El propietario del hotel manifiesta en declaraciones al ABC que en julio de 2016 la Comisión Provincial de Patrimonio estudió el proyecto de reformado de obras y decidió solicitar aclaraciones al Ayuntamiento de Sevilla. «Pues bien, ese documento no llegó al Ayuntamiento hasta febrero de 2017 y a nosotros, en marzo, ocho meses después de que la reunión hubiera tenido lugar. Nosotros habíamos comenzado las obras en mayo de 2015 y las acabamos en octubre de 2016», informa.

En cuanto a la cubierta a dos aguas que fue demolida y reproducida, Molina indica que«en el proyecto básico para el que se concedió la licencia se decía que había que renovarla por el estado ruinoso de su estructura de madera, que hacía imposible su recuperación. Tuvo que hacerse porque la anterior no respondía a los requerimientos de un edificio moderno, pero la obra realizada es perfectamente legalizable».

Otra de las cuestiones polémicas ha sido la construcción de un túnel bajo el edificio para que el personal pudiera llegar desde la calle a los almacenes sin tener que pasar por el patio central. «Me dieron permiso y después me dijeron que no pero lo cierto es que pude demostrar que el Plan Especial 7 del Sector Catedral que lo impedía no fue aprobado definitivamente, por lo que no está vigente. Por tanto, el edificio sigue teniendo la protección C y puede realizarse esa obra. Por esa razón, al final el túnel fue informado favorablemente por la Comisión Provincial de Patrimonio», añade.

En lo que respecta a la semicúpula que remataba la decoración de la escalera principal, la propiedad la demolió para construir un forjado plano al mismo nivel que el resto de las terrazas. «Una vez acabada las obras me piden que lo corrija pero ahora es absolutamente imposible. Ese elemento no está protegido según la normativa, por lo que la obra es legalizable también. El problema es que en Sevilla no hay catálogo de edificios protegidos, por lo que no esta suficientemente claro lo que se puede hacer en cada uno», puntualiza Pedro Molina.

En este sentido, asegura que hace un mes él y los arquitectos del hotel, Antonio Cruz y Antonio Ortiz, solicitaron al delegado provincial de Consejería de Cultura de la Junta, José Manuel Girela, una reunión para explicarle que «las modificaciones hechas han respetado siempre la protección parcial C del edificio, que nos obliga sólo a no modificar la primera crujía».

«No somos delincuentes y no hemos destrozado nada. De hecho, los cuatro hoteles que tenemos en España están en edificios protegidos, el más antiguo del siglo I d C. El hotel de Barcelona tiene incorporado en el establecimiento parte de la muralla de la ciudad y se hicieron todas las obras respetando la legalidad y sin que hubiera ningún problema con la Administración», subraya Molina.