OBJETIVOS

Los objetivos son tres: por un lado, la simplificación (reducir cargas y trámites cuando son excesivos e innecesarios) y clarificación de los procedimientos de las distintas administraciones públicas y sus relaciones.

En segundo lugar, la racionalización mediante una reordenación de las reglas y de los instrumentos de intervención sobre el suelo, evitando duplicidades e incoherencias, elimnando la dispersión normativa y actuando sobre los excesos regulatorios.

Y, en tercer lugar, la imprescindible actualización de la normativa que regula la protección, la ordenación y el uso del suelo de las islas, para que responda a necesidades actuales, como, por ejemplo, la renovación de la ciudad consolidada.

El texto legal, sin embargo, establece ya desde el preámbulo que la fragilidad medioambiental del suelo en Canarias impone que esa labor de simplificación y racionalización sea prudente y ponderada y, en ningún caso, una "vuelta atrás sobre decisiones que por su trascendencia y consolidación en nuestra cultura territorial bien pueden calificarse de estructurales". O sea, las decisiones referidas, entre otros, a espacios naturales protegidos, a los incluidos en la Red Natura 2000, o a la prohibición de clasificar nuevo suelo con destino turístico: esas determinaciones "estructurales" permanecen intangibles e incorporadas al texto.

EQUILIBRIO ENTRE DESARROLLO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Así, la vocación de la nueva ley del Suelo es la de englobar todas las reglas fundamentales de la ordenación del suelo y hacerlo de modo sistemático y congruente. La reforma, por tanto, es completa y se proyecta sobre la regulación de la propiedad urbana, la ordenación por planes, los modos de ejecución, las técnicas de intervención pública sobre los usos del suelo y la disciplina territorial y urbanística.

Además, la nueva Ley del Suelo se fundamenta en el principio de desarrollo sostenible, que persigue un punto de equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico. En este sentido, se incorporan y destacan el paisaje, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la igualdad de género, que pueden calificarse de criterios universales. Pero, al mismo tiempo, esta Ley recoge como parámetro de sostenibilidad la necesidad de acomodar la ordenación y la intervención a los modos particulares de ocupación y uso del territorio que se dan en las islas, de forma que la regulación se acerque a la realidad insular.

COMPARECENCIA

El viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán, indicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, que el proyecto prevé que este órgano colegiado del Gobierno de Canarias realice este informe "lo pida o no el ayuntamiento o el cabildo".

Barragán añadió que el texto, atendiendo a las observaciones del Consejo Consultivo, establece que cuando la Comunidad Autónoma detecte alguna ilegalidad la pondrá en conocimiento del Cabildo o el ayuntamiento.

El viceconsejero detalló que el control de legalidad la lleva a cabo el Estado previamente y la Comunidad Autónoma posteriormente, mientras que el informe de legalidad lo puede emitir cualquier ayuntamiento o cabildo.

Barragán afirmó que seguirá existiendo un órgano colegiado en la Comunidad Autónoma -que "puede" que se siga llamando Cotmac-, que emitirá un informe preceptivo y vinculante único que se remitirá a las corporaciones municipales e insulares.

En este informe se recogerían todas las competencias de la Comunidad Autónoma, precisó Barragán, quien destacó que se han añadido "prácticamente todas" las observaciones de legalidad sugeridas por el Consejo Consultivo.

Conforme al acuerdo de gobernabilidad suscrito con el PSOE, el viceconsejero precisó que los grupos parlamentarios socialista y nacionalista están obligados a consensuar las posibles enmiendas a todos los proyectos de ley, incluido el del Suelo.

Además, hizo hincapié en que este es un paso más del procedimiento y que no se debe de dar la impresión de que la aprobación del proyecto de ley ha finalizado ya. "Ahora es cuando se abre realmente el debate", aseveró el viceconsejero, quien recordó que incluso las leyes aprobadas por unanimidad en el Consejo de Gobierno han sufrido modificaciones en el debate parlamentario.

