La motivación principal del recurso es que el Consistorio, cuyo pleno aprobó a finales del pasado mes de marzo la revocación de los cambios en el plan parcial, no ha argumentado con criterios jurídicos y técnicos su decisión. Una línea muy similar a la del recurso que también presentó contra esta misma decisión la Comunidad de Madrid, pocos días después de DCN, y que podría también ser admitido a trámite en los próximos días.

La Comunidad de Madrid se considera también perjudicada por la decisión municipal toda vez que se encuentra entre los propietarios de los terrenos sobre los que se desarrollaría la operación. El plan alternativo del Ayuntamiento para la zona norte de la capital, denominado Madrid Puerta Norte, incluye la construcción de menos infraestructuras y zonas verdes, con lo que la compensación que recibiría la Comunidad de Madrid por los suelos sería sensiblemente inferior.

El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, ha señalado que este martes pueden estar listos los estudios llevados a cabo por la Administración central para impugnar el proyecto alternativo para Chamartín, 'Madrid Puerta Norte', propuesto por el Ayuntamiento de Madrid.

"Nosotros anunciamos que ante la disconformidad con las decisiones que había tomado el Ayuntamiento de Madrid acudiríamos a los tribunales de justicia para impugnarlas y que la operación pudiera salir adelante en los términos en los que había sido planteada (en alusión al proyecto Distrito Castellana Norte)", ha recordado Catalá, en declaraciones a los medios de comunicación, tras un encuentro con el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

A continuación, el ministro es funciones ha detallado que "mañana mismo" pueden estar finalizados "lo informes, los estudios del Ministerio de Fomento, para presentar la impugnación que corresponde ante las decisiones" del Consistorio. "Lo que queremos en el interés general y por tanto presentaremos nuestros argumentos", ha concluido.

La decisión del equipo municipal de Ahora Madrid, apoyado por el PSOE, de anular el último plan Castellana Norte colocó en vía muerta la operación urbanística.

Dos semanas antes, el equipo de Gobierno de Manuela Carmena presentó su propio plan para la ordenación de la zona, que bajo el nombre de Madrid Puerta Norte plantea rebajar a la mitad el área urbanizable -1,7 millones de metros cuadrados- y reduce de 17.000 a 4.600 el número de viviendas construibles.

Fomento, Adif, Renfe, la Comunidad de Madrid y el BBVA lo consideran inviable económicamente. Las tres administraciones son las titulares de la mayoría del suelo sobre el que se desarrollaría la reforma urbanística, especialmente Fomento, propietario a través de Adif de la mayoría de los terrenos.

Por su parte, el BBVA es accionista mayoritaria de Distrito Castellana Norte, sociedad en la que participa también la constructora San José que promueve el proyecto presentado en 2015, Distrito Castellana Norte.

 
ANTECEDENTES

4 de agosto de 2016 
 
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LA INÚTIL BATALLA JUDICIAL DE LA OPERACIÓN CHAMARTÍN. 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Madrid. Siguen presentándose recursos judiciales ante la decisión del ayuntamiento de paralizar la operación Chamartín. Al ritmo judicial no se habrá dictado sentencia antes de las próximas elecciones municipales y si acaso recae sentencia, el recurso a la misma lo alargará indefinidamente. Así que el ayuntamiento espera pacientemente a que le lleguen los recursos para que sean contestados por su asesoría jurídica. El ayuntamiento puede además cambiar el planeamiento de la zona y desbaratar todo el proceso. Por esta razón, la batalla jurídica es sólo un modo de presionar para forzar una negociación que parece imposible con el ayuntamiento. Lo mejor para Madrid sería una solución técnica y profesional que actualice el urbanismo de una de las mejores zonas de Madrid y de paso cubra las necesidades de demanda de vivienda que dispararán los precios. El verdadero reto es modernizar el urbanismo madrileño, no una batalla judicial inútil que alargará el proceso durante años y que, según el sector, se solucionará de inmediato cuando se produzca un cambio político. Por esta razón la solución no debe dejarse al devenir político, sino clarificarse ahora de un modo coordinado y profesional. El sector necesita de esta nueva obra de inmediato para poder consolidar la recuperación. 
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La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 25 de mayo que anuló la operación Distrito Castellana Norte (DCN), la denominada 'Operación Chamartín', para sustituirlo por su proyecto 'Madrid Puerta Norte'.
El recurso se presenta "a requerimiento de los servicios jurídicos, al entender que se estaba produciendo perjuicio patrimonial a todos los madrileños", según ha informado la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.

