ANTECEDENTES
16 DE MARZO DE 2016
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MORATORIA
URBANÍSTICA PARA EL CORTE INGLÉS DE SALAMANCA
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en las guías prácticas inmoley.com de centros comerciales,
guía de licencias urbanísticas y guía del urbanismo
de Castilla León. El Ayuntamiento de Salamanca ha conseguido de
la Junta de Castilla y León una moratoria de dos años para
regularizar una zona cuyos convenios urbanísticos han quedado anulados
judicialmente. La solicitud por parte del Ayuntamiento a la Junta de Castilla
y León está prevista en el artículo 56 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León. La junta ha limitado el marco de actuación
municipal, de modo que no sirva la legalización del centro comercial
para una revisión completa del PGOU, algo que afectaría al
parque de maquinaria o el hotel Corona Sol. El Ayuntamiento tendrá
dos años para hacer los cambios necesarios pero durante este plazo
no se puede modificar nada de lo hecho en el centro comercial, la plaza,
el centro cívico y el campo de fútbol, que son los elementos
afectados por este entuerto urbanístico.
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prácticas
La propuesta
también señala que se permitirán las reparaciones
estrictamente exigibles para asegurar las condiciones de seguridad y salubridad
y las obras parciales de consolidación que no impliquen incrementos
de volumen ni cambios de uso.
En su comunicado,
el Ayuntamiento recordó que el convenio rubricado en verano de 2003
entre el Ayuntamiento de Salamanca, el Ministerio de Defensa y el Corte
Inglés, que culminaba casi dos décadas de negociaciones,
supuso importantes beneficios para la ciudad de Salamanca. Gracias a este
convenio, el Corte Inglés impulsó urbanizaciones e infraestructuras
por valor de 10.800.000 euros, sin coste alguno para las personas de Salamanca,
además de 700 nuevos puestos de trabajo.
Entre las
actuaciones, destacan el Centro Cívico Julián Sánchez
‘El Charro’, de titularidad municipal y que utilizan diariamente numerosas
entidades y colectivos vecinales, deportivos, culturales, juveniles, mayores,
etcétera. Gracias al acuerdo, el centro comercial también
abonó los 2.600.000 euros para la compra de los terrenos del ISPE
-actual campo de fútbol Nemesio Martín- que cuenta con cerca
de 8.000 metros cuadrados y que pasó a ser de titularidad municipal
sin coste alguno para el Ayuntamiento. El Corte Inglés también
invirtió 3.826.000 euros para la urbanización de esta poblada
zona del barrio de Garrido. En concreto construyó una nueva plaza
pública en los antiguos terrenos del cuartel Julián Sánchez
el Charro, la actual plaza de la Concordia, con casi 9.000 metros cuadrados
y con más extensión que la propia Plaza Mayor.
ANTECEDENTES
19 de febrero de 2016
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EL DEBATE
URBANÍSTICO DEL CORTE INGLÉS DE SALAMANCA
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en las guías prácticas inmoley.com de centros comerciales,
guía de licencias urbanísticas y guía del urbanismo
de Castilla León. El Ayuntamiento de Salamanca va a solicitar a
la Junta de Castilla y León una moratoria de dos años para
regularizar una zona cuyos convenios urbanísticos han quedado anulados
judicialmente. La solicitud por parte del Ayuntamiento a la Junta de Castilla
y León está prevista en el artículo 56 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y es una propuesta incluida en el informe
del Secretario General. La Junta, a petición del Ayuntamiento, puede
establecer unas normas transitorias de aplicación para todos los
espacios públicos y los edificios e instalaciones construidos. De
este modo, ni el centro comercial, ni los espacios públicos y equipamientos
construidos fruto de las compensaciones de El Corte Inglés a la
ciudad de Salamanca tendrían problemas de uso. El problema es que
la Junta está limitada por la normativa de comercio ya que la oposición
exige compensaciones por las irregularidades que ha sentenciado el Tribunal
Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Así,
cuentan con un informe técnico del arquitecto en el que se cuantifica
en cerca de 21.000 metros cuadrados el suelo utilizado por el centro comercial
y por el que la oposición pide compensaciones en el caso de modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana.
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prácticas
En base
a un informe redactado por el arquitecto Fernando Lobardía, redactor
del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca que la Justicia
anuló precisamente en lo que afecta a El Corte Inglés, la
oposición en bloque ha exigido este martes al Gobierno municipal
que realice una modificación puntual del PGOU para regularizar el
sector donde se ubica El Corte Inglés. Piden que se considere a
estos terrenos suelo urbano no consolidado para que se puedan exigir compensaciones
a los grandes almacenes por los 21.650 metros cuadrados de edificabilidad
que, según este documento, usó de más el centro comercial.
La compensación
propuesta es abrir al público los terrenos de Las Adoratrices, junto
al campo San Francisco, que es la petición que hacía Equo
que interpuso la demanda contra el convenio que permitió la llegada
de El Corte Inglés.
El pasado
mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
anuló la licencia de construcción por la que se permitió
edificar el centro comercial El Corte Inglés en Salamanca. La Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León declaró firme la anulación de la licencia e
impuso las costas procesales al centro comercial.
