Para ello ha presentado las conclusiones del grupo de trabajo de expertos sobre alquiler conformado en septiembre pasado y entre ellas se encuentra la creación de un índice de precios. Este servirá de referencia para que Ayuntamientos o el mismo Gobierno autonómico otorguen bonificaciones, por ejemplo, en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La  Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona llevan meses trabajando en buscar fórmulas para intentar limitar los precios abusivos. 

La solución es complicada porque Cataluña no cuenta con un gran parque de alquiler social como sí ocurre en el resto de Europa que tienen límites a los precios que se cobran por las viviendas.

El grupo de trabajo ha encontrado en la puesta en marcha del índice una fórmula dentro de las competencias de Cataluña y que ayudaría a mantener el buen estado del parque de viviendas, una de las preocupaciones en el caso del control de rentas. 

La lista que será pública en Internet, se construirá utilizando como referencia las fianzas depositadas en el Incasòl y además se valorarán criterios como la superficie, la ubicación, el estado de la finca, si está amueblado o no y la eficiencia energética.

Los dueños de los inmuebles podrán pedir el dinero que consideren por el alquiler, pero tendrán que alertar y publicar que está sobre el precio del índice. La Generalitat plantea además que tanto sus ayudas para rehabilitación como las de los Ayuntamientos se concedan preferentemente a los propietarios que certifiquen que ofrecen sus pisos a precios inferiores al índice. Borràs espera aprobar el decreto en dos meses.

La Generalitat espera que los Ayuntamientos utilicen el índice para desarrollar sus propias bonificaciones, por ejemplo, con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los alquileres que estén por encima del precio listado no podrán acceder al aval de alquiler de la Generalitat.

Los expertos convocados por la Generalitat también proponen crear un registro de arrendamientos, donde estará la información tanto de los caseros como de los arrendatarios, que sirva para registrar malas prácticas. También han puesto sobre la mesa la posibilidad de alargar el contrato hasta los cinco años con la posibilidad de otros tres de prórroga, algo que sí tiene que ser regulado a nivel estatal.