EL PROBLEMA DE FONDO EN LA EDIFICABILIDAD
La propuesta municipal incluye la misma edificabilidad, pero sin contar la superficie de las carreteras ni las vías del tren que Distrito Castellana Norte (participada en un 75,5% por BBVA y en un 24,25% por la constructora San José) sí había contabilizado. De esta forma, se rebajan las viviendas previstas a la mitad, se reducen las infraestructuras a construir y la superficie total de la operación queda en 1.744.549 metros cuadrados.
La decisión provocó críticas del Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y Distrito Castellana Norte. El Gobierno regional ha decidido ahora dar un paso más presentando el recurso ante el TSJM, con el objetivo de que se pronuncie sobre la legalidad o no del acuerdo plenario que dio carpetazo a la actuación tal como estaba prevista.
EL RECURSO 
Según la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, la presentación del contencioso administrativo no conculca la autonomía municipal y dice esperar que no suponga un enfrentamiento con el Ayuntamiento de Ahora Madrid. “Renunciar a hacerlo sería una dejación de funciones”, indicó ayer en rueda de prensa, sobre todo porque considera que el cambio de plan implica un “grave perjuicio para los madrileños”.
El recurso indica que, pese a la negativa unilateral del Ayuntamiento a negociar un nuevo convenio para desarrollar el plan parcial, existe un acuerdo firmado entre todas las Administraciones, que sigue vigente. “Por lo tanto, también la obligación del Consistorio de aprobar dicho plan”, puntualiza. Algo que cree que se ha pasado por alto.
La Comunidad de Madrid considera, al mismo tiempo, que Carmena ha interpretado de forma “interesada” la Ley del Suelo para anular el desarrollo de la macro operación urbanística. “Aun teniendo la potestad de planeamiento, no puede adoptar acuerdos sin motivación suficiente, porque podría incurrir en una desviación de poder”, concreta el Gobierno regional en un comunicado. Distrito Castellana Norte presentó un recurso similar ante el mismo tribunal la semana pasada.
La presidenta explicó que aunque Adif y la empresa promotora de Madrid Castellana Norte presentaron también recursos contra esta decisión del Ayuntamiento, se trata de iniciativas judiciales diferentes motivadas por intereses distintos, y el recurso de la Comunidad lo que pretende es defender "el interés general" de todos los madrileños.
FOMENTO
El Ministerio de Fomento, por su parte, envió una misiva al Ayuntamiento el 23 de mayo, en la que le exigía la “aprobación definitiva” en el pleno municipal del plan acordado con la anterior corporación, del PP, en enero de 2015. Dicha propuesta fue consensuada por varias personas que ya no están en los cargos que entonces desempeñaban: la ministra Ana Pastor; el presidente regional, Ignacio González; y la alcaldesa, Ana Botella, todos del PP. El nuevo proyecto sustituía los planes anteriores, que fueron anulados por el TSJM en 2013. Botella no quiso aprobarlo antes de las elecciones de mayo, que hicieron alcaldesa a Carmena.
El ministerio insistía en que había invertido “en torno a 700 millones en obras, todo ello para cumplir compromisos asumidos y ratificados por el Ayuntamiento, en la confianza legítima de que serán resarcidos”. Entre esas obras, el nuevo túnel de conexión para el AVE Atocha-Chamartín, la remodelación de la estación y el tren de cercanías entre el Aeropuerto de Barajas y la ciudad.
Una potencial reclamación ante la Justicia que podría ser el motivo para que Adif y Renfe emprendieran también acciones legales por anular la operación Chamartín. Las dos entidades públicas ya enviaron una carta al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, –solo un día después de que el Pleno ejecutara la muerte del proyecto original– instándole a reconsiderar la propuesta. En la misiva recordaban que fue «aprobada por el Ayuntamiento en febrero de 2015» y amenazaba que de no hacerlo, denunciarían para ser «resarcidos por los daños y perjuicios». Concretamente, los 700 millones de euros en obras ejecutadas o ejecución como la del Cercanías Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - T4-Chamartín.
En este escenario, en el que los promotores además prevén presentar un segundo requerimiento como compensación por los 120 millones invertidos, el Ayuntamiento se queda absolutamente sólo en su nuevo plan para los terrenos de Chamartín. De hecho, tampoco se descarta que alguna asociación vecinal –el 80% de las del distrito apoyan el planeamiento original– denuncie asimismo al Consistorio.
Aunque se trata de iniciativas judiciales diferentes «motivadas por intereses distintos», los actores involucrados coinciden en denunciar que el Gobierno municipal ha actuado de manera «arbitraria». 
 