Según Barragán, no es necesario reunir una mesa de seguimiento del pacto por la ley del suelo, sobre todo, resaltó, porque ha sido aprobado por ambas fuerzas políticos y se han modificado "muchas cosas" por sugerencia del PSOE.

El proyecto de ley también prevé que si hay alguna corporación local que requiriera algún informe de legalidad lo puede solicitar al Ejecutivo.

En este sentido, José Miguel Barragán comentó que el Gobierno analizará los actos llevados a cabo por las administraciones locales y si considera que hay alguna observación de ilegalidad, la podrá en conocimiento del servicio jurídico de la Comunidad Autónoma.

El texto incluye una reforma completa sobre la propiedad urbana, la ordenación por planes y la regulación de la intervención pública sobre los usos del suelo.

Barragán defendió, frente a las críticas recibidas, el "ejemplo de diálogo y transparencia" que, a su juicio, representa esta ley.

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, argumenta que los consejeros socialistas han respaldado el proyecto de Ley del Suelo porque han "conseguido incorporar al documento las mejoras más demandadas". En un comunicado, la también consejera de Empleo y Políticas Sociales recordó que en el Parlamento regional se podrá "establecer un diálogo abierto con los grupos parlamentarios para perfilar aquellos aspectos que lo requieran con la intención de debatir y, en su caso, mejorar el proyecto de ley con sus aportaciones". "Ni el PSOE ni CC estamos aprobando definitivamente la ley, estamos tramitándola. Este es un paso más en el camino del consenso y dialogo que nos hemos marcado en la agenda", puntualizó. A juicio de la vicepresidenta, "del texto original al que hoy -por ayer- se tramita hay cambios sustanciales que avanzan en la seguridad jurídica y en la protección del territorio y habrá más cambios en esa línea en el Parlamento". Hernández destacó que "esta no es una ley para que quien quiera haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera y donde quiera; todo lo contrario. Es un proyecto que pretende ser sensible con la gestión del territorio y con preservar sus valores y equilibrar desarrollo y conservación ambiental".

