En aquellas edificaciones que califica de "protegidas" e "integradas" (las de más interés y que mejor armonizan en su entorno), se permite el cambio de su uso actual a otros turísticos, talleres artesanales, dotaciones y equipamientos.

La finalidad de esta medida es estimular la conservación de esas construcciones, contribuyendo a preservar su aportación al paisaje, y favorecer que el litoral sea también espacio de acogida de actividades compatibles con un alto grado de protección.

Asimismo, identifica aquellas construcciones con mayor impacto en el entorno y establece, para aquellas que lo admitan, unas pautas para llevar a cabo correcciones que permitan convertirlas en aceptables para el litoral.

Las entidades restantes mantendrán por lo general su uso, sin que puedan llevarse a cabo obras de ampliación, a excepción de instalaciones agrícolas o ganaderas que cumplan con unos determinados requisitos fuera de la franja de los 500 metros del suelo de costas.

El PESC subdivide además la zonificación preexistente en el POLA y crea una nueva categoría para proteger de forma más estricta 29 áreas de un valor especial pertenecientes a cuatro tipos: campos dunares o playas dotadas de ellos, humedales, espacios con vegetación de interés y formaciones geológicas de interés.

La franja litoral asturiana congrega actualmente -fuera del suelo urbano y los núcleos rurales- 3.690 edificaciones. Todas ellas, una a una, son objeto de análisis y clasificación en el Plan Territorial Especial del Suelo de Costas (PESC) que acaba de aprobar con carácter definitivo la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA). Entre otras funciones, el documento, que ha recibido 216 alegaciones en su tramitación, diagnostica las edificaciones existentes en suelo no urbanizable de costas y, junto con los veintiún ayuntamientos afectados, permite «consolidar la posición de Asturias a la vanguardia de la protección del litoral», según la nota hecha pública tras la reunión del organismo.

El plan pretende «estimular la conservación de esas construcciones, contribuyendo a preservar su aportación al paisaje, y favorecer que el litoral sea también espacio de acogida de actividades compatibles con un alto grado de protección». Para ello, ha analizado una a una las construcciones y las ha clasificado en función de su mayor o menor valor cultural y arquitectónico y su integración en el entorno. En aquellas que califica de «protegidas» e «integradas» -las de más interés y mejor armonía con su entorno- se permite el cambio de su uso actual a otros turísticos, talleres artesanales, dotaciones y equipamientos.

Para las que presentan un mayor grado de impacto en el entorno, el plan establece pautas correctoras que permitan convertirlas en «aceptables» para el litoral. El resto de las edificaciones podrán mantener por lo general su uso, aunque sin posibilidad de obras de ampliación, excepción hecha de instalaciones agrícolas o ganaderas que cumplan con unos determinados requisitos fuera de la franja de los 500 metros del suelo de costas.

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Por otra parte, en la reunión de la CUOTA se ha trasladado a los miembros del pleno el contenido de la revisión las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio (DROT) que, en su fase de avance, se encuentra actualmente en tramitación, concretamente en información pública para la aportación de sugerencias hasta el 8 de noviembre.