Esta sentencia
llega tras diversos recursos interpuestos por Equo y Ecologistas en Acción
en contra de los diferentes acuerdos urbanísticos a los que se llegaron
para construir este centro comercial en Salamanca.
Además
de esta sentencia que anula la licencia urbanística, los tribunales
también anularon la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Salamanca, que era preceptivo para poder construir donde está
El Corte Inglés, en la avenida de María Auxiliadora, en el
barrio de Garrido.
Este centro
comercial se edificó en una zona donde estuvo un cuartel del Ejército
de Tierra, por lo que fue necesario un convenio entre El Corte Inglés,
el Ayuntamiento de Salamanca y el Ministerio de Defensa.
LIMITACIONES
DE LA NORMATIVA DE COMERCIO
La Junta
de Castilla y León estima en un informe de la Dirección General
de Comercio que no cabe exigir a El Corte Inglés más medidas
correctoras que las que asumió en su día. La clave está
en la legislación aplicable, que ha cambiado desde la concesión
de licencia a los grandes almacenes.
Cuando El
Corte Inglés negocia los términos para instalar un nuevo
centro comercial de su cadena en Salamanca, estaba vigente el Plan Regional
de ámbito sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León
(aprobado en el Decreto 104/2005, de 29 de diciembre), que desarrollaba
lo que sí era una exigencia entonces, las compensaciones a los sectores
económicos locales afectados por una licencia de gran superficie,
tal y como se señalaba en la Ley 16/2002, de Comercio de Castilla
y León.
Sin embargo,
posteriormente la ley cambió para adaptar la normativa española
y autonómica a la directiva marcada por Europa, que prohíbe
taxativamente este tipo de compensaciones por considerarlas un acto que
daña la libre competencia. Así lo expresa el informe de la
Dirección General de Comercio. Esa directiva está traspuesta
e integrada en la normativa autonómica desde 2009.
"Estas actuaciones
correctoras, dado su claro carácter económico están
expresamente prohibidas por la Ley Estatal 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado,
como expresión de la trasposición de la conocida Directiva
2006/123 relativa a los servicios en el mercado interior, y se han plasmado
en las sucesivas modificaciones de la Ley de Comercio de CYL, que actualmente
están recogidas en el decreto legislativo 2/2014, de 28 de agosto,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio de CYL".
Es decir,
que los grandes almacenes debieron ofrecer en su día una serie compensaciones,
constituidas por el pago de los costes de construcción de la nueva
plaza de la Concordia, la nueva calle que se abrió, el centro Julián
Sánchez 'El Charro' y el campo de fútbol del ISPE; pero que,
posteriormente, este tipo de medidas han quedado prohibidas y no se pueden
aplicar. "En este sentido, cualquier planteamiento actual relativo a una
modificación o a nuevas exigencias de actuaciones correctoras en
el expediente de referencia fundamentadas en la legislación comercial
aplicable, resultan imposibles", asegura el informe referido.
En su día,
la concesión de la licencia a la sociedad mercantil ya fue objeto
de modificaciones al solicitar El Corte Inglés variar el acuerdo
inicial alcanzado para ampliar las compensaciones acordadas, incluyendo
las acordadas con la Asociación de Comerciantes de Salamanca AESCO,
a la que se entregaron 187.000 euros para que realizara medidas de apoyo
al comercio tradicional.
Según
el informe de la Dirección General de Comercio, "la obligación
reglamentaria de presentación de las actuaciones correctoras, correspondía
única y exclusivamente a El Corte Inglés S.A:, y que éste
mantuvo puntualmente informada a esta administración de las cuestiones
referidas a la aplicación de la orden por la que se le concedía
la licencia de Gran Establecimiento Comercial, remitiendo el cumplimiento
de las actuaciones correctoras, así como de la documentación
que lo justifica".
Es decir,
que la administración regional se ocupó de comprobar el cumplimiento
de lo acordado. "Esta Dirección General, en ningún momento
se dirigió a los terceros con los que el ECI S.A., se relacionó
para al cumplimiento de las actuaciones correctoras, puesto que, de acuerdo
con la normativa entonces vigente, era el titular de la licencia
comercial el obligado a cumplirlas y a remitir la documentación
demostrativa", añade. "Por ello no puede afirmarse que existieran
fondos públicos, ni que se auditaran o evaluaran las actuaciones
de aquellos terceros por parte de la Dirección General que, como
puede comprobarse con la documentación que se remite en relación
a su solicitud, se limitaba a comprobar el cumplimiento satisfactorio y
documentado mediante certificado de la realización de las actuaciones".
Lo que no
cambia es la necesidad de recuperar la legalidad urbanística, ya
que la justicia ha anulado todas las licencias que concedió en su
día el Ayuntamiento de Salamanca y toda la base del planeamiento
hecho; a pesar de ello, el equipo de Gobierno comandado por Fernández
Mañueco, y con el concejal impulsor de todos los movimientos hechos
en su día, Fernando Rodríguez, no ha hecho ni un solo movimiento
en la dirección adecuada para restaurar la legalidad. Sobre el papel,
es necesario un nuevo cómputo de la edificabilidad concedida y la
utilizada por el centro comercial, y equilibrar la diferencia.