 
ANTECEDENTES

4 de agosto de 2016 
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS AVANZA A PESAR DE LA OPOSICIÓN DE LOS ARQUITECTOS 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Canarias. El Gobierno de Canarias espera aprobar el anteproyecto de la ley del suelo el día 8 de agosto una vez que el Consejo Consultivo ha aprobado su preceptivo dictamen sobre el proyecto de la ley del suelo, y lo hizo, además, por unanimidad. El Gobierno lo aprobará como proyecto de ley definitivamente el lunes para remitirlo de inmediato al Parlamento que, aunque de vacaciones, lo recibirá a través del registro y será ya en septiembre cuando iniciará su andadura parlamentaria. La ley del suelo llega al Parlamento con el informe del Consultivo pero no el del Consejo Económico y Social (CES) que por falta del quórum adecuado no ha realizado su dictamen sobre la norma. Una vez que el texto entre en la Cámara la intención del Ejecutivo es acelerar los trámites para que pueda aprobarse a final de año, si bien tanto los grupos de la oposición no quieren prisas a la hora de estudiar y debatir las enmiendas al articulado de la nueva norma. 
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LOS ARQUITECTOS EN CONTRA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL SUELO DE CANARIAS
El Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias ha emitido un informe señalando las carencias de una ley que ven imprecisa, injusta y confusa
Los arquitectos lamentan la ausencia de participación ciudadana durante los procesos de redacción de documentos y la falta de un trabajo previo que abordar la planificación urbana y territorial
En el informe se reconocen mejoras con respecto a la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, aprobada por el anterior Gobierno de Paulino Rivero, y creen que la ley de Clavijo supone "un avance al impulsar la simplificación, clarificación y sistematización del complicado marco legal vigente".
Señalan que el procedimiento no ha sido adecuado ya que le falta un trabajo previo "que abordara en toda su amplitud los múltiples aspectos de la planificación urbana y territorial que se han de tener en cuenta hoy en día; y lo que se pretende como diagnóstico en el Preámbulo del texto legal propuesto, resulta ser excesivamente simple y banal, atendiendo aspectos básicamente instrumentales o coyunturales". Así, apuntan que la solución al problema de la paralización de la planificación urbanística "es de naturaleza compleja y de profundas raíces en sus causas" por lo que se requiere de un marco coordinado de soluciones.
Entiende la Ley como la renuncia a la recuperación de la ciencia urbanística como disciplina, en el que el derecho urbanístico aparece como un fin en sí mismo, y en consecuencia olvidando que no es más que un instrumento más de los muchos que se han de utilizar. "El nuevo texto del Proyecto hace explícita la necesidad del “reconocimiento de la realidad” como uno de sus fundamentos; carece de un objetivo fundamental para el urbanismo: definir con claridad hacia dónde queremos ir en nuestra Comunidad desde el punto de vista de la ordenación de los recursos territoriales con los que contamos, y el de los usos que se han de implantar sobre él. Sin embargo el Proyecto propuesto supone un importante cambio de modelo en el modo de entender la armonización territorial a nivel regional de Canarias, apostando por instrumentos descentralizadores que renuncian a la imprescindible visión regional".
Critican que el Proyecto de Ley sea impreciso en el uso y significado de términos "de especial relevancia" como Sistema General, Equipamiento, Dotación, Suelo Urbano, Ámbito, Sector.... "En similar sentido es excesiva la utilización de conceptos jurídicos indeterminados, sin duda fuente de litigios en los tribunales y origen de muchas confusiones de carácter conceptual", ratifican.
Agregan que el Proyecto es de carácter " excesivamente reglamentista y desequilibrado, remitiéndose a su vez a gran número de desarrollos legislativos sectoriales, en la mayoría de los casos sin criterios claros, renunciando a establecer los necesarios puentes entre la Ordenación Territorial y Urbanística y las Leyes Sectoriales".
Los arquitectos defienden la labor de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (COTMAC) ya que con su supresión no se conseguirá agilizar plazos. "En realidad el cuestionamiento de este importante instrumento técnico y político a la hora de establecer criterios tiene su origen en un incorrecto diagnóstico de la situación actual, confundiendo los medios con los fines. Lo que el Proyecto hace en realidad es trasladar el problema a otra escala y aumentar aún más si cabe las posibilidades de generar disfunciones y conflictos, sobre todo de naturaleza política y judicial". De hecho opinan que el nuevo Proyecto "parece campo abonado para ejercer una amplia discrecionalidad política, con la posibilidad de encajar proyectos no previstos en el planeamiento si se declaran de interés insular o autonómico, sin quedar explícita la definición y requisitos del “Interés General” que los justifique dentro de un Modelo integrado, a medio o largo plazo".
