En 2007, el
35% de los arrendatarios españoles pagaron por encima del 40% de
sus ingresos, en 2016 (el último dato anual disponible) ese porcentaje
se situó en el 43%, ligeramente por debajo del máximo del
47,5% de 2014, cuando el desempleo superaba el 24%.
A nivel de
la Eurozona, solo Grecia (aún inmersa en un rescate y duros planes
de ajuste) está en peor situación y con un 85% de su población
pagando por encima de lo aconsejado en alquiler. Lituania también
supera a España.
La presión
de la falta de oferta de pisos en alquiler y la fuerte demanda es un problema
que preocupa a políticos de toda Europa, especialmente en las grandes
ciudades, donde estas estadísticas del peso del alquiler en la economía
familiar, a buen seguro, se disparan.
En varios países
europeos se han implantado controles en los precios del alquiler para moderar
un mercado que no se está correspondiendo adecuadamente con las
nuevas dinámicas de movilidad laboral, inversión extranjera,
salarios y promoción inmobiliaria.
En Reino Unido
se está estudiando la posibilidad de permitir a las ciudades controlar
el incremento de los precios de los alquileres, algo que los agentes
inmobiliarios rechazan por ir contra el libre mercado.
Berlín
ha vinculado el precio del alquiler de vivienda social a sus ingresos personales,
algo con un impacto importantísimo en una ciudad donde más
de un cuarto de millón de sus 3,6 millones de habitantes residen
en vivienda protegida y donde en los últimos años los precios
del alquiler han subido un 70% entre 2004 y 2016, según la consultora
JLL.
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