«Muchas veces, hay partes de la documentación que presentan
los promotores a la que hay que poner reparos y, en algunos casos, hay
que pedir informes a otras administraciones», añadió.
Los promotores
requieren una aplicación más rápida de los medios
telemáticos para evaluar el cumplimiento de todos los requisitos
y la validación de los permisos. El objetivo es ajustar sus proyectos
de nuevos complejos de viviendas a las preferencias de los clientes, recogidas
por las grandes bases de datos ( 'big data'). También es clave,
según Hernández, adoptar «fórmulas de simplificación
de los trámites» en la Administración.
«La diligencia
de los técnicos municipales es absoluta. Quizás la intención
que hay detrás de esas palabras del presidente de los promotores
es buscar notoriedad o llamar la atención sobre algún proyecto
o asunto en concreto», añadió la edil.
En todo caso,
Hernández constató que Cartagena está en desventaja
respecto a otros municipios, ahora que el sector de la construcción
afronta con fuerza su salida de la crisis. «El repunte se demuestra
con cifras como el 30% de aumento en la producción de viviendas,
de enero a junio de este año. Las ventas han subido un 11% y la
financiación conseguida para nuevos proyectos ascendió un
7%, respecto al mismo periodo del año pasado», indicó
Hernández.
En Cartagena
lo que más creció en ese primer semestre fueron las licencias
de obra menor, también en un 30%. Sin embargo, la evolución
de los permisos de obra mayor apuntaba a un estancamiento. En 2015 hubo
591; en 2016, 680 y en el primer semestre de este año, 353. La proyección
de este dato parcial indica que puede haber alrededor de 700 licencias
concedidas a final de año, con un crecimiento menor que el regional.
Tras dos meses
sin noticias al respecto, la Concejalía de Desarrollo Sostenible
se propondrá llevar al próximo Pleno municipal, convocado
para el 30 de noviembre, la aprobación de las normas transitorias.
Con ello se pretende desbloquear el año que viene las autorizaciones
a proyectos afectados por la anulación del Plan General por parte
del Tribunal Supremo.
«Los
técnicos municipales están en disposición de remitir
el expediente al próximo Pleno. Si se aprueba, pasará de
ahí a la Comunidad Autónoma», apuntó María
José Soler. El texto recibió el primer visto bueno en el
mes de junio, también en Pleno. Posteriormente fue sometido a exposición
pública y ha recibido más de 70 alegaciones que han sido
evaluadas. El documento resultante será sometido de nuevo al parecer
de la Corporación.
En el sector
de la promoción inmobiliaria tienen sus dudas sobre la solidez que
el documento final pueda tener y las posibilidades que hay de que acabe
en papel mojado. Primero tiene que pasar por el dictamen de los técnicos
de la Administración regional, algunos de cuyos arquitectos ya plantearon
dudas sobre la forma de abordar el desarrollo y la expansión industrial
en el Valle de Escombreras. La directora general de Territorio y Vivienda,
Yolanda Muñoz, que ayer clausuró Reside-Innova, intervendrá
en ese proceso.
A largo plazo,
estas normas transitorias deben ser superadas por un Plan Urbano completo
y bien desarrollado que no incurra en los errores del que fue anulado.
Así al menos se acordó con Cartagena.
|
