| Si el ayuntamiento
no se atiene a las reglas de juego fijadas en el Plan General que definen
los derechos y las obligaciones de los propietarios de los suelos, va generar
incertidumbre, que se traducirá en conflictos jurídicos,
contenciosos y querellas, como han anunciado algunos propietarios, ha indicado
el consejero.
La Agencia
de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid tiene en estos desarrollos
urbanísticos algo más de 3 millones de metros cuadrados y
la posibilidad de materializar 8.400 viviendas.
"Nosotros no
estamos por la labor de que en nuestros suelos nos reduzcan la posibilidad
de poner viviendas a disposición de las familias con menos recursos.
Queremos poder urbanizar y materializar en esos suelos edificios que alberguen
familias, que es la función social de la vivienda", ha señalado
Rollán.
La modificación
del Plan General, ha avisado, provocaría una cascada de demandas,
contenciosos y reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento de Madrid, que
serían "inabordables" para las arcas municipales.
"Hay que tener
en cuenta que hoy la necesidad de vivienda en Madrid es total y absolutamente
indiscutible", ha recalcado Rollán, quien ha precisado que en los
desarrollos urbanísticos del sureste, la suma de los diferentes
sectores supera las 100.000 viviendas, de las que por encima del 50 por
ciento son protegidas, pensadas para los jóvenes y las personas
con menos recursos.
El titular
de Medio Ambiente ha dicho que no entiende cómo el Ayuntamiento
de Madrid lleva casi dos años y medio reflexionando acerca de una
normativa vigente, el Plan General de Ordenación Urbana, que fija
dónde se puede y dónde no se puede hacer desarrollos residenciales,
viviendas protegidas.
Teniendo en
cuenta el número de licencias que se están produciendo a
lo largo de los dos o tres últimos años, ha vaticinado que
en el horizonte del 2022 ó 2023 se va a producir "un colapso" que
se traducirá en que "será materialmente imposible acceder
a una vivienda protegida", que es la única vía de acceso
a la emancipación para muchos jóvenes y familias.
En política
urbanística, "el Ayuntamiento de Madrid ha acertado cuando ha rectificado",
según Rollán, quien ha opinado que el equipo de Gobierno
municipal está a tiempo de "rectificar y permitir el desarrollo
de estos sectores".
Ha aseverado
que le resulta "incomprensible" que prácticamente los únicos
ámbitos que ha desbloqueado el Ayuntamiento de Madrid son aquellos
en los que el metro cuadrado de la vivienda está en torno a los
10.000 euros el metro cuadrado, lo que "ideológicamente no coincide
mucho con su electorado".
"Rectificar
es de sabios", ha subrayado Rollán antes de pedir al Ayuntamiento
de Madrid que deje de estar "anclado en la inacción" porque ello
va a suponer un aumento aún mayor de los precios de la vivienda
y del alquiler como ya está ocurriendo en la ciudad de Madrid.
"En Valdebebas,
donde todavía queda suelo, hace 24 meses se pagaba a 800 euros por
metro cuadrado edificable y ahora mismo es difícil encontrar algo
por 1.600 euros. Esto supone que el precio de las viviendas para el usuario
final ha pasado de los 2.300 euros por metro cuadrado a 3.100 euros", explicaba
ayer Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores. El directivo
alertaba, además, de que se "están cerrando algunas operaciones,
no por el precio de hoy, sino con precios de mañana".
Con la especulación
a la vuelta de la esquina en los mercados más calientes, el sector
denuncia que esta situación no es sostenible en Madrid, donde el
suelo finalista se agota. "Actualmente hay capacidad para menos de 36.000
viviendas y la demanda estimada es de 15.000 viviendas al año en
Madrid", explicó Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de
Asprima, la patronal del sector en Madrid.
El directivo,
también presidente de Vía Célere, aseguró que
los grandes fondos que están entrando en el residencial español
a través de las promotoras cotizadas no están dispuestos
a exponer su capital en empresas que trabajan con suelo no finalista en
nuestro país, ya que son conocedores de nuestra situación
urbanística. Ante esta tesitura, el directivo planteó la
pregunta clave: "¿qué empresa promotora que se precie puede
solo suministrarse de suelo finalista y no tener suelo en gestión
para poder sobrevivir?".
Gómez-Pintado
denunció que en Madrid se ha "perdido un ciclo económico
para poner en marcha actividad económica y empleo, un periodo en
el que además se podría haber hecho algo para solucionar
el acceso de los jóvenes a la vivienda". Así, destacó
que "dejar en manos de la ideología el desarrollo urbano de una
ciudad va en contra de la seguridad jurídica".
En este sentido,
Pedro Rollán, consejero de Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, aseguró que se "está experimentando
un incremento de la demanda que va totalmente descompensada con la generación
del suelo en Madrid", y la inacción por parte de las administraciones
"genera una incertidumbre que puede derivar en conflictos jurídicos."
En referencia
al bloqueo de los desarrollos del sureste, Rollán advirtió
que "si se paran 100.000 viviendas, la inflación de precios hará
imposible la adquisición de vivienda en Madrid, que puede tener
un serio problema en el horizonte de 2023" y defendió que "si existe
un plan general parece oportuno y razonable que se cumpla y se defienda".
Por su parte,
Luis Roca, presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros,
uno de los ámbitos afectados, destacó que tanto la Comunidad
de Madrid como el Ayuntamiento son propietarios de una parte importante
del suelo en la zona sur, por lo que su bloqueo afectará especialmente
a los planes de vivienda social.
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