Aparte, señalan que no estamos ante una Ley "equitativa ni tampoco justa" porque se valora el derecho del propietario de suelo rústico de protección ambiental a ser compensado: principio de “compensar por conservar”. "Esta compensación se carga en exclusiva a los propietarios del suelo urbanizable ordenado y del suelo urbano no consolidado, además del incluido en actuaciones de dotación, y por tanto no se distribuye por igual entre todos los beneficiarios", entienden desde el COiAC. En cuanto al reforzamiento de los núcleos rurales como elementos articulador del territorio, indican que se debió proponer una mera labor de reconocimiento de lo existente, desincentivando mayores crecimientos excepto para colmatar lo realmente posible. "Estos nuevos desarrollos inducidos por las nuevas delimitaciones de núcleos rurales será de consecuencias negativas imprevisibles desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, social, económica y administrativa y desde luego contradiciendo los principios compartidos en la cultura urbanística actual de procurar mayor compacidad edificatoria, complejidad de usos y cohesión social".
En cuanto a la  rehabilitación, regeneración y renovación de los tejidos urbanos, estiman que estas deben marcarse como objetivos la descongestión de las áreas urbanas con exceso de densidad edificatoria, el establecimiento de nuevas vías destinadas a mejorar el sistema de accesibilidad, la aportación de nuevas dotaciones urbanísticas, espacios libres y equipamientos, la mejora de las infraestructuras y los elementos constructivos del espacio público e incrementar la calidad de la ciudad consolidada mediante la revisión de sus elementos estéticos y de ornato.
Respecto al suelo urbanizable, en general califican la propuesta de adecuada, pero ven injustificado que los estándares urbanísticos se mantengan inalterados, sobre todo teniendo en cuenta que este punto es uno de los asuntos que plantea innumerables problemas de aplicación práctica. "Se transmiten los mismos planteamientos e indicadores de revisión sin ni siquiera realizar un diagnóstico sobre sus efectos, y menos aún de justificación de los parámetros utilizados, que como mínimo deberían ser diferentes en función de las características, necesidades y posibilidades reales de desarrollo de los ámbitos de aplicación". Por ello recomiendan "su revisión en profundidad".
Critican el uso de cuestiones como el Paisaje porque ven que el Anteproyecto de Ley lo trata en realidad "de un mero  enunciado sin contenido, sin definición concreta y excesivamente condicionado por la utilización de conceptos subjetivos de difícil interpretación necesariamente discrecional y aún más complicada aplicación operativa".
Mientras, sobre el hecho de que los ayuntamientos sean los que tramiten y aprueben definitivamente los diferentes PGO, ven este punto polémico por los posibles problemas que plantean los distintos escenarios posibles, en función de las características de cada consistorio, su capacidad real de gestión y de toma de decisiones técnicas. Por ello abogan porque se plantee este asunto de otro modo "definiendo con mayor claridad y rigor las competencias administrativas que intervienen en cada plan". Para ello opinan que habría que redefinir con claridad el alcance y competencias de la COTMAC, las características de sus informes o la coherencia en los criterios de interpretación de los evaluadores.
Sobre el Catálogo de Impactos, que tiene como objeto determinar aquellas huellas paisajísticas o impactos que deben corregirse con cargo al erario público, el COiAC asegura que esto generará una derivada económica "que sin duda supondrá una carga excesiva para las administraciones que tengan que asumirla, empezando por el coste que pueda tener la formulación misma de los propios Catálogos de Impacto".
Otra de las carencias que le ven al proyecto es el desarrollo de contenidos urbanísticos sobre aspectos territoriales y urbanos relacionados con el Patrimonio Histórico, Cultural y del Paisaje. "En el articulado persisten conceptos jurídicos indeterminados que las leyes sectoriales correspondientes no solo no aclaran sino que añaden serios problemas de interpretación discrecional y de competencias, especialmente en lo que se refiere a las características morfotipológicas y constructivas del patrimonio edificado", evidencian.
También lamentan que el Proyecto excluya "conscientemente" cualquier referencia a la actividad turística, "a pesar de la importancia que sus efectos inducidos tiene sobre el territorio en general, y sobre los suelos urbanos o urbanizables en particular", y ante esto sugieren que en los casos de particular importancia sectorial, como es en este caso, se establezcan unas condiciones básicas de aplicación desde el punto de vista del territorio, o del suelo en los términos de esta ley.
Critican la ausencia de participación ciudadana, "en especial durante los procesos de redacción de documentos", algo que tildan de "llamativo". Y es que añaden que los canarios en realidad "desconocen los motivos que han llevado al Ejecutivo a querer modificar la actual ley con tanta urgencia, más allá del consabido mantra de la “complejidad” (más bien complicación) y excesivos plazos de tramitación del planeamiento, además de aludir a la existencia de una “maraña” legislativa. Desconocimiento que se acentúa si tenemos en cuenta que no se ha realizado un auténtico diagnóstico sobre el origen de tales disfunciones, más allá de lo expuesto sintéticamente en el Preámbulo, que a veces confunde consecuencias como si fuera la causa de los problemas".
Por último, subrayan que es necesario que desde el Proyecto se habiliten los recursos humanos y económicos suficientes para la gestión del urbanismo y la ordenación del territorio, en función de las características propias de cada administración actuante, de modo que quede garantizada la suficiencia económica necesaria para formular y gestionar su planeamiento de forma objetiva y no discrecional, introduciendo en el texto propuesto una Ficha Económica que lo haga viable y creíble.