ANTECEDENTES 5 de julio de 2016 
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EL CONFLICTO URBANÍSTICO DE LA OPERACIÓN CHAMARTÍN DE MADRID  
¿Qué aprendo?  
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Madrid. Lamentablemente la operación Chamartín se va a judicializar, una pésima noticia para el mercado inmobiliario de Madrid. Sería deseable que tanto las autoridades como los promotores antepusiesen la delicada situación de miles de empresas madrileñas de la construcción. La vía judicial era impensable para los expertos del sector que no podían imaginar que la imposibilidad de diálogo diese al traste con la mayor operación inmobiliaria de España en décadas. Confiamos en que se pueda volver a la mesa de diálogo y se ajusten las posturas enfrentadas a las demandas de un urbanismo moderno y que se apunte al crecimiento de ciudades similares, como ha sido el caso de Londres y de París. El nuevo urbanismo no debe planificarse en base a límites de crecimiento municipales, sino que debe saltar el lindero municipal para ajustarse a la realidad del crecimiento urbanístico a futuro. En este aspecto la Comunidad Autónoma debe ponerse al frente de las negociaciones, elaborar un masterplan con prestigio internacional y posicionar a Madrid al mismo nivel que el resto de grandes capitales europeas. Madrid va a crecer se quiera o no se quiera. Cuanto antes se haga antes saldremos de la crisis inmobiliaria y del sector de la construcción.  
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El presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, ha avanzado que sus servicios jurídicos presentarán en próximas semanas un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para reclamar la nulidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que rechazó este proyecto en el desarrollo conocido comoOperación Chamartín. 
En una entrevista a Europa Press, Béjar también ha detallado que, "más adelante" y de proseguir la situación de "bloqueo", los servicios jurídicos de DCN presentarán una demanda por daño patrimonial y perjuicios económicos contra el Consistorio al rechazar un plan que cumple con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin motivación técnica.
El presidente de Distrito Castellana Norte, entidad impulsada por BBVA y Grupo San José, ha expresado su "desilusión" y "decepción" con la postura adoptada por el Ayuntamiento al denegar su plan para el desarrollo con criterios "fundamentalmente políticos, no técnicos ni jurídicos".
Sobre si el resultado de las elecciones podría cambiar la postura del Ayuntamiento y facilitar la negociación, Béjar ha indicado que el equipo de Gobierno municipal ha expresado "públicamente que su posición iba a depender fundamentalmente" de la decisión política que pudiera adoptar el Ministerio de Fomento (que con Ana Pastor es favorable al proyecto DCN) en caso de que se produjera un cambio político.
"El Ayuntamiento tendrá que tomar una decisión al respecto. Mientras tanto,nosotros no nos quedaremos parados y es nuestra obligación defender nuestros derechos cuando entendemos que no han sido tratados adecuadamente", ha asegurado el presidente de DCN. "Estamos convencidos de que los tribunales van a anular la decisión del Consistorio, consideramos que los motivos empleados son de nulo derecho", ha apostillado para señalar que, según el criterio que expondrán en su recurso, el Consistorio solo puede rechazar la aprobación definitiva del plan si se aducen razones de interés general cuando el Consistorio, en su opinión, ha aducido "motivos formales menores".
El presidente de DCN señala que los cerca de 300 particulares que son propietarios de terrenos en la zona están legitimados para recurrir el rechazo a la aprobación definitiva de su plan y que si se dirigen a la sociedad para buscar asesoramiento, se lo facilitarán. "Si los tribunales condenan al Ayuntamiento, no van a condenar a un partido político sino a la institución y lo van a pagar todos los madrileños", ha asegurado.
A su vez, Béjar ha afirmado que el "bloqueo" del ayuntamiento al desarrollo de la Operación Chamartín, al rechazar su plan y presentar Madrid Puerta Norte, es un "perjuicio" para los madrileños. La alternativa municipal, según expone, "no es viable y no se puede llevar a la práctica".
"Madrid Puerta Norte -el proyecto alternativo del Consistorio- es un planteamiento pensado para expulsar a la iniciativa privada, para que se haga desde lo público, para que las administraciones públicas se conviertan en promotores inmobiliarios con el dinero de los contribuyentes. ¿Qué vamos a decir de esto?", ha subrayado el presidente de DCN.
En este sentido, asevera que el PGOU, que es la "ley" en materia urbanística, establece que este plan tiene que hacerse por iniciativa privada. Por tanto, recalca que Madrid Puerta Norte no cumple el plan, es un proyecto "malo" para los madrileños y "obliga" a que se gaste con los impuestos de los ciudadanos cuando, con DCN, sería la iniciativa privada quien asumiría la operación.
Béjar también señala que los vecinos de la zona hablan de "indignación total"ante esta situación de bloqueo y que se tiene que distinguir entre los vecinos de "a pie" de algunas organizaciones "politizadas". Apunta a que, según un sondeo realizado, el 80 por ciento de los madrileños están de acuerdo con su proyecto y que se ha abierto una oficina de información para explicar las características del plan que impulsa DCN.
Señala que los expertos alertan de la "falta de viviendas y de oficinas" en la capital por el ciclo "alcista" que se empieza a vivir en materia económica. En consecuencia, avisa de que si no se construyen viviendas, subirá los precios de los inmuebles y los "más perjudicados" serán las personas con menos recursos. "Por eso nunca hemos tenido miedo a acometer este proyecto porquetenemos la certeza de que vamos a tener demanda. Madrid no construye ni el 10 por ciento de lo que necesita y necesita más obra nueva. Madrid va a seguir creciendo a pesar de que alguien le quiera negar sus posibilidades de desarrollo", ha apostillado el presidente de DCN.
A su juicio, el Ayuntamiento conoce esta situación y es "hora de que lo acepte", recalcando que el ayuntamiento ha aprobado el desarrollo de Los Berrocales y que en el norte de Madrid "también hace falta vivienda". Béjar expone que DCN es, por la relevancia para Madrid, el caso "más conocido e importante" desde el punto de vista